Pobreza energética, muchos debates y ninguna solución
El invierno está a la vuelta de la esquina y Euskadi sigue sin implantar medidas que garanticen el suministro energético a personas que no puedan pagarlo. Los debates en torno a este asunto se suceden pero las soluciones no acaban de llegar. El Gobierno vasco considera que a través de las distintas ayudas sociales apoya a las familias con dificultades para hacer frente a los gastos domésticos, incluidas las facturas del suministro de energía o agua. Pero estas medidas se han demostrado insuficientes según demuestran la cifra del número de vascos afectados por la pobreza energética. Alrededor de 90.000 vascos sufren los que se conoce como pobreza energética. Eso significa que no pueden encender la calefacción de su vivienda ni con esas ayudas que reciben desde el Gobierno vasco.
Todos los intentos por sacar adelante soluciones más contundentes han resultado baldíos, aunque han sido numerosos. Cuando en febrero la Cámara vasca aprobó con los votos positivos del PSE, grupo que había presentado la iniciativa, y el apoyo de EH Bildu y UPyD, un acuerdo parlamentario para paliar la pobreza energética, los grupos favorables se congratularon de su victoria. Pero, ahora, nueves meses después, se han visto obligados a reclamar al Gobierno vasco el cumplimiento de una petición expresa del Parlamento, que en la práctica, no se ha materializado.
En el texto aprobado se instaba al Gobierno central a poner en marcha una “tregua energética” que frene “la desbocada subida del precio de la luz que tanto daño está haciendo a las economías familiares y a la competitividad de las empresas”, y que implante un sistema de precios más justos para la energía y el agua. La propuesta del PSE contempla el establecimiento de un “suelo social”, reconocido como derecho vital para dar solución a las situaciones de “pobreza energética y a la angustia de muchas familias que no pueden pagar sus facturas”, y que se busque un gran acuerdo sobre el modelo energético en el Estado para las próximas décadas.
Una votación enredada en los dilemas de UPyD
Mientras el Gobierno de España no asuma esta responsabilidad, reclaman que el Gobierno vasco, “en el ejercicio de la capacidad de autogobierno, establezca las medidas que sean necesarias para impedir que a ningún ciudadano se le pueda cortar el suministro de la luz, el agua o el gas si se encuentra en situación demostrable de no poder atender sus facturas, en especial en las épocas de mayor demanda”. Estas medidas socialistas concitaron el apoyo de EH Bildu y UPyD. Juntos superaron el rechazo del PP y el PNV a la propuesta.
A las puertas del invierno tocaba exigir su cumplimiento, ya que el Gobierno ha obviado el mandato parlamentario. Pero en esta ocasión, UPyD, que sí apoyó la iniciativa inicial, no se ha sumado al requerimiento. Su posicionamiento en febrero fue favorable al texto porque era una propuesta original del PSE. En esta segunda ocasión los socialistas transaccionaron la proposición con EH Bildu y eso ha provocado la ambigüedad de UPyD en el Parlamento vasco, que por decisión propia nunca vota nada que vaya de la mano de la coalición de la izquierda abertzale.
Su abstención ha dado como resultado un empate técnico, ya que PSE y EH Bildu suman 36 parlamentarios, al igual que PNV y PP. La votación definitiva se vuelve a celebrar en la próxima sesión plenaria aunque el grupo de Gorka Maneiro ya ha adelantado que no va a variar de postura. Desde las filas socialistas advierten de que no cejarán en su empeño.
La parlamentaria socialista Natalia Rojo ha denunciado que el PNV sólo se preocupa por reclamar al Gobierno de España que haga valer el bono social, “algo que respaldamos los socialistas”, pero que su “fondo de compromiso se les agota cuando empieza su propia responsabilidad, en cuanto pasan Miranda de Ebro”.
Rojo ha acusado al PNV de “desconocer” la realidad, ya que el actual sistema de AES están excluidas personas con dificultades económicas por tema patrimonial y que padecen pobreza energética.
