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PSE-EE defiende revisar el aforamiento de los cargos públicos y el sistema de garantías para ejercer la política

EUROPA PRESS

VITORIA —

La portavoz socialista de Justicia, Miren Gallástegui, ha querido diferenciar las garantías previstas por la legislación para los políticos, como son la inviolabilidad y el aforamiento, de la impunidad de sus actos, que no está recogida en las leyes.

“Lo que nos diferencia del resto de los ciudadanos es la inviolabilidad y el aforamiento. Eso es lo que permite que en esta tribuna haya habido gente justificando que ETA matara, haya acudido a un tribunal determinado y se haya protegido su inviolabilidad, mientras que un ciudadano ordinario habría sido condenado por apología”, ha indicado.

Asimismo, ha afirmado que esta garantía “es lo que permita que otros parlamentarios acusen de un delito a otros, como es colaboración con el terrorismo, y también esté protegido, frente a cualquier otro ciudadano que sería procesado”, reprochando implícitamente a UPyD y EH Bildu, que “casualmente los que más denostan lo que llaman privilegios, son los que más lo utilizan”.

Por ello, Gallástegui ha abogado por la “pedagogía en lugar de la demagogia”, reconociendo que es necesario adaptar lo previsto por la ley a la situación actual, “como hay que hacerlo con la reforma de la justicia, el blindaje de los derechos sociales, la reforma territorial o, como algunos reclaman ahora, la jefatura de Estado”.

“Eso se llama reforma de la Constitución. Lo que no se puede es rechazar que se vulnere el principio de igualdad por el hecho de que nos juzguen en tribunales diferentes al resto de los ciudadanos, pero no rechazar la vulneración del principio de igualdad en lo que supone que podamos decir lo que queramos desde esta tribuna y estemos protegidos por la inviolabilidad”, ha destacado.

La representante socialista ha concluido argumentando que los socialistas no defienden privilegios, sino que los políticos estén dedicados a la política “y no a estar permanentemente en cualquier tribunal ante cualquier denuncia”. “No defendemos un estatus especial, sino realizar la tarea para la que nos eligen y cuando dejamos de ser elegidos dejamos de estar protegidos; no queremos desmantelar el sistema, sino cambiarlo”, ha concluido.

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