Pocas plazas de funcionarios: los sindicatos se quejan a Lakua y el Gobierno mira a Madrid
Los sindicatos vascos han acogido con frialdad el anuncio del lehendakari, Iñigo Urkullu, de que en esta legislatura se ofertarán 9.000 plazas de funcionario en los distintos sectores de la Administración autonómica para cubrir otras tantas vacantes por jubilaciones. Este miércoles, en Madrid, el Gobierno central ha rubricado con UGT, CCOO y CSIF un acuerdo histórico por el cual se eleva al 100% en casi todas las áreas la tasa de reposición de bajas hasta ahora restringida y se reduce hasta el 8% la temporalidad máxima en la función pública. Se alude a que se convocarán más de 250.000 plazas en toda España, lo que dejaría cortas las previsiones de Urkullu.
El principal sindicato vasco, ELA, entiende “inaceptable” tanto la forma de anunciar las 9.000 plazas –en una rueda de prensa y no en la mesa de negociación sindical- como el fondo de la cuestión. “La reflexión es muy clara. Según el Eustat, se han destruido 21.400 puestos de trabajo en el sector público vasco [que incluye también diputaciones y ayuntamientos]. A partir de ahí, la temporalidad en la Administración afecta a uno de cada tres trabajadores mínimo. Por ello, necesitaríamos 30.000 empleos [en el Gobierno vasco], 45.000 en el conjunto del sector público”, reflexiona Igor Eizagirre, responsable del área de función pública de la central.
Desde UGT, Arantza Agote entiende también que hablar de 9.000 plazas “en un principio es insuficiente”. “Nos parece escasa, sí. Ya no hay disculpa a nivel estatal [al elevarse las tasas de reposición con carácter general] pero ni siquiera plantean cubrir a rajatabla esas jubilaciones al 100%”, apunta la portavoz del sindicato en el ámbito de la Administración. Según UGT, un “mínimo de 12.000 plazas” sería lo deseable para iniciar un proceso de renovación de plantillas públicas y a partir de ahí realizar un análisis compartido sector a sector para plantear nuevas OPE en una Administración avejentada que sufrirá una cascada de jubilaciones en los próximos años ahora que se jubilan los primeros funcionarios que accedieron a las instituciones autonómicas con la aprobación del Estatuto.
Tanto ELA como UGT coinciden en denunciar la “falta de voluntad” negociadora del Gobierno de Urkullu con los sindicatos. “No hay ningún tipo de calendario de negociación”, asegura Eizagirre. “En las mesas general y sectoriales no se concreta nada, sólo nos informan”, apostilla Agote. LAB, por su parte, anuncia una protesta frente al Parlamento Vasco para este jueves, cuando la Cámara da el primer paso para aprobar los presupuestos de 2017 merced al pacto entre el Ejecutivo de PNV y PSE-EE y el PP de Alfonso Alonso.
Euskadi no toma parte en las negociaciones
En este contexto, el viceconsejero de Función Pública de Euskadi, Andrés Zearreta, ha explicado este miércoles a los medios de comunicación en Vitoria que el Gobierno “ha decidido no tomar parte” en la negociación del acuerdo impulsado en Madrid por el Estado y los principales sindicatos españoles y que afecta también a las comunidades autónomas y a las instituciones locales. “Mantiene una situación tremendamente lesiva para la autoorganización de nuestras función pública”, ha asegurado Zearreta.
El Ejecutivo critica que se siga utilizando el concepto de “tasas de reposición”, incluso aunque se eleven al 100%. “Podemos reponer aquellas plazas que se pierden, pero lógicamente [el acuerdo] evita que cuando entendamos que tengamos que mejorar determinados servicios o recibamos una nueva competencia podamos sacar una OPE. Seguiremos haciendo OPE, pero vamos a tener que manejarnos en un marco normativo limitativo”, ha criticado Zearreta.
Para los sindicatos, sin embargo, el punto fundamental del acuerdo es la reducción de las tasas de interinidad en la Administración hasta el 8%. Si la media española es del 20%, en las instituciones vascas hay picos de hasta el 30 ó 40%, como por ejemplo entre los docentes. El caso extremo es Lanbide, creado hace unos pocos años y con una temporalidad del 70% entre sus orientadores. Según Zearreta, estas cifras son responsabilidad de que el Estado ha restringido las convocatorias públicas “en los últimos ocho años” valiéndose de las tasas de reposición.
