La ONU: “Juzgar a los culpables del 3 de Marzo es una exigencia ética y jurídica para España”
Los sucesos acaecidos el 3 de Marzo de 1976 en Vitoria han llegado hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Fabián Omar Salvioli, exige que el Gobierno español investigue estos hechos, que los enmarca dentro de los “crímenes cometidos durante el franquismo”. De esta forma, España podrá cumplir en su totalidad el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para que se derogue la Ley de Amnistía promulgada en 1977. La ONU mantiene que se trata de una “ley de punto final”, cuyo objetivo es librar de responsabilidad a los responsables de la represión franquista (incluidos los que dieron la orden de disparar contra la asamblea de obreros).
Fabián Omar Salvioli ha querido apoyar así las jornadas sobre memoria histórica e impunidad que se han celebrado en Vitoria con motivo del 40 aniversario del 3 de Marzo. Según Salvioli, esclarecer estos sucesos es “un requerimiento ético y jurídico contemporáneo”.
El letrado argentino recuerda que como consecuencia del último examen del Reino de España ante el Comité de Derechos Humanos, “éste órgano señaló su preocupación por el mantenimiento de la Ley de Amnistía de 1977, que impide la investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias”.
El presidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU ha enfatizado que este órgano ya señaló su preocupación por las lagunas y deficiencias en la regulación de los procedimientos de búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas. En particular, por el hecho de que la localización e identificación de personas desaparecidas se dejan a cargo de la iniciativa de los familiares, y por las desigualdades que de ello resulta para las víctimas dependiendo de la región de que se trate. El Comité también hizo hincapié en las dificultades en el acceso a los archivos, en particular, los de carácter militar.
Para Savioli, estas razones justifican la recomendación de que “se derogue la Ley de Amnistía o se la enmiende para hacerla plenamente compatible con las disposiciones del Pacto”. En esta línea, el Comité pidió a España que impulse activamente las investigaciones de “todas las violaciones a los derechos humanos del pasado, velando por que en estas investigaciones se identifiquen a los responsables, se los enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se repare a las víctimas”.
