El año que Maroto incendió el sistema de ayudas sociales
“Si hay alguien que plantea que el sistema Renta de Garantía de Ingresos tiene que desmontarse, que lo plantee directamente para que la población sea consciente; si no, me parece un discurso muy peligroso”. Gorka Moreno, director del Observatorio Vasco de Inmigración-Ikuspegi, se refiere así a la polémica desatada por el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, cuando relacionó abusos e irregularidades en la concesión de la RGI con el colectivo magrebí. Maroto lanzó la piedra sobre un estanque de agua remansada y que hasta ese momento no había supuesto motivo de fricción. Pero desde entonces, y ya han pasado siete meses desde la acometida del alcalde, una agria polémica rodea todo lo relacionado con la RGI. Polémica en la incluso han intervenido el Ararteko y el fiscal superior del País Vasco.
La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) es el primer peldaño de un sistema de protección social que se ha ido construyendo en Euskadi desde mediados de los 80, con el primer Gobierno de coalición entre nacionalistas y socialistas. Prácticamente desde su origen se convirtió en una referencia a nivel nacional. Pero hoy es el centro de una agria polémica. La prolongada crisis económica ha hecho mella en ella y Maroto ha atacado por el flanco más débil, acusando a los inmigrantes magrebíes de dedicarse a vivir del sistema a costa del esfuerzo ajeno.
Lo que en principio pudo parecer un desahogo, el paso del tiempo ha demostrado que no fue así. Se trató de algo premeditado, que ha tenido su colofón con la puesta en marcha de una recogida de firmas entre la ciudadanía para elevar al Parlamento una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) endureciendo los requisitos para acceder a la RGI. El alcalde ha conseguido lo que se había propuesto desde el principio: focalizar el ambiente preelectoral en una mayor exigencia de control en la concesión de las ayudas sociales.
Joseba Zalakain, director del Centro de Documentación y Estudios (SIIS) de la Fundación Eguía Careaga, recuerda que la tasa de pobreza es entre los inmigrantes diez veces más elevada que entre los autóctonos, lo que justifica “su mayor presencia en una prestación dirigida precisamente a la población pobre”. Para Zalakain, la RGI es “uno de los grandes éxitos de las políticas públicas vascas”. “Una política que consigue reducir las tasas de pobreza casi en un 40% y la intensidad de la pobreza en un 75%: sin la RGI habría más pobres en Euskadi y, sobre todo, los pobres serían mucho más pobres. Una política que contribuye al crecimiento económico y que ha contribuido a que las tasas de pobreza de la comunidad autónoma sean mucho menores que las de cualquier otra comunidad autónoma española”.
En cualquier caso, dos son los retos básicos que actualmente tiene la RGI, según Zalakain. Por una parte, adaptarse al crecimiento del número de personas que, aun trabajando, no pueden salir de la pobreza. “El objetivo es claro: la RGI debe ser capaz de proteger a los pobres que trabajan, sin desatender a los pobres que no pueden trabajar, incentivando el acceso al empleo y protegiendo al colectivo creciente de trabajadores pobres”.
El segundo de los retos pasa por garantizar el derecho de los perceptores de la RGI a recibir los apoyos que precisan para la inclusión social. “Más allá de la prestación económica, las personas en situación de pobreza o exclusión requieren programas y recursos que favorezcan sus procesos de inserción. Recursos básicamente orientados a la inserción laboral”.
Sistema deslegitimado
Gorka Moreno cree que es preciso contextualizar adecuadamente el debate que se está produciendo en torno a la RGI para así “poder desenmascarar ciertos sesgos y segundas intenciones que se están dando”. En una entrevista con el Centro de Documentación y Estudios, asegura que le parece muy oportuno plantear la mejora de la RGI e intentar hacer frente al fraude si existe. Pero, “ese debate se tiene que plantear en instancias técnicas y políticas, y no dentro de la opinión pública. La inmensa mayoría de la población no conoce ni la lógica, ni el funcionamiento, ni los requisitos de la RGI, y por lo tanto, creo que es muy poco lo que puede aportar. Por lo tanto, propuestas como las que hemos podido escuchar en torno a iniciativas populares para la reforma de la RGI me parecen a todas luces fuera de lugar”.
Si el objetivo es hacer frente al fraude, “habrá que actuar sobre aquellas personas que hacen un uso fraudulento de la RGI y no sobre un colectivo concreto. Del mismo modo que nadie plantea que el impuesto sobre la renta deba endurecerse porque haya fraude, estimo que causa y efecto en el caso de la RGI no muestran relación. Si queremos, podemos establecer mayores controles para evitar el fraude, pero dificultar el acceso a colectivos concretos, tal y como se está planteando, no me parece una solución”.
Moreno también incide en que no existe efecto llamada de las ayudas sociales. “Los flujos migratorios se basan en otras cuestiones directamente relacionadas al mercado laboral y a la estructura socioeconómica de cada región; por lo tanto, el sistema de protección social juega un papel subsidiario”.
De esa forma, el director de Ikuspegi considera que la estrategia de Maroto está “deslegitimando todo el sistema de garantía de ingresos vasco, olvidándonos de sus resultados a lo largo del tiempo y del efecto que tiene en la actualidad para paliar situaciones de vulnerabilidad y garantizar la cohesión social en nuestro país”.
