Maroto, Alonso y el 'peor contrato de la historia' de Vitoria
El vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, y el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, están ante su 'hora de la verdad' en el conocido como 'caso San Antonio'. El Tribunal de Cuentas del Estado comienza a juzgarles por el presunto “perjuicio” causado a las arcas públicas del Ayuntamiento de Vitoria al firmar, durante su etapa al frente del Consistorio un contrato con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado. Ese contrato ya es conocido en Vitoria como el “peor” que ha sucrito el Ayuntamiento en su historia. Ni el ministro ni Maroto tendrán que testificar directamente ante la jueza.
En esta vista, que se celebrará a las once de la mañana en la sede del Tribunal de Cuentas, en Madrid, se tratarán de determinar las responsabilidades derivadas de la firma de un contrato firmado en 2007, con Alonso como alcalde y Maroto como concejal de Hacienda de Vitoria, con el empresario Gonzalo Antón. En su investigación, el órgano fiscalizador ha advertido una posible irregularidad contable por el elevado precio del alquiler y ha considerado que la cláusula penal en caso de rescisión incluida por valor de seis millones de euros, supone “un menoscabo de los caudales públicos”.
El contrato obligaba al Consistorio de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de 20 años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros. El alquiler se estableció en 12.500 euros más IVA mensuales, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000 euros. Además, el contrato incluía diversas condiciones potencialmente negativas para las arcas municipales, entre ellas, una cláusula que establecía que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de veinte años, debería abonar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final.Todas estas condiciones exigidas por el arrendatario convirtieron la firma en una auténtica sangría económica para el Ayuntamiento de la que no puede librarse en años si no es previo pago de esa cuantiosa penalización. Antes estas evidencias nadie duda ya en considerar la jugada como “pésima” para el Ayuntamiento y redonda para el empresario. Según las estimaciones manejadas por la oposición, el Ayuntamiento paga por el alquiler casi el doble del precio que abonó su propietario por su compra. El propietario del inmueble desembolsó 2,7 millones de euros por la adquisición del local en 2006 y el Ayuntamiento debe pagarle en total por 20 años de arrendamiento casi 6 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas ya ha impuesto una fianza conjunta de medio millón de euros a Alonso, Maroto y al resto de ediles de aquel Gobierno -también investigados en esta causa- por el presunto “perjuicio” causado a las arcas públicas con este contrato.
