Macrojuicio del 'caso De Miguel': 100.000 euros en preparativos y 12 bloques para facilitar las sesiones
Desde que en septiembre se inició el juicio mercantil de Hiriko hasta ahora la sala de vistas 1 de la Audiencia Provincial de Álava ha sufrido una transformación. Tras una inversión de 100.000 euros, el pasado jueves se estrenó la nueva decoración, con nueva iluminación, con pantallas para la exhibición de documentos, con sistema de retransmisión en directo y, sobre todo, con espacio para hasta 26 imputados y sus letrados y procuradores. (Casi) Todo parece preparado en el Palacio de Justicia de Vitoria para el arranque, el 8 de enero, del macrojuicio por el mayor caso de corrupción investigado hasta la fecha en el País Vasco, el 'caso De Miguel' que toma su nombre del que fuera 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, acusado de 21 delitos (y expuesto a 54 años de cárcel) por haber liderado, a ojos de la Fiscalía, una trama para obtener financiación irregular y comisiones ilegales.
La vista oral, en principio, tendrá más de 100 sesiones de lunes a miércoles, en jornadas solo de mañana, hasta que quede visto para sentencia, si no hay sorpresas, el 25 de octubre. El 8 de enero todas las partes se reunirán para la presentación de las denominadas cuestiones previas -nulidad de pruebas, posible recusación de jueces, calendario y metodología de trabajo, etc.- y la previsión es que las 150 declaraciones de acusados, testigos y peritos se inicien el 19 de febrero y ya de manera ininterrumpida hasta octubre con pequeños parones en Semana Santa y en las vacaciones de verano.
La presidenta de la Audiencia Provincial, Mercedes Guerrero, ha hecho de anfitriona de los periodistas en una primera toma de contacto para preparar la logística del macrojuicio, en el que por primera vez se ha habilitado una sala de trabajo para los medios de comunicación. Las autoridades judiciales también han mantenido otras reuniones de trabajo con los abogados defensores de los imputados.
El tribunal estará presidido por el juez Jaime Tapia, aunque la ponente y redactora de la sentencia será la magistrada Elena Cabero. Completa la terna de jueces Raúl Aztiria. En cuanto a las acusaciones, el fiscal Josu Izaguirre -que inició la causa en diciembre de 2009- liderará un equipo en el que estará asistido por tres colegas. A su lado se sentará la Diputación de Bizkaia, que ha respaldado las actuaciones del ministerio público en lo tocante a los posibles delitos fiscales de las empresas de la trama domiciliadas en ese territorio. El Gobierno vasco y la Diputación de Álava, mucho más afectadas por los hechos investigados, estarán en un segundo plano durante el juicio.
En principio, siguiendo el esquema del escrito de acusación de la Fiscalía, el juicio se ha dividido en doce bloques temáticos que se corresponden con las distintas operaciones investigadas. De esta manera, se facilitará la convocatoria ordenada de los testigos y la preparación de las sesiones. Si alguno tiene relación con varias de las ramas del 'caso De Miguel', tendrá que comparecer en más de una ocasión. Podría ser el caso de la denunciante de la trama, Ainhoa Alberdi, cuyo testimonio será uno de los más esperados.
No obstante, los imputados declararán en una sola ocasión, aunque preguntados por todas las operaciones en las que estén acusados. Otra de las cuestiones previas que se tendrán que resolver por parte del tribunal es si éstos declararán en el arranque o al final del procedimiento. Sí se autorizará a que queden eximidos de acudir todos los días a las sesiones debido a la duración del procedimiento.
Las doce ramas del 'caso De Miguel'
- Miñano, el origen. Ainhoa Alberdi denuncia que Alfredo de Miguel y otro exdirigente del PNV alavés, Aitor Tellería, la extorsionaron para exigirle el pago de una comisión de 100.000 euros luego de que su empresa, Urbanorma Consulting, resultase adjudicataria del contrato de ampliación del parque tecnológico de Miñano.
- Stoa. Otro contrato de Miñano presuntamente amañado para favorecer al entorno de empresas de De Miguel, en este caso al estudio de arquitectura de su amigo Sergio Fernández Oleaga.
- Contratos 'a dedo' desde Juventud. Las empresas de De Miguel, principalmente Errexal, recibieron más de una decena de contratos 'a dedo' desde la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, dirigida por el 'jeltzale' Xabier Sánchez Robles. No consta que se realizaran.
- Contratos con las cuadrillas. Errexal nace, precisamente, cuando Juventud ofrece una subvención a las cuadrillas de Álava para que elaboren sus planes juveniles. En unos pocos días, esa subvención se canaliza y todas las cuadrillas contratan a la empresa recién creada y sin experiencia, que se lleva 90.000 euros.
- Contratos 'a dedo' desde la Diputación. De Miguel, siendo diputado en Álava, realizó contrataciones 'a dedo' desde el Ejecutivo foral que beneficiaron a las empresas que él controlaba, aunque estaban a nombre de testaferros.
- La casa de Gorliz pagada por un empresario. El constructor Prudencio Hierro -para el cual se habían manipulado concursos públicos- corrió a cargo de una reforma en la casa de la familia de la esposa de De Miguel en Gorliz (Bizkaia). La Fiscalía sostiene que esos 45.000 euros fueron una comisión.
- Comisiones del 4%. Un informe de la Ertzaintza en 2011 puso de manifiesto cómo la trama de De Miguel recaudó una cantidad equivalente al 4% de dos contratos adjudicados a un empresario afín en instituciones locales de Álava gobernadas por el PNV.
- Recalificación de Zambrana (I). En 2005, se planteó en Zambrana una recalificación de 120 hectáreas para instalar un polígono industrial. La entonces alcaldesa, María Justina Angulo, contactó con De Miguel y éste situó a su amigo Iosu Arruti como intermediario.
- Recalificación de Zambrana (II). Arruti 'fichó' como inversores a los catalanes de Construcciones Riera. Estimaban el 'pelotazo' en 65 millones y abonaron miles y miles de euros a De Miguel y Arruti por supuestos trabajos de asesoría.
- Recalificación en Fruniz (Bizkaia). Muchos de los imputados adquirieron en parte con fondos abonados por empresarios (presuntas comisiones) un solar rústico en Fruniz en el que De Miguel tenía expectativas de recalificación.
- Delitos fiscales. La Fiscalía y la Diputación de Bizkaia sostienen que Sidepur, la empresa que utilizó Arruti para operar en Zambrana, cometió varias irregularidades ante el fisco.
- Asociación ilícita. Según el ministerio fiscal, el hilo conductor de todas las operaciones es la existencia de una trama encabezada por De Miguel. El expolítico se enfrenta a una posible pena de 54 años de cárcel, 15 de cumplimiento efectivo.
