El Parlamento no excluirá el derecho a decidir del debate estatutario
La ponencia que en el Parlamento analiza la posible reforma del Estatuto de autonomía vasco sigue sin adquirir velocidad de crucero. El grupo de trabajo, creado la pasada legislatura y que se ha reunido este lunes, se ha dado esta vez otro mes de plazo, hasta el 13 de diciembre, para que los partidos planteen por escrito sus puntos en común en materia de autogobierno antes de que la coordinadora, Jone Berriozabal (PNV), elabore una “síntesis” con las “bases y principios acordados”. Sin embargo, sí hay acuerdo mayoritario en que el mayor punto de fricción, el derecho de autodeterminación, se debata en paralelo a la reforma estatutaria, pese a la oposición de PP y PSE-EE y también de Elkarrekin Podemos, que reclamaba dos mesas paralelas para no frustrar otras mejoras sociales que consideran imprescindibles en un texto que data de 1979.
Según ha explicado el PNV en un comunicado, los nacionalistas defienden un acuerdo “transversal” y “lo más amplio posible”, pero entienden que no puede haber “vetos”. La metodología de trabajo pasa por “reconocer que en democracia las mayorías son válidas”, sostienen los 'jeltzales' en relación a esta cuestión. En este sentido, EH Bildu se ha felicitado por que PP y PSE-EE no hayan tenido éxito para impedir que el derecho de autodeterminación esté sobre la mesa. “Esto no es un mero debate de reforma estatutaria”, ha explicado el líder de EA y parlamentario de EH Bildu Pello Urizar, quien ha añadido que el “derecho a decidir estará en la centralidad” en este proceso porque “es la legislatura de la decisión”.
PSE-EE: “No estamos dispuestos”
Tampoco ha prosperado la propuesta de Elkarrekin Podemos de desligar la reforma estatutaria pura y dura, a la que incluso el PP no se opone, de todo el debate identitario. En principio, el propio PSE-EE no veía con malos ojos la propuesta, aunque para posicionarse en sentido opuesto a la coalición de Podemos, IU y Equo, que sí apoya un referéndum soberanista legal y pactado.
El derecho de autodeterminación es el gran asunto que separa a PNV y PSE-EE, que gobiernan en coalición en Euskadi, en las tres diputaciones y en las tres capitales. El acuerdo de Gobierno recoge precisamente esta discrepancia pactada y da derecho a las partes a defender posturas divergentes en materia de autogobierno. No obstante, los socialistas aceptaron en ese documento (página 69) que el “reconocimiento de Euskadi como nación” y del “derecho a decidir del pueblo vasco y su ejercicio pactado en un marco de negociación y acuerdo dentro del ordenamiento jurídico” debían ser objeto de “debate” en la ponencia.
En un comunicado, el PSE-EE ha remarcado tras la reunión que “el debate sobre el derecho a decidir no tiene cabida si lo que se busca es un texto articulado que responda al ordenamiento jurídico vigente”, como se acordó al arranque de la ponencia. “Ese derecho a decidir, que se planta por algunos grupos como derecho a decidir la independencia, no cabe en el marco constitucional”, insisten los socialistas. Y añaden: “Estamos dispuestos a asumir nuevas responsabilidades sobre nuestro destino, pero no estamos dispuestos a que se arrastre a la ciudadanía a la inseguridad, la confrontación y la frustración [...]. Seguimos convencidos de que sería posible un acuerdo amplio y legal”.
El PNV rescata la consulta habilitante
El PNV, por otro lado, ha retomado su propuesta electoral de que el texto articulado que pueda aprobarse en el Parlamento Vasco “sea sometido, antes de iniciarse su tramitación ante las Cortes Generales, a una consulta habilitante por parte de la ciudadanía”. Se trata de una votación no prevista en el actual marco constitucional -prevé el referéndum después del visto bueno del Congreso- pero que sí formaba parte del corpus jurídico de la II República. Para los nacionalistas se trataría de que el acuerdo político recabase apoyos ciudadanos para reforzar la posición vasca ante Madrid y que no se reedite el portazo al 'plan Ibarretxe' de 2005. EH Bildu también ha asumido esa terminología.
Antes, en todo caso, habría que consensuar ese texto articulado. El PNV ha señalado que a partir del 13 de diciembre, cuando ya se hayan contrastado las posiciones de los grupos, la coordinadora Berriozabal “elaborará con todas las propuestas un informe que recogerá las bases y principios acordados con la referencia a los grupos que los avalen” y en el que “podrán constar” votos particulares. Los nacionalistas tienen intención de que esa documentación sea trasladada “a un grupo de expertos o institución de reconocido prestigio” para la redacción de un articulado, tarea de la que quieren eximir al Gobierno de Iñigo Urkullu. Habría también “un proceso divulgativo y de participación social”. Se estima que ese plazo se podría abrir “a finales de enero” y tendría una duración de ocho meses.
Añade el PNV que su deseo es que, “concluida la redacción del texto articulado, éste deberá ser debatido y refrendado por el Parlamento Vasco”. “Será tramitado como proposición de ley suscrita por los grupos que asuman su contenido”, abundan los nacionalistas.
