Lanbide manda a la papelera todas las alegaciones al modelo diseñado por el PNV
El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan Mari Aburto, apura los últimos meses de su mandato con prisas en materias en las que, por un motivo u otro, ha dejado pasar el tiempo durante los dos primeros años de legislatura. Junto al inicio de una Mesa de Diálogo Social coja -por la falta de participación de la mayoritaria ELA y LAB-, Aburto pretende dejar encarrilado otro conflicto que lleva arrastrando su Departamento y la viceconsejería de Función Pública, desde el minuto cero de esta legislatura: la organización interna de Lanbide, un organismo autónomo desde finales de 2011 que ha fracasaso en su labor de intermediación laboral para las personas desempleadas y que no ha podido desatascar la “herencia” recibida en relación a la RGI y las 10.000 cartas acumuladas en diciembre de 2014 para las devoluciones a perceptores de RGI por cantidades cobradas indebidamente por fallos de la Administración.
El último Consejo de Gobierno de 2014 dio luz verde a una Relación de Puestos de Trabajo que reorganiza el trabajo de parte de la plantilila que trabaja en Lanbide, algo que llega con un retraso de cuatro años, dado que el Ejecutivo anterior tampoco fue capaz de sacarla adelante. El Parlamento exigió al Ejecutivo la realización de la RPT en un plazo de 3 meses, algo que Aburto no ha tenido capacidad de realizar en más de 2 años. El Gabinete de Urkullu ha mantenido múltiples reuniones -lo mandata la ley- para obtener el respaldo a su plan de los sindicatos -ELA (10 delegados) y UGT (9) son las centrales mayoritarias, seguidas por CC OO (con ocho representantes)-. No lo ha logrado.
El consejero Aburto ha tenido que reconocer que la reordenación se ha aprobado sin el concurso de los sindicatos, que han cargado contra una medida de consideran “electoralista”, “pruducirá una bajada de salarios en colectivos como auxiliares y administrativos, que pierden dos niveles cada uno” y que “no da salida a ninguno de los problemas que arrastra Lanbide”, en palabras de UGT. Una reorganización que para ELA deja un modelo en el que “el servicio se resentirá de modo inevitable” y a la que hay que contestar. La central mayoritaria ya ha planteado “retomar la movilización del modo más intenso que sea posible”.
Lo que no ha contado Aburto o el director de Lanbide, Adolfo Fernandez Alustiza, es lo que reconoce el director de Servicios Generales, Javier Carlos de Bergara Etxezarreta, en una carta remitida al director de Función Pública, Juan María Barasorda, en la que se precisa que únicamente se ha aceptado una del total de alegaciones individuales presentada a la RPT (525, según precisan fuentes sindicales. En la carta remitida el pasado 11 de diciembre, unas semanas antes de que se aprobara el plan de Lanbide, a la que ha tenido acceso el diarionorte.es, De Bergara explica a Función Pública que “en relación a la RPT Lanbide 918, analizadas las afecciones directas que se deducen de las alegaciones a las notificaciones efectuadas en relación a la adscripción al proyecto RPT, te comunico que únicamente la afección directa por aceptación de alegaciones es la siguiente: eliminacionn de una plaza en la Oficina Local de Durango-Iurreta de la categoría de Administrativo General para crear otra plaza de Administrativa a extinguir en la misma oficina”.
Ni tampoco se ha puesto la lupa sobre el tipo de contratos que tiene Lanbide: de los 862 trabajadores, más del 50% está en una situación de interinidad o temporalidad, en concreto, 432 (212 son funcionarios interinos y otros 220 temporales), “Y de los temporales un centenar están en situación de fraude de ley, según una sentencia judicial”, se recuerda desde UGT.
Talón de Aquiles de Lanbide
La reordenación inicialmente afecta a en una primera fase a 180 puestos de las 918 plazas con las que contará al final Lanbide (ahora tiene 862) y define una “nueva estructura” que incluye, entre otras novedades, la creación de la Unidad de Control Interno (formada por 18 personas) que controlará el fraude, velará por la correcta tramitación de los expedientes administrativos, además de controlar las reclamaciones y los casos de pagos incorrectos. En esta última materia las bandejas están llenas porque, a finales de año, Lanbide tenía 10.000 cartas pendientes por pagos indebidos a perceptores de RGI por un valor superior a un millón de euros, según ha admitido Aburto.
El nuevo modelo quiere poner “en valor la intermediación frente a la gestión”, según se admite en el documento aprobado. “Todos sabemos que el talón de Aquiles de los servicios públicos de Empleo de nuestro entorno, y de Lanbide, es su relación con las empresas. O mejor dicho, su escaso éxito en su relación con las empresas”. “No se ha acertado coin una cartera de servicios a las empresas que sea atractiva y, sobre todo, eficiente”, se admite en el Plan de Reorganización diseñado por Lanbide.
Este fracaso en la intermediación laboral -nunca negado desde el departamento que dirige Aburto- se ve también en que “Lanbide no cuenta con la confianza de las empresas de que pueda intermediar eficientemente a pesar de la alta cualificación y bien hacer de sus trabajadores”, se apunta en el texto elaborado por los responsables de Lanbide como cobertura a la RPT y que definen el modelo del PNV para este servicio que solo en RGI ha dado cobertura a más de 65.000 perceptores. En 2008 eran 39.715 lo que da una pista clara de la incidencia de la crisis en Euskadi.
