El exdirector financiero de Eroski declarará ante el juez por las aportaciones subordinadas
El conflicto judicial abierto por la comercialización de las aportaciones financieras subordinadas de Eroski y Fagor Electrodomésticos da un nuevo giro. El juzgado de Primera Instancia número 10 de Bilbao ha llamado a declarar en un juicio al que fuera director financiero de Eroski cuando se realizó la emisión de las aportaciones financieras subordinadas (AFS), en junio de 2007. Juan Antonio Kortazar Igarza tendrá que prestar declaración en lo que constituye la primera vez que esto ocurre en una demanda individual contra la comercialización de las AFS. Se trata de un nuevo flanco que intenta abrir la defensa de los afectados y con el que, básicamente, tratará de acreditar que la situación financiera de Eroski no era la que realmente se publicitaba.
La defensa de los demandantes, que corre a cargo del despacho de abogados Torres-Amann, intentará demostrar que la entonces Caja Laboral (y también otras entidades financieras) le venían denegando créditos a Eroski y aconsejando financiarse por medio de AFS, sin recurrir al crédito bancario. Los afectados creen que en el momento en que adquirieron las aportaciones “se venía ocultando por la Caja Laboral la verdadera situación financiera de Eroski”.
Según la defensa de los afectados, estos alegan su nula experiencia inversora, salvo libretas de ahorro y algunas acciones del IBEX como ahorro por los dividendos. “Se trata”, explica el abogado defensor, “de un matrimonio de jubilados a los que la Caja Laboral les invirtió sus ahorros en aportaciones de Eroski ya que era un producto seguro, garantizado, líquido en 48 horas y ofrecía una rentabilidad interesante, sin decirles las verdaderas características del producto. Por eso, reclaman la nulidad de las órdenes de compra y la consiguiente devolución de sus ahorros”.
Hace unos meses, los demandantes tomaron conciencia de que el producto suscrito en su día era en realidad “uno muy complejo, de deuda perpetua y absolutamente alejado de lo que se les informó en la sucursal de La Casilla donde firmaron las órdenes de compra. Por este motivo decidieron iniciar la reclamación judicial una vez que comprobaron que no había posibilidad de un acuerdo amistoso”.
