Médicos del Mundo denuncia que la retirada de la tarjeta sanitaria “deja sin cobertura” a 17.000 personas
Médicos del Mundo Euskadi ha solicitado la derogación “inmediata” del Real Decreto Ley 16/2012 que regula la condición de asegurado a efectos de la prestación de servicios sanitarios y sociosanitarios, ya que “deja sin cobertura sanitaria” a 17.000 personas en Euskadi.
En un comunicado, la organización sin ánimo de lucro ha denunciado que desde el 1 de septiembre de 2012, al entrar en vigor el citado decreto, el sistema sanitario español “ha expulsado de la sanidad a personas a las que se les ha retirado la tarjeta sanitaria por razón de su origen, nacionalidad y su estatus administrativo”, provocando la “desprotección y la exclusión” de los grupos de población “más vulnerables”.
Así, han denunciado que cerca de 17.000 personas “han quedado sin cobertura” en Euskadi, y han apelado a un estudio elaborado en octubre de 2012 por la consejería de Sanidad del Gobierno vasco bajo el título que señala que el coste sanitario asociado al colectivo de inmigrantes en situación irregular “supone el 0,2 por ciento” del presupuesto sanitario del Ejecutivo autonómico.
“Todos los estudios realizados hasta la fecha indican que el uso de los servicios sanitarios por parte de los inmigrantes es notablemente inferior al de la población autóctona al igual que el gasto en medicinas”, sostiene la ONG.
Médicos del Mundo Euskadi también ha criticado el cambio en los requisitos de acceso a la tarjeta sanitaria en Euskadi, donde se precisa de un año de empadronamiento para tener derecho a la tarjeta individual sanitaria de Osakidetza y a la atención de un médico de cabecera en Atención Primaria.
“Eso sí, quienes no cumplan con el año de empadronamiento deberán costearse los tratamientos, salvo en los casos de mujeres embarazadas, menores de 18 años y situaciones de urgencia”, matizan.
Médicos del Mundo Euskadi considera que el hecho de que la nueva orden “deje sin sanidad” a quienes no puedan acreditar un año de empadronamiento continuado supone “un paso atrás en los derechos sanitarios de estas personas”.
“En la universalización de la sanidad, la normativa del Gobierno Vasco coloca a la comunidad autónoma por detrás de otras comunidades con mayores dificultades económicas y diferentes ideologías, como por ejemplo Valencia o Navarra”, advierte.
Copago farmaceútico
Igualmente, para la ONG, a estas “barreras” en la atención se añade la reciente entrada en vigor del copago de los medicamentos, una “injusta medida” que afecta a toda la población al hacer recaer el incremento del coste de los medicamentos sobre los propios enfermos, “con especial repercusión en crónicos o tratamientos de larga duración”.
Además, considera que la medida “incide especialmente” sobre la inmigración irregular, ya que a pesar de gastar en medicamentos “entre ocho y diez veces menos que la población autóctona, debe correr en todo caso con el coste completo de los mismos, lo que supone una dificultad más, en algunos casos insalvable, en el ejercicio del derecho a la salud”.
