El Parlamento reprueba a Urkullu por el escándalo de las informaciones pagadas
El escándalo de las informaciones pagadas al Grupo Noticias por informaciones y entrevistas que no se publicaron con la indicación de que se trataba de artículos financiados por el Gobierno ha quebrado la tranquilidad en el seno del Ejecutivo. La comparecencia del lehendakari Iñigo Urkullu ante la Diputación Permanente de la Cámara (al tratarse julio de un mes inhábil) solo ha servido para encender más los ánimos de la oposición y dejar en evidencia la clamorosa ausencia de controles por parte del Gobierno a la hora de conceder dinero público a algunos medios de comunicación. Urkullu trató de vestir esa aportación de dinero bajo el disfraz de un patrocinio, pero la oposición le desmontó el argumento. “¿Desde cuándo un patrocinio consiste en mera propaganda laudatoria de uno mismo?”, le inquieron al lehendakari los partidos de la oposición.
Al final, todos los partidos de la oposición (EH Bildu, PSE, PP y UPyD) aprobarón una resolución contra los contratos firmados por el Gobierno con el Grupo Noticias en la que se censura que el Gobierno ha intentado “encubrir auténticas campañas de publicidad y propaganda del Gobierno, contraviniendo claramente la legalidad”.
Además, el texto denuncia la vulneración del artículo 5.3 de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, así como del artículo 11.6 del código ético lanzado por el propio equipo de Iñigo Urkullu. En este sentido, el Parlamento solicita a la comisión de ética pública del Ejecutivo que “analice la actitud de todos los responsables políticos que han intentado justificar la concesión de dinero público a un grupo de comunicación para la difusión de propaganda con aparienca de informaciones”. El Parlamento también pide que se adopten las medidas que sean necesarias para restablecer la legalidad vulnerada (que se devuelva el dinero) y que el lehendakari depure las responsabilidades correspondientes.
Un varapalo en toda regla para un Ejecutivo que ha tratado de rebajar la importancia del tema desde que irrumpió hace unas semanas. Hasta cuatro consejeros han dado explicaciones por las informaciones, pero nada ha sido suficiente porque ahora podrían ser los tribunales los que tengan la última palabra si prospera la demanda interpuesta por UPyD.
