El PP, “inmovilista” en su defensa de no tocar el Estatuto
“Cambiar por cambiar no tiene sentido y cambiar a peor es una insensatez. Me dirán: '¡Es que es usted un inmovilista!'. Hombre, pues yo para ir a peor no voy, porque no tiene absolutamente ningún sentido”. Con estas palabras ha explicado el presidente del PP vasco, el exministro Alfonso Alonso, la posición contraria de su partido a cualquier reforma del Estatuto de 1979, que junto con el rechazo frontal al derecho de autodeterminación serán las dos cuestiones que los 'populares' trasladarán en la reunión de este miércoles de la ponencia que en el Parlamento vasco -y desde hace un lustro- debate una posible reforma estatutaria.
Alonso, de hecho, ha hecho bandera de que el PP es el “único” que defenderá el Estatuto -“que está vigente y fuerte”- ahora que llega el momento decisivo de la ponencia. “El PP podría hacer su Estatuto. Pero a mí me gusta el Estatuto de Gernika y lo hemos defendido en los tiempos más difíciles”, ha explicado el dirigente 'popular' en una rueda de prensa en la que ha adelantado el argumentario de su formación en un debate en Euskadi en el que “sobrevuela el fantasma catalán”.
Ha añadido que tras cerrar la negra página de ETA Euskadi debería apostar por la “estabilidad” y la “tranquilidad” y ha sugerido que abrir el melón del derecho a decidir acabaría con la sintonía entre su partido y el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, cuyos dos últimos presupuestos ha aprobado. También se ha agarrado al más reciente Euskobarómetro, según el cual “el 77%” de la población está satisfecha con el actual marco de autogobierno.
AP en 1979: “El Estatuto vulnera la Constitución”
Este 'sí' sin fisuras al Estatuto supone una enmienda de totalidad a la posición que mantuvo la Alianza Popular de Manuel Fraga en el referéndum del 25 de octubre de 1979 en el que se sometió a consulta popular el texto, el único que sobrevive tal cual de aquella primera fase de descentralización de España. “Como vasco, como español, vota No” fue el lema de AP en aquella campaña. Los motivos los explicaron en 'El Diario Vasco' del 5 de octubre de aquel año: “El Estatuto vulnera la Constitución, tiende a acelerar el proceso disgregador del Estado, no se adecua con el necesario rigor histórico a la substantividad de cada uno de los territorios forales y tiende hacia la unitarización y uniformización de los mismos, no resalta con el necesario respeto y acatamiento la realidad de una patria y nación común: España”.
En las primeras elecciones autonómicas AP sumó 43.751 votos (el 4,77%) y obtuvo dos escaños. Ahora el PP representa a 107.357 vascos (10,16%), lo que se traduce en nueve escaños. Su pico histórico lo logró en 2001, con Jaime Mayor Oreja como candidato alternativo a Juan José Ibarretxe (326.933 votos -22,93%- y 19 escaños).
Una de las críticas recurrentes del actual Gobierno vasco al PP es que defienda la vigencia del Estatuto y no garantice su cumplimiento. Según un informe elaborado recientemente por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu para la ponencia, son 37 las competencias reconocidas en el texto de hace 39 años que el Estado aún no ha cedido. Las “prioritarias” son el régimen económico de la Seguridad Social -el Estatuto matiza que no se puede romper la 'caja única' española- y la transferencia de Prisiones. Preguntado Alonso por si su “estatutismo” suponía también defender la cesión a Euskadi de estas materias, el dirigente 'popular' ha matizado que habría que hacerlas de acuerdo no sólo a la letra de esta ley orgánica sino también conforme a la “jurisprudencia” del Tribunal Constitucional.
Duras críticas al resto de partidos, sobre todo al PSE-EE
Alonso ha realizado una dura crítica a las propuestas que llevarán el resto de partidos a la ponencia de autogobierno, aunque en el caso de la del Elkarrekin Podemos ha preferido por pasar de puntillas porque “parece que no le importa a nadie”. Según el PP, PNV, EH Bildu e incluso el PSE-EE desbordan la legalidad constitucional.
Especialmente duras han sido las críticas de Alonso a los socialistas. Ha dicho que proponen “liquidar el régimen foral” al desoír la disposición transitoria de la Constitución de 1978 que blinda los “derechos históricos” de los territorios vascos, en referencia a una propuesta de reducir el poder de las Juntas Generales en materia fiscal para dar más poder al Parlamento autonómico. También ha criticado que se deseen ampliar los derechos sociales.
