El Plan de Industria del Gobierno quiere ser “un traje a medida” para las empresas en crisis

El Gobierno vasco entiende que el comportamiento de la economía, “décima a décima”, está consolidando la recuperación de la crisis. Pero las malas noticias provenientes del sector industrial (La Naval, Fagor-CNA o Xey, entre otras) parecen contradecir este optimismo moderado. Sea como fuere, el Ejecutivo de PNV y PSE-EE mantiene el guion y este martes ha presentado su Plan de Industria 2017-2020, continuista en el espíritu pero sin dejar de ser ambicioso en los objetivos, según la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia. En total, 5.225 millones en la legislatura irán destinados a la política industrial, 4.000 en el cuatrienio para distintos sistemas de financiación y 1.225 en planes específicos para impulsar un sector que debería alcanzar el 25% del PIB (23,95% en la última medición) y contribuir a la prometida rebaja del paro por debajo del 10%.

Según ha explicado Tapia, el programa busca, por un lado, “responder lo más rápido posible a necesidades urgentes” y, por otro, “preparar el medio y el largo plazo” y evitar “brechas digitales” en un sector capital en la economía vasca, que históricamente ha primado la industria frente a los servicios y quiere seguir haciéndolo.

Un éxito del 94%, según Tapia

En el primero de los ejes, el anhelo del equipo de Tapia es hacer “un traje a medida” para las empresas en dificultades, atendiéndolas “una a una”. El plan incluye un programa específico (ya existente) llamado Bideratu Berria y que permite al Ejecutivo inyectar fondos a compañías en crisis. El plan, autorizado por la Unión Europea, exige también planes concretos de viabilidad, acuerdo sindical e inversiones por parte de los empresarios. La iniciativa, sin embargo, apenas cuanta con 4 millones de presupuesto anual, una partida que nunca se ha agotado. Únicamente cuatro empresas han solicitado estos fondos.

Bideratu Berria apenas atiende al 2% de las empresas en crisis que llaman a la ventanilla de Tapia, según los datos facilitados por la consejera. El Gobierno trabajó “de manera individual” buscando otras soluciones con 175 compañías más en los últimos años. De esas 175 compañías 165 habrían encontrado una salida, el 94%. Son 22.000 puestos de trabajo que en su día estuvieron en el aire y se consolidaron mediante la mediación gubernamental, ha recalcado una Tapia muy criticada por sindicatos y oposición en las últimas semanas por las grandes empresas que amenazan con quebrar en estos momentos. “Para nosotros, haber atendido 175 y salvado 165 es importante, pero es duro cuando no se consigue una solución, aunque sólo sea en una. Sé que es duro cuando alguien está a punto de perder su trabajo con su familia detrás”, ha abundado la titular de Desarrollo Económico y Competitividad.

La pregunta es clara: ¿Se mantendrá esta estadística de éxito con las negociaciones ahora abiertas? Tapia ha respondido que la “solución”, sea cual sea, “no llegará de un día para otro”. Y ha añadido que, excepto en el caso especial de Fagor-CNA, en el resto de empresas se lleva trabajando “desde hace tiempo”. “No hay una respuesta concreta”, ha admitido Tapia sobre las soluciones para Xey o La Naval, aunque parece evidente que la mejor salida es la búsqueda de nuevos inversores. El documento del Gobierno vasco recuerda, en todo caso, que el Ejecutivo central también tiene programas de apoyo a las empresas y que, específicamente, dispone de una partida de 6 millones de euros para la castigada Margen Izquierda de Bizkaia.

Que los centros de decisión no salgan de Euskadi

El Plan de Industria del Ejecutivo formaliza también el deseo del Gobierno de constituir un fondo público-privado para evitar la fuga de centros de decisión empresariales. Se trata de comprar participaciones industriales y evitar que el capital social se vaya al extranjero. “En Gamesa no tendríamos opciones, pero no estamos pensando sólo en grandes empresas”, ha explicado Tapia.

En líneas generales, el plan arrancará en 2017 con 295 millones (ya presupuestados de antemano). 75 irán a la competitividad de las 'pymes', 115 a proyectos estratégicos y tecnología, 24 a internacionalización y 80 a mejorar el “contexto” industrial con compras de suelo o inversiones en parques tecnológicos. A ellos hay que sumar los primeros 1.000 en programas de financiación. Esta cuantía se mantendrá estable durante toda la legislatura hasta sumar 4.000 millones, si bien sí hay comprometidas mejoras en otras programas, como un 5% anual en I+D.

El plan irá ahora al Parlamento, donde será presentado por Tapia. El Gobierno promete incorporar las “aportaciones” de la oposición, si bien se encontrará con un contexto revuelto a raíz de los últimos acontecimientos. La Cámara, de largo parón estival, ha declinado reunir a su Diputación Permanente este verano, como pidió EH Bildu, para adoptar resoluciones urgentes en torno a la crisis de algunas empresas. Tampoco hubo acuerdo para que prosperara una declaración planteada por el PNV.

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha interpretado que “el Ejecutivo se ha visto forzado a comparecer ante la ciudadanía porque nadie puede entender su pasividad cuando hay tantas empresas que penden de un hilo y cientos de trabajadores y trabajadoras pueden irse al paro”. No obstante, ha lamentado que el Gobierno repita el “recetario” ya incluido en otros planes, como el programa de reactivación económica ya presentado en marzo por el lehendakari, Iñigo Urkullu. Ha llamado “refrito” al documento.

Tapia, preguntada por los periodistas, ha reconocido que este plan “evidentemente” pende del plan general de reactivación económica del Gobierno, 8.800 millones para “incentivar” 45.000 empleos. No obstante, ha matizado que en aquel momento se fijaron las “grandes líneas” y ahora llega un “reparto de recursos” a programas concretos como el nuevo fondo para arraigar a las empresas, entre otras medidas.

“Positiva” mesa de diálogo social

El Gobierno, asimismo, ha traslado este plan y otras medidas a la mesa de diálogo social, reunida este martes en Vitoria bajo la presidencia de la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, y con la ausencia ya anunciada de la mayoría sindical vasca, ELA y LAB. El Gobierno, CCOO, UGT y la patronal han evaluado el plan de empleo, el plan industrial y otras medidas en materia de formación profesional, así como el estado de los acuerdos en torno a la negociación colectiva fraguados el pasado año. San José ha valorado positivamente la reunión y ha dicho que la “puerta” de la mesa de diálogo social siempre estará “abierta” para los “ausentes”.

El secretario general de ELA, Adolfo 'Txikii' Muñoz, ha replicado desde Bilbao que la mesa de diálogo social solamente tiene por objeto “lavar la cara del Gobierno y justificar su política laboral”. “ELA estaría encantado como sindicato de poder acudir a reuniones de diálogo social si tal diálogo existiera”, ha zanjado el líder del principal sindicato vasco.