Montoro presenta la paz fiscal vasca como un ejemplo frente a Catalunya
La noche del 2 de mayo, el ministro Cristóbal Montoro y el consejero vasco de Hacienda, Pedro Azpiazu, que mantienen una buena relación personal desde la etapa de ambos como diputados en el Congreso, sellaron en Madrid un histórico acuerdo triple en materia de financiación. El Estado reconoció que en los ejercicios anteriores el País Vasco había pagado 1.400 millones de más, se recalculó el Cupo o aportación vasca al Gobierno central con una rebaja de 192 millones respecto a lo liquidado en 2016 y se ampliaron las competencias fiscales atribuidas a Euskadi merced al sistema de Concierto Económico. Estos acuerdos se ratificaron en mayo y en julio en sendas comisiones mixtas y este viernes el Consejo de Ministros ha aprobado finalmente los dos proyectos de ley, el del Concierto Económico y el del Cupo, que habrán de ser visados por las Cortes Generales para que el nuevo marco de financiación vasca entre en vigor el 1 de enero. Es un puro trámite, pero el ministro Montoro ha aprovechado para lanzar un mensaje político mirando de reojo a Catalunya: “Es posible fortalecer [...] el autogobierno de las comunidades autónomas para beneficiar a los ciudadanos. El acuerdo político es posible cuando hay voluntad, lealtad y respeto mutuo y se produce dentro de la Constitución. El Estado de las autonomías funciona desde el respeto al ordenamiento jurídico”.
Montoro ha insistido en que la reforma del Concierto Económico y el recálculo del Cupo confieren “estabilidad” a las relaciones financieras entre el Estado y los territorios vascos después de casi una década de importantes discrepancias con las liquidaciones. También la parte vasca valoró en su día que se hayan logrado “quince años de paz fiscal”, en referencia al acuerdo económico en torno al contencioso de la última década y a que la nueva Ley de Cupo tendrá una vigencia para el quinquenio 2017-2021. El propio lehendakari, Iñigo Urkullu, puso en valor este acuerdo como ejemplo de que la vía bilateral es efectiva.
El ministro ha explicado que ambas leyes iniciarán en breve plazo su tramitación en las Cortes Generales para que el nuevo marco normativo entre en vigor el 1 de enero de 2018. En el Congreso, PP y PNV deberán sumar a más partidos, aunque el PSOE gobierna en coalición con los nacionalistas en Euskadi, en las tres diputaciones y en las tres capitales vascas. Ciudadanos, que compartió con estos partidos la aprobación de los presupuestos generales de 2017, es muy crítico con el sistema foral. En cuanto al Senado, la mayoría absoluta 'popular' hará más sencillo aún el trámite.
La ley de Concierto Económico supone una “adaptación” del sistema “a determinados cambios legislativos que se han producido en la normativa estatal”, ha indicado Montoro. También se conceden algunas nuevas facultadas a las Haciendas vascas, aunque sin gran efecto recaudatorio. Se trata de la posibilidad de que los vascos que trabajan en el extranjero tributen en Euskadi, como también ocurrirá con las herencias internacionales. En cuanto a las empresas, aquellas con sede social fuera del territorio pero con un volumen de actividad del 75% en el País Vasco también tendrán que acudir a la ventanilla foral. En su momento se aludió a unas 200 ó 300 compañías.
Respecto al Cupo, que es el dinero que aporta cada año el País Vasco a la caja común para cubrir las competencias que presta el Estado en la comunidad autónoma -transportes, infraestructuras, seguridad, Inem, etc.-, los servicios centrales del Estado y la solidaridad interterritorial, el acuerdo hasta 2021 mantiene el 6,24% como cifra mágica para su estimación. Se entiende que ese porcentaje representa el peso económico vasco en el conjunto de España de modo que si el presupuesto para un servicio son 100 euros Euskadi tendría que poner 6,24 para cubrirlo.
El Cupo base se ha fijado en 1.300 millones para 2017, aunque es una cifra irreal ya que hay que descontar el coste de las políticas activas de empleo, transferidas a Euskadi en 2011 con una fórmula inédita en el resto de comunidades que incluía las bonificaciones a la Seguridad Social que hay que actualizar año por año. Este año, por ejemplo, el descuento por ese concepto son 225 millones tras restar a los 341 millones los 116 de bonificaciones netas que se deben aportar al Estado. En definitiva, el nuevo Cupo pactado para 2017 es de 956 millones, 192 menos (un 16%) que los 1.148 fijados para 2016 y que se liquidarán en mayo.
