“La sentencia contra el club Pannagh solo busca desmantelar el movimiento asociativo cannábico”
La sentencia del Tribunal Supremo condenando a cuatro miembros del club social de cannabis Pannagh podría suponer un “antes y un después” en las historia de este tipo de organizaciones. Al menos eso es lo que teme el presidente de Pannagh, Martin Barriuso, quien ha sido condenado a un año y ocho meses de cárcel y al pago de una multa de 250.000 euros por un delito de tráfico de drogas. El Supremo ha revocado el fallo de la Audiencia de Bizkaia, que en su día absolvió a los miembros de Pannagh del delito de tráfico de drogas. Ahora, el Supremo los condena a penas de un año y ocho meses de cárcel y multas de 250.000 euros para el presidente y la secretaria, y de seis meses y un día en el caso de los dos socios que trabajaban en el envasado de la cosecha. El tesorero ha sido absuelto.
Según, Pannagh, se trata de una “sentencia política” destinada a “desmantelar el movimiento asociativo cannábico”. “Se basa en una visión totalmente distorsionada y desfasada de la realidad social del cannabis en el Estado español”. Para condenar a los otros cuatro acusados, “los miembros del Supremo se basan en una argumentación plagada de errores y contradicciones flagrantes, y que además prescinde de datos fundamentales aportados a la causa y que son relevantes para la defensa”, según Pannagh.
La sentencia del Supremo argumenta que los condenados actuaron “alentados por la infundada esperanza de que su actuación podría ser tolerada o confiando en que algunos órganos judiciales pudieran acoger la tesis que propugna la irrelevancia penal de estos hechos”. Frente a esta tesis, Martín Barriuso sostiene que las actividades de Pannagh ya fueron consideradas penalmente irrelevantes por la Audiencia Provincial de Bizkaia en 2006 y por la de Álava en 2012. “Y en ambos casos se devolvió la marihuana incautada”. Por lo tanto, “las personas condenadas ahora por el Supremo no tenían una infundada esperanza, sino la certeza, basada en antecedentes judiciales, de que su conducta no era delictiva”.
“Ocultación de los fines”
El fallo judicial también esgrime que hubo “ocultación de los fines reales de la asociación” e “indiferencia” ante la posible ilegalidad. “Se ignoran las iniciativas de solicitud de amparo promovidas por Pannagh ante diversas instituciones, como el Ararteko o el Parlamento vasco, que entre otras cosas facilitaron la creación de una ponencia parlamentaria”.
La nueva sentencia “se limita a reproducir casi literalmente las dictadas con anterioridad contra las asociaciones Ebers, de Bilbao, y Three Monkeys, de Barcelona”. “La copia es tan literal que se llega a incriminar a los condenados por cuestiones que se supone figuran en los estatutos de Pannagh, cuando en realidad se refieren a las otras asociaciones condenadas. Lo más llamativo es que los verdaderos fines de Pannagh se detallan en los antecedentes de la sentencia y se puede ver claramente que en absoluto coinciden con lo que se dice luego en los fundamentos”.
Los condenados presentarán un incidente de nulidad ante el Supremo, previo al recurso de amparo ante el Constitucional, ya que consideran que, entre otras cosas, se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, a un proceso con las debidas garantías y a la proporcionalidad en las penas. También han anunciado su intención de recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si fuese necesario.
Inseguridad jurídica
Por su parte, la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis de Euskadi, considera que el fallo del Supremo confirma y afianza el cisma de inseguridad jurídica en torno al fenómeno de los clubes sociales de cannabis. “Esta situación evidencia que en el Estado español las resoluciones judiciales de los altos tribunales no se adoptan conforme a los cambios que se desarrollan en la realidad social, ni conforme a las resoluciones judiciales territoriales”.
La Federación no entiende como, por un lado, se pueden estar dando procesos de normalización y regulaciones administrativas territoriales con el cannabis y, por otro lado, “se diseñan, para contrarrestarlo, estrategias represivas compartidas por altos tribunales, funcionarios del gobierno y fiscalías antidrogas, que sí apuestan por exterminar estas entidades antes que abordar su regulación desde una perspectiva de salud pública”.
