Memoria histórica en el Sáhara: “Las fosas son hechos irrefutables”
“El trabajo de documentación de violaciones de derechos humanos constituye una forma de ayudar a convertir el sufrimiento de la gente en un espacio de reconocimiento y de denuncia para la prevención. Pero la investigación de los casos tiene que ir de la mano también del acompañamiento a las víctimas”. Carlos Martín Beristain, médico, psicólogo y profesor en el Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco (UPV), ha formado parte del proyecto ‘El Oasis de la Memoria', basado en 261 casos de víctimas de bombardeos de población civil, desaparición forzada, tortura y violencia sexual en el Sáhara. Se trata de la primera investigación amplia que documenta un número significativo de casos, ocurridos entre 1975 y 2010.
“Da una idea de por qué un enfoque de derechos humanos es clave para buscar una salida política al conflicto. No se trata solo de documentar con rigor, sino de convertir la investigación en propuestas de acción que ayuden a ver el conflicto desde otra perspectiva”, explica Carlos Martín Beristain.
En el caso del Sáhara, el trabajo de documentar los casos de violaciones graves de derechos humanos y escuchar a las víctimas saharauis comenzó hace cinco años, con un proyecto de investigación apoyado por algunas instituciones públicas vascas. Desde hace muchos años, el saharaui es un pueblo partido en tres: el de los campamentos de Tinduf en el exilio de Argelia, el del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, y el del éxodo a otros países en Europa para buscar otras oportunidades de vida.
“El problema central en el caso del conflicto del Sáhara es el olvido. Y la investigación de memoria histórica y violaciones de derechos humanos actuales es una herramienta para visibilizar lo que no quiere verse, o lo que sistemáticamente es negado o utilizado políticamente. También es difícil acceder a las víctimas en contextos precarios y, en algún caso, peligrosos”, comenta Beristain.
Como parte de ese trabajo, en 2013 un equipo de Hegoa, Instituto de Investigación sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la UPV, y de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, coordinado conjuntamente con el forense Francisco Etxeberria y con la ayuda de la asociación de familiares de desaparecidos AFAPREDESA, descubrió dos fosas comunes, con los primeros ocho desaparecidos identificados de la historia del conflicto saharaui, “Dos de ellos eran niños de 14 años, con disparos típicos de ejecuciones extrajudiciales. Sobre ese trabajo publicamos un informe, ‘Meheris: la esperanza posible', con todo el proceso documentado y las identificaciones llevadas a cabo por el laboratorio Biomics de la UPV. Las fosas son hechos irrefutables. Los muertos hablan de lo que les pasó, si hay alguien que sabe escucharlos”.
Y lo que mostraron esos muertos es que la información dada por Marruecos sobre esos desaparecidos “no era cierta. ”En 2010, [Marruecos] dijo que fueron llevados a un cuartel, donde habrían fallecido, y de uno de ellos que había muerto en un enfrentamiento con el Polisario. Esas pruebas y los familiares todavía esperan una respuesta de las autoridades de Marruecos“, apunta en una colaboración en la revista Campusa, editada por la UPV.
Los vuelos de la muerte
En otra investigación, los ‘otros vuelos de la muerte’, se analizó casos de heridos con secuelas físicas, incluyendo sus historias clínicas, que demuestran los impactos. “Las heridas en el cuerpo son también las marcas de la memoria de los bombardeos, nunca investigados ni admitidos por Marruecos. Estos son ejemplos de cómo el trabajo científico puede ayudar a documentar casos de violaciones de derechos humanos, pero también esclarecer conflictos.
Las condiciones para el trabajo de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos son muy precarias en el Sáhara. “Por eso es muy importante que la memoria ayude no solo a documentar lo vivido sino a su fortalecimiento. Cuando empezamos a tomar testimonios, algunas víctimas nos dijeron: ¿va a servir para algo? Hablar duele, pero también puede tener el profundo sentido de hacer algo positivo con ese sufrimiento”.
En este caso, esas investigaciones fueron consideradas como pruebas determinantes por el juzgado de la Audiencia Nacional en Madrid para acusar a 12 altos cargos militares o civiles del régimen marroquí de ser responsables de crímenes contra los derechos humanos. Es la primera reacción de la justicia española, frente a víctimas saharauis que en 1975-76 eran ciudadanos españoles.
El forense Paco Etxeberria se ha referido al carácter “de oficialidad” que dio el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz cuando procesó a una decena de altos cargos, militares y policías marroquíes por delitos de genocidio en el Sahara, entre 1975 y 1992, utilizando como pruebas los hallazgos de restos humanos en fosas de este grupo investigador.
