La Ley de Vivienda se hace esperar
Pasan los meses y en el Parlamento no hay noticias sobre la proposición de ley de Vivienda que tomó en consideración el pasado mes de junio. Seis meses después ni siquiera se conocen las enmiendas que van a presentar los grupos. PNV y PP han solicitado varias ampliaciones de plazo para presentar sus enmiendas, alargando así todo el proceso. Lo cierto es que la proposición de ley no gusta ni a los peneuvistas ni a los populares y prueba de ello es que ambos partidos rechazaron la toma en consideración por parte de la Cámara de Vitoria. Solo la suma de los votos de PSE, Bildu y UPyD permitieron sacar adelante la propuesta, con lo que el escenario de debate prsenta dos bloques claramente diferenciados.
El parlamentario del PSE, Bixen Itxaso, es el autor del propuesta. Itxaso reclama al PNV que exponga “de una vez su política de vivienda y deje de dilatar la aprobación de una ley porque por mucho que lo intente, se ha demostrado que hay una voluntad mayoritaria de este Parlamento para regular este derecho y un deseo de los ciudadanos de que abordemos esta cuestión”. El parlamentario admite que se trata de una ley compleja técnicamente y que hay una intensa actividad en la Cámara. “Por eso entendemos que todos los grupos hayan pedido una ampliación del plazo, pero se entiende menos que el grupo con más parlamentarios y que cuenta además con el apoyo técnico del Departamento competente haya pedido por segunda vez más tiempo”, critica.
Para el representante socialista, esta táctica dilatoria solo se explica por el hecho de que “durante 30 años previos gobernando, el PNV jamás quiso hacer uso de sus competencias para regular la vivienda, dejando a Euskadi como única comunidad sin la ley correspondiente”. Y cuando gobernaban los socialistas “se trajo una ley que el grupo del PNV bloqueó por todos los medios a su alcance para impedir que se aprobara en esa legislatura”.
Canon para la vivienda vacía
Canon para la vivienda vacíaPor eso, la proposición de ley presentada es un calco del proyecto de ley que en su momento se quedó en el cajón. En primer lugar, convierte el derecho de la ciudadanía a disfrutar de una vivienda digna y adecuada en “un auténtico ”derecho subjetivo exigible ante los tribunales“.
La iniciativa regula, entre otros aspectos, el derecho de acceso a la vivienda y la definición de su función social, la regulación de los pisos deshabitados. En la propuesta, el PSE recoge que los ayuntamientos podrán imponer un canon anual de 10€ por cada metro cuadrado útil a aquella vivienda que permanezca desocupada durante un tiempo superior a dos años sin causa justificada. Y se podrá imponer su alquiler forzoso si la vivienda está ubicada en un ámbito donde exista necesidad de vivienda y se mantiene desocupada transcurrido un año desde su declaración.
Las encuestas ciudadanas reflejan que un 73% de los ciudadanos quiere un canon para las viviendas vacías, un 87% cree que las casas deshabitadas deben orientarse al alquiler protegido y el 92% reclama más ayudas de fomento de alquiler de las viviendas vacías. Y todo ello en un contexto en el que existen en Euskadi 116.300 pisos vacíos, el 11,4% del parque inmobiliario residencial.
Por otra parte, contempla la expropiación forzosa del uso temporal de viviendas que estén incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria. El artículo 73 de la ley dice textualmente:
“Se considera que concurre causa de interés social que legitima la expropiación forzosa del uso temporal de viviendas, el proporcionar cobertura a la situación de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria. En estos casos, podrá expropiarse el uso de la vivienda objeto del mismo por un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional competente, en el caso de viviendas incursas en procedimientos de desahucio instado por entidades financieras, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, en los cuales resulte adjudicatario del remate una entidad financiera, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos y todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica estatal”
Itxaso destaca la coincidencia en las “pegas” argumentadas por el Gobierno vasco para oponerse al proyecto socialista con las que ha remitido el Gobierno central. “Ya conocemos la opinión del PP al respecto y cómo ha acudido al Constitucional para paralizar medidas impulsadas en otras comunidades, sin que el alto tribunal se haya pronunciado todavía. Lo que nosotros planteamos es trabajarlo con la máxima seguridad jurídica y al amparo de las competencias. Sólo esperamos ya el momento en el que el PNV quiera completar el Estatuto en esta materia”, recalca.
