Maroto dice que no quiere criminalizar a inmigrantes y que el Gobierno vasco ha “ratificado” sus denuncias de fraude

El alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), ha asegurado ante el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, que no ha querido criminalizar a los inmigrantes ni incitar “a la violencia”, porque él condena “cualquier tipo de acto violento, sea cual sea la motivación”, sino que su intención ha sido denunciar los fraudes en la percepción de las ayudas sociales, como en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). En este sentido, ha recordado que el Gobierno vasco ha situado en más de 20 millones de euros lo defraudado con la RGI y, por tanto, “confirma” sus palabras.

En su declaración ante la Fiscalía por la denuncia interpuesta por Sos Racismo contra Maroto por “incitar al odio” hacia los inmigrantes, Maroto ha asegurado que “nada más lejos de su voluntad” que la idea de “criminalizarles”. “El fraude en las ayudas sociales no distingue de razas ni religiones ni franjas de edad ni género ni número de miembros de la unidad familiar”, ha asegurado.

De esta forma, ha justificado sus palabras del pasado mes de julio cuando afirmó que los magrebíes “viven principalmente de las ayudas sociales, que no tienen ningún interés en trabajar o integrarse”, y que era “escandaloso” el caso de ciudadanos de origen argelino y marroquí que residen en la capital alavesa.

“He tenido la oportunidad de explicar cómo los datos y las afirmaciones que hice en el mes de julio han sido, después, ratificadas por los propios datos del Gobierno vasco en todos los aspectos, en el de los porcentajes de los diferentes colectivos que perciben la RGI, también en la sensación de que la percepción de la RGI contiene fraudes. Hoy el Gobierno vasco ha reconocido que, en una de cada cuatro ayudas revisadas, existen incumplimientos o fraudes”, ha apuntado.

En esta línea, ha indicado que, mientras él comparece ante el Fiscal porque SOS Racismo le ha denunciado “por descubrir el fraude”, el Gobierno vasco “ha hecho público que el dato de fraude es de 20.300.000 euros”. “He acudido a esta declaración por profundo respeto a la Justicia y al propio Fiscal del TSJPV”, ha indicado.

En este sentido, ha precisado que, durante la declaración, que se ha prolongado durante más de una hora, Juan Calparsoro le ha preguntado las razones y los datos que le llevaron a hacer las declaraciones por las que SOS Racismo ha planteado denuncia.

“He tenido la oportunidad de explicar cómo los datos y las afirmaciones que hice en el mes de julio han sido, después ratificadas por los propios datos del Gobierno vasco”, ha indicado, para asegurar que, mientras el presta declaración ante la Fiscalía, “todo el mundo sabe en la calle que a los vascos les cuesta de sus impuestos 20.300.000 euros el fraude y los abusos en la RGI”. “Y eso ya ni lo dice el alcalde de Vitoria, sino que lo dice el Gobierno vasco”, ha reiterado.

Por ello, ha realizado un llamamiento a “todos los demás partidos políticos que se quiten la venda de los ojos, que dejen de decir 'no y punto' cada vez que tratamos de hacer propuestas que permiten y que buscan como objetivo que sigan existiendo la RGI, las ayudas sociales, una sociedad vasca que es solidaria, pero sin abusos y sin fraude, sean quienes sean los que cometen el fraude”.

EMPADRONAMIENTOS “FICTICIOS MASIVOS”

A su juicio, su presencia en sede judicial este jueves supone “el mundo al revés” porque “resulta que la asociación que ha reconocido públicamente empadronamientos ficticios masivos de magrebíes en la ciudad de vitoria en sus propias lonjas, con el único objetivo de que, sin vivir en la ciudad, tuvieran la antigüedad suficiente para cobrar la Renta de Garantía de Ingresos”, es la que le denuncia “por descubrir el fraude en las ayudas sociales”.

“Me parece que también hay que trasladar un mensaje de calma. He explicado al Fiscal que, en ningún momento, he pretendido incitar a nadie a la violencia. Es más, condeno cualquier tipo de acto violento, sea cual sea la motivación de la origine”, ha añadido.

Asimismo, también ha condenado “profundamente” declaraciones como las que hace SOS Racismo “y quienes les secundan” han hecho contra él. “Se ha llegado a decir públicamente que se desea que me corten la cabeza como a una serpiente”, ha apuntado, para calificarlas de “barbaridad”.

El regidor vitoriano ha destacado que “nada más lejos” de su voluntad que criminalizar a todos los inmigrantes porque “el fraude en las ayudas sociales no distingue de razas ni religiones ni franjas de edad ni género ni número de miembros de la unidad familiar”.

“Existen fraudes en las ayudas sociales en muchos ámbitos. Pero, sobre todo, existe una norma que permite el abuso, que permite que haya delincuentes que, por la mañana delinquen, y que, por la tarde, cobran la RGI; una norma que, a diferencia de lo que ocurre en Dinamarca, Suecia o Noruega, permite que haya personas en situación irregular con sueldos vitalicios a través de la RGI de 866 euros”, ha indicado.

Javier Maroto ha apuntado que “todo eso está permitido porque el resto de partidos políticos no desean modificar la norma de la RGI, y quien más responsabilidad tiene, no es quien accede a la RGI de esa manera, sino quienes se obcecan en decir: 'no y punto', como han hecho el señor Andoni Ortuzar (presidente del EBB del PNV) o Juan María Aburto (consejero de Empleo y Asuntos Sociales) a la propuesta de mejorar la normativa de RGI para eliminar las situaciones de abusos que todo el mundo sabe que se producen y que ellos insisten en no modificar”.

A su juicio, “en el caso del fraude, el responsable es el que hace el fraude”, pero, “en el caso de los abusos, como permitir que delincuentes cobren la RGI o que personas en situación irregular accedan a la RGI, los responsables son los que permiten que esa norma siga en vigor”.

“En toda Europa se están modificando los sistemas de prestaciones sociales para hacerlos más solidarios y que lleguen a las personas que lo necesitan”, ha manifestado, para preguntarse por qué no se pueda aplicar en el País Vasco.

Preguntado por si cree que se debe archivar la causa, ha señalado que se trata de algo que deber determinar el Fiscal Superior, y ha asegurado que respetará “profundamente” su decisión, sea cual sea. “Estoy satisfecho por la declaración porque me ha permitido, una vez más, volver a explicar que lo que estoy diciendo, 'ayudas sí, abusos no, sea quien sea el que los comete'”, ha reiterado.

“ABUSOS CONSENTIDOS”

A su juicio, “el color de la piel no hace mejor ni peor a nadie y inmigración no es igual a fraude”. “Pero hay datos objetivos que nos hacen pensar que, con absoluta necesidad, hay que revisar el sistema y la normativa actual, evitando situaciones de abusos que hoy son conocidos y, desgraciadamente, consentidos por el resto de partidos”, ha manifestado.

Javier Maroto ha indicado que “los datos en relación al fraude y los abusos han ido variando en función de que este debate social ha ido presionando al Gobierno vasco que, por fin, ha dicho la verdad y ha ofrecido los datos”.

“Antes del verano, las declaraciones oficiales del Gobierno vasco, en palabras de su consejero el señor Aburto, era que el fraude era irrelevante y los abusos y el fraude no superaban el 1%. Después del verano y después de mis declaraciones, después de presentar una propuesta, las cosas han cambiado hasta el punto de que el mismo consejero ha reconocido que en una de cada cuatro RGIs existen incumplimientos y fraude, y hoy en los medios de comunicación se cifra exclusivamente el apartado de fraude y abusos en 28 millones de euros”, ha dicho.

Según ha asegurado, “hay muchas personas mayores y muchos parados que no tienen ninguna cobertura, muchas personas que, en teoría, tienen los mismos derechos, pero en la práctica no”.