Los expertos plantean que el Memorial de víctimas reproduzca un zulo

“Prestando una atención muy especial al terrorismo de ETA, hay que responder también a las víctimas del yihadismo, de otros grupos extremistas [de derechas y de izquierdas] y a las víctimas del contraterrorismo con connivencia del Estado”. “Sin añadir nada, pero sin olvidar nada, valorando la polifonía de relatos diversos, pero con la línea roja de no admitir justificaciones a ningún terrorismo, ni a ninguna violación de derechos humano”. Estas dos recomendaciones está recogida en el informe de 59 páginas elaborado por la comisión de expertos para caracterizar a qué victimas debe honrar y recordar el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo que reunirá este martes al lehendakari Urkullu y al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy.

Es decir que junto a las víctimas del terrorismo de ETA, en una política “inclusiva de memoria” que reivindica este equipo de expertos, el Memorial debería incluir también a las víctimas de “otros grupos terroristas de signo nacionalista extremista” mucho menos letales pero que también dejaron un reguero de personas damnificadas como el MPAIAC canario, Terra Lliure (en Cataluña), los diferentes grupos terroristas que han operado en Galicia (desde la Unión do Pobo Galego hasta Resistencia Galega) y las bandas armadas de extrema derecha (Batallón Vasco Español, la Triple A) o los de izquierda como el GRAPO o el FRAP. Aunque para los expertos, ETA y los grupos yihadistas tienen una intencionalidad política y defienden proyectos totalitarios, los GAL o otros grupos parapoliciales también niegan el Estado de derecho, “pero no lo hacen sobre la base de un proyecto político totalitario articulado”.

La comisión ha estado dirigida por el periodista Florencio Domínguez y en el han participado, entre otros, destacados expertos en materia de memoria y política sobre víctimas como Manuel Reyes Mate, Jesús Loza, Joseba Arregi, e historiadores y sociólogos como José Luis de la Cuesta, Gaizka Fernández Soldevilla, Javier Elzo o Francisco Llera. Y el documento incluye un repaso histórico crítico con la actitud de la sociedad vasca en general frente a las víctimas y la tardía respuesta de las diferentes instituciones y gobiernos a la hora del reconocimiento de las mismas y de una política activa de memoria, justicia y reparación. Ha sido un reconocimiento “lento” y que políticamente no se plasmó hasta la aprobación de la Ley de Solidaridad con las Victimas del Terrorismo el 9 de octubre.

“La sociedad y sus instituciones representativas han tardado mucho tiempo en tomar conciencia de que las víctimas lo eran porque los terroristas, a través de ellas, querían poner en jaque el marco constitucional que garantiza la libertad, la democracia y los derechos de los ciudadanos”, se censura en el documento. Y se añade: “Las víctimas tienen, por su condición de víctimas, un significado político, un significado que las hace repersentantes simbólicos de ese Estado de Derecho que querían destruir sus victimarios. Ese significado debe perdurar en el recuerdo social de quienes han sufrido en su propia carne los efectos del terrorismo”.

La creación del centro en si ha tardado más de tres años. Una iniciativa que fue pactada entre los Ejecutivos central y vasco el 24 de enero del 2012 con la firma ese día de los entonces ministro de Interior y consejero de Interior, los socialistas Alfredo Pérez Rubalcaba y Rodolfo Ares, respectivamente. Tras la firma del protocolo de creación del Memorial de Víctimas del Terrorismo cuando gobernaban los socialistas, el PP y su Gobierno se visten este martes de largo para presentarlo en sociedad en la histórica sede del Banco de España, en la capital alavesa, entre críticas del PNV, PSE y EH Bildu y de grupos memorialistas como los del 3 de marzo o de víctimas del franquismo.

Un 'zulo' como espacio de reflexión intensa

El informe, finalizado el pasado 28 de enero y entregado unas semanas después al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz en la sede ministerial en Madrid, delimita cuál debe ser el objeto de la actividad del centro, que esperan sea “algo más que un museo” de la memoria y que sirva, desde una “tarea pedagógica por los largos silencios que han acompañado a la tragedia terrorista”, para educar en valores, tenga una proyección internacional.

Los expertos creen que la visita al museo debe impactar: “la escenografía interior” debe aportar dramatismo, “no dejar indiferente al espectador” y entre otros elementos e propone una sala de fotografías de las víctimas, una “sala del silencio de la sociedad”, una “sala de la dignidad” o el uso de un “zulo [donde los terroristas retenían a las personas secuestrados] como espacio de reflexión intensa”, un “agujero real, oscuro” en el que se pueda escuchar “el bullicio de manifestaciones, gritos, eslóganes como que la amnistía no se negocia, gritos de español y contra el españolismo, contra FSE, el canto del Eusko Gudariak, ETA mátalos y tras el griterio el sonido de un tiro, la explosión de una bomba”.

Pero los expertos cree que sobre todo debe estar al servicio de “deslegitimar el terrorismo” y evitar los intentos de blaqueo de responsabilidades de los que apoyaron el terrorismo. “Es un camino largo que hay que recorrer, puesto que la gran mayoría [del mundo de la violencia] ni dan muestras de arrepentimiento, ni de reconocimiento del daño causado. Por el contrario, tratan, por todos los medios, de borrar todas las huellas de lo sucedido para no tener que asumir su responsabilidad”, explican los expertos en el texto. Como instrumentos para todo ello se propone el Banco de Memoria, la investigación para “la búsqueda y difusión continua de la verdad”.

Junto a las víctimas del terrorismo, los expertos consideran que hay que incluir a las que fueron víctimas del “uso de medios violentos ilegítimos o abusos y graves violaciones de derechos incompatibles con las normas y principios del propio Estado de derecho”, en clara alusión a la 'guerra sucia' y a la tortura por parte de los aparatos del Estado en “su voluntad de terminar con la lacara del terrorismo” pisoteando la ley.

La comisión de expertos ha estado presidida por el periodista, doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra y experto en terrorismo Florencio Domínguez y formada por 14 miembros (algunos nombrados a propuesta del Ejecutivo vasco como Javier Elzo y José Luis de la Cuesta, otros por el PSOE, por el propio presidente de la comisión o por el ayuntamiento de Vitoria y el Gobierno central). Tres personas, pese a apoyar el documento, emitieron una explicación de voto critica con algunos aspectos concretos el contenido del informe o para subrayar determinadas ideas. Los votos, a los que ha tenido acceso eldiarionorte.es, son de Joseba Arregi, Javier Elzo y Manuel Reyes Mate. Arregi, exportavoz del Gobierno vasco con el PNV y posteriormente muy crítico con la deriva nacionalista, censura la inclusión en la sala de la dignidad las experiencias restaurativas que han tenido lugar en la sociedad vasca.

El sociólogo Javier Elzo critica que el texto final no refleje “con la fuerza y contundencia debieran manifestarse” los episodios de “malos tratos por parte de algunos miembros del Estado, el ”papel de la sociedad vasca ante ETA“ y la ”existencia activa, tanto durante la actividad terrorista de ETA como en la actualidad, de personas, colectivos públicos y privados que se han opuesto a ETA, están trabajando por la convivencia o reconciliación entre los vascos“. Finalmente, el filósofo Manuel Reyes Mate en su voto quiere subrayar ”algo que se dice pero que puede pasar desapercibido: la centralidad de las víctimas. Este Centro Memorial no es un museo sobre el terrorismo sino sobre la memoria de las víctimas“. Y añade otra idea fundamental desde su punto de vista en la acción del centro: ”Se trataría de estar atento a la persistencia de la violencia en una sociedad que base la convivencia sobre el olvido; de primar las iniciativas de arrepentimiento y perdón porque a través de ellas se pone en valor la importancia de la recuperación del victimario para un nuevo comienzo político“.

Los Presupuestos del Estado para 2015 contemplan más de 4 millones de euros para iniciar las obras de reforma y acondicionamiento de la que será su sede, el histórico edificio del Banco de España en Vitoria propiedad del Ministerio de Hacienda. En principio está previsto que esta obran se prolonguen hasta 2016, fecha en la que el memorial tiene previsto abrir sus puertas al público.