Trabajo ve ilegalidades en los salarios de tres empresas que construyen San Mamés

Nadie tiene ninguna duda de que el nuevo campo de San Mamés estará terminado en tiempo y forma. Las dos preguntas que sobrevuelan a la construcción del nuevo estadio del Athletic de Bilbao es si ese cumplimiento de los plazos se va a producir a a costa de alguien y con el cumplimiento o no del convenio de la Construcción en lo que a jornada laboral y salarios se refiere. La Inspección de Trabajo ha empezado ya a dar alguna respuesta en torno a una polémica que ha encendido las luces rojas en la construcción en Bizkaia. En una resolución de nueve folios, la inspectora vizcaína Begoña Lasa, encargada de la obra del nuevo San Mamés, detalla las irregularidades detectadas en las tres empresas investigadas en los salarios que pagan a sus trabajadores.

La Inspección ha cotejado en su investigación la documentación entregada a la Inspección por las tres subcontratas -Prevencón SL, Unika SL y Hofenor SI- con lo declarado ante la Seguridad Social. Y han comprobado que en el último año no coincide lo declarado por las empresas por IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social con los salarios cobrados por los trabajadores. Las empresas han pagado por debajo de lo estipulado en el convenio de la construccion en Bizkaia (que tiene una vigencia hasta 2016). Hofenor es una empresa de Bizkaia, mientras que Unika tiene su domicilio social en Galicia y Prevencón en Burgos. En algunos casos, Trabajo ha constatado que un oficial de primera ganaba unos 18.000 euros anuales, frente a los 24.000 que debería haber ganado. Es lo que el sindicato denunciante CC OO ha calificado de “dumping social” y “competencia desleal” frente a las empresas que cumplen el convenio vigente. Un oficial de primera gana según el convenio vizcaíno 1.760 euros brutos, frente a algo más de 1.200 euros que se paga por ese mismo puesto en territorio gallego.

En la resolución, de nueve folios, no se fija ninguna sanción por este hecho. Pero se obliga a las tres subcontratas a actualizar cotizaciones, IRPF y salarios en una plazo determinado. Y se añade que Trabajo estará “vigilante” para el cumplimiento efectivo de la resolución. Además, se indica que en el caso de que las empresas no puedan hacer frente a la exigencia, las empresas de la UTE son declaradas en la resolución “responsables solidarias”. Y fija para las subcontratas que deben hacer frente a las exigencias en el plazo de un año en materia salarial y en un plazo de tres años en el caso de las cotizaciones.

La resolución, sin embargo, no da respuesta a la denuncia presentada por Comisiones Obreras el pasado 25 de septiembre en la que se señalaba que “en la obra UTE San Mamés no se cumple el convenio provincial de la Construcción de Bizkaia y que principalmente (entre otras) las subcontratas Prevencón SL, Unika SL y Hofenor SI vulneran sistemáticamente la jornada laboral, el calendario y las fiestas establecidas legalmente por dicho convenio y dichas horas de trabajo no son retribuidas cumpliendo la legalidad de las tablas salariales del vigente convenio”.

En definitiva, lo que la central denunciaba era la existencia de jornadas muy superiores a las ocho horas que estipula la normativa, “jornadas de puro esclavismo laboral” que se elevaban en algunas ocasiones hasta las 12, 13 y más horas seguidas, según la denuncia, horas extraordinarias que se pagaban por debajo de lo establecido en el convenio. En la denuncia, interpuesta por la federación de la construcción del sindicato que dirige Unai Sordo, se solicitaba de la Inspección de Trabajo que procediera a tomar las medidas oportunas en la obra. La UTE, que luego subcontrata los trabajos a empresas del sector, está formada por las grandes empresas de la construcción Inbisa, Acciona, Altuna y Uria y Murias. La Inspección únicamente señala que “queda abierta la acción sancionadora que se considera oportuna”.

Ya llovía sobre mojado. De hecho, el mismo sindicato ya había remitido una denuncia similar el 30 de octubre en relación a la UTE San Mamés -en ese caso formada por Dragados, TECSA y Balzola- tras haber detectado que se había trabajado en la obra de San Mamés Barria el día 25 de octubre, el Día de Euskadi y fiesta en el calendario laboral, y el día siguiente, definido también como fiesta por lo que en la jerga laboral se denomina “compensación de horas”.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social abrió un expediente por este caso, pero el inspector de trabajo encargado de la investigación, José Antonio Carnero, propuso archivar el expediente al no haber “podido acreditar la presencia en obra de la empresas referenciada el día señalado”. Este inspector señalaba en su informe que se había tomado la decisión del archivo “a diferencia de otras mercantiles frente a las que se siguen actuaciones inspectoras”. La denuncia se había puesto el 30 de octubre de 2012. La respuesta definitiva de la Inspección de Trabajo llegó el 19 de junio de 2013, más de siete meses después.

UPyD lleva la denuncia al parlamento

“Considero que salarios entre 600 y 900 euros por trabajar doce horas al día es esclavitud y creo que no se debería permitir”. La frase, expresada por el consejero de Empleo, Juan María Aburto, en el pleno del Parlamento vasco celebrado hace dos semanas, fue la respuesta desde el Gobierno a la denuncia del único representante de UPyD en la Cámara vasca, Gorka Maneiro, por este asunto.

Ante la interpelación de UPyD, Aburto reconoció entonces que había “indicios” de que tres empresas que se encargan de las obras del nuevo San Mamés “no están cumpliendo las condiciones laborales que recoge la normativa vigente”. El consejero explicó que estas empresas “no cumplen con las tablas salariales” establecidas, como ahora ha demostrado la resolución de la Inspección de Trabajo. Maneiro señaló que había “informaciones que apuntan a que se están realizando jornadas de 12 horas, siete días a la semana, por 970 euros al mes”, ha dicho Maneiro, “condiciones laborales indignas de esclavitud”, ha añadido.

En la sesión de este jueves, el Parlamento aprobó una resolución de UPyD a la que se sumaron PNV, PSE y PP en la que se instaba al Ejecutivo a dotar de más medios a las autoridades laborales para mejorar“de forma efectiva” el control sobre las obras públicas y “evitar condiciones indignas y de inseguridad”. En el debate, la parlamentaria del PNV Amaia Arregui defendió la actuación del Gobierno -competente en la materia tras efectuarse la transferencia a Eusakadi de esta competencia- ya que ha realizado “seguimiento estricto” de la obra, con “inspecciones exhaustivas” y con un seguimiento “amplio”. Arregui destacó que las empresas investigadas son tres frente a las 67 que han participado en la obra. “Que quede claro que la mayoría de las empresas han cumplido, tenemos que tener cuidado de no generar alarma social”, subrayó. Y adelantó que si se confirman las irregularidades de jornada y salariales, “sanciónese a esas empresas de forma ejemplar para que no vuelva a ocurrir”.