La jueza del 'caso Michelin' desestimó la reapertura del proceso sin motivar el fallo
La jueza que lleva el 'caso Michelin' ha desestimado la reapertura de diligencias sin motivar el fallo. El denunciante, un inspector de tributos del Ayuntamiento de Vitoria, actualmente jubilado, presentó nuevas pruebas pero la magistrada, tal y como hizo en el primer auto del proceso, hace ya siete años, ha obviado cualquier referencia a las mismas en su resolución judicial.
Esta carencia de explicaciones deja al demandante en una situación de indefensión al desconocer los motivos y el razonamiento que han llevado a la magistrada a dictar esa resolución. Ante esto, se ha visto obligado a presentar un recurso de reforma y el 'caso Michelin' salta a la Audiencia Provincial, que es la encargada ahora de dirimir si las decisiones tomadas por Javier Maroto al aprobar la bonificación del IAE por el uso de energías renovables, son constituidas de delito.
El caso Michelin tiene un recorrido judicial que se pierde en la década pasada. La primera denuncia por el cobro irregular del IAE a la multinacional de neumáticos y a otras varias empresas, entre las que estaba la actual Kutxabank, se destapó en 2007.
En aquel entonces un inspector de tributos del Ayuntamiento de Vitoria presentó una denuncia en Madrid ante la Fiscalía anticorrupción contra el alcalde de la ciudad, Alfonso Alonso, y su concejal de Hacienda, Javier Maroto, por su supuesta pasividad a la hora de cobrar parte del impuesto de actividades económicas (IAE) a Michelin y a 18 entidades financieras. La fiscalía la trasladó a su vez al fiscal jefe de la audiencia provincial de Álava, Josu Izaguirre, quien a su vez la presentó ante el juzgado de instrucción número tres de Vitoria. La jueza abrió diligencias para aclarar los hechos. El denunciante advirtió a sus superiores varias veces de que había una serie de expedientes que estaban a punto de prescribir. Lo comunicó por escrito al director de Hacienda, Iñaki Diez Unzueta y posteriormente al alcalde y al concejal. Al no contestar, decidió presentar la denuncia.
La deuda detectada por el denunciante, cerca de 1,4 millones de euros, correspondía a 18 bancos y cajas que no habían pagado impuesto de actividades económicas por la declaración de la renta que efectúan a sus clientes. Cada entidad paga en función del número de sucursales que realizan esta tarea. Respecto al caso de Michelin, el denunciante sostenía que se le habían perdonado deudas del IAE correspondientes a los años 1996 y 2001 por un valor total de 840.728 euros.
Nuevas indagaciones y nuevas pruebas
El caso quedo archivado provisionalmente. El demandante presentó entonces un recurso de apelación alegando ausencia de motivación con el objetivo de que la jueza “justifique, razone, motive y dote de contenido” el fallo, en el que la magistrada se limitaba a afirmar que “no quedaba suficientemente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la incoación de la causa”. La Audiencia provincial dio la razón al demandante y reprochó a la jueza no haber justificado su conclusión. Declararon nula su resolución y se vio obligada a dictar otra cumpliendo con las exigencias constitucionales de motivación. Subsanada la falta, la sección 2ª de la Audiencia Provincial, archivó el caso de forma provisional .
El inspector de tributos retoma meses más tarde sus indagaciones sobre la supuesta reducción de epígrafes del IAE de las empresas y entonces detecta que en el caso de Michelin aparecía una bonificación por generación de energías alternativas que era irregular. Esta decisión la tomó el actual alcalde de Vitoria, Javier Maroto cuando era concejal de Hacienda y benefició a Michelin con dos millones de euros. Con esta nueva documentación el denunciante ha acudido de nuevo a los tribunales donde ha solicitado a la misma jueza la apertura del caso, aunque para su sorpresa, ha sido desestimado y de nuevo, de la misma forma: la jueza no ha motivado el fallo, no ha entrado a valorar la nueva documentación aportada.
Los letrados consultados por eldiarionorte.es denuncian que estas “malas prácticas” son cada vez más habituales. “Ese es el nivel de Justicia que tenemos. Los jueces responden con fórmulas estereotipadas, con autos modelos y dejan al ciudadano sin posibilidad de recurrir. Esto, tristemente, es cada vez más común entre los jueces. Se vulnera la garantía constitucional de disfrutar de una tutela judicial efectiva que incluye conocer y comprender el razonamiento aplicado por el juez a su caso, entre otras cosas, porque para eso paga impuestos y por si quiere recurrir. Lo contrario es dejarlo en indefensión”, aclaran.
El denunciante, como se apunta anteriormente, presentó un recurso de reforma y por ello el 'caso Michelin' está ahora en manos de la Audiencia Provincial de Álava.
