Seguridad retira definitivamente la escolta a la cúpula judicial vasca
El Departamento vasco de Seguridad ha retirado la escolta que hasta este mes llevaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, y ha decidido no prestar ese servicio a la nueva Fiscal Superior de Euskadi, Carmen Adán, algo que sí tenía su antecesor en el cargo, Juan Calparsoro. Los responsables del Departamento que dirige Estefanía Beltrán de Heredia han tomado esta decisión en base a los informes elaborados por los expertos en seguridad, que consideran que no hay razones objetivas para mantener unos servicios que, junto con los del resto de jueces y fiscales vascos, fueron colocados tras el asesinato a manos de ETA del magistrado José María Lidón, en noviembre de 2001. Los escoltas están pagados con dinero público.
La decisión, comunicada por los responsables de seguridad al presidente del Alto Tribunal vasco y a la Fiscal superior a principios del mes de julio, no ha sentado nada bien al magistrado Ibarra, quien interpreta la decisión como una desconsideración hacia el cargo institucional que desempeñan ambos. Tras conocer la medida, Ibarra pidió mantener una reunión con la consejera de Seguridad para aclarar su nueva situación en relación con los servicios de escolta. Beltrán de Heredia le confirmó la decisión, basada en los informes redactados por los expertos policiales, según le precisó en el encuentro. En todo caso, desde el Gobierno se le ofreció mantener el coche oficial y un chófer, a cargo del Departamento de Justicia. Ibarra, al parecer, ha declinado hacer uso de ese servicio. El primer día sin escolta, ni chófer, ni vehículo oficiales, el máximo responsable de la judicatura vasca llegó en metro a las inmediaciones del Palacio de Justicia de Bilbao, donde tiene su sede el Tribunal Superior vasco.
La nueva situación creada en octubre de 2011 tras el anuncio de ETA, hace ya casi seis años, del “cese definitivo” de su actividad terrorista y la reciente entrega de los arsenales que aún controlaba la organización, en abril pasado, junto con otros factores, han lleva a los responsables del Departamento a retirar la escolta a la cúpula judicial vasca. La supresión de escoltas en estos últimos años a los diferentes colectivos que, tras ser amenazados por ETA, se vieron forzados a llevar protección o a abandonar Euskadi, ha sido progresiva y comenzó ya con el Gobierno del socialista Patxi López, en 2011, tras la decisión de ETA de acabar con su historia de terror.
Juan Luis Ibarra, un tanto perplejo ante las explicaciones y argumentos ofrecidos por la consejera, pidió directamente una reunión con el lehendakari, Íñigo Urkullu, para abordar la nueva situación creada. El encuentro se ha celebrado esta misma semana, según han confirmado fuentes oficiales gubernamentales, y en él Urkullu le ha asegurado que estaba al tanto de la decisión adoptada por la consejera. La reunión, que discurrió de manera correcta y educada, no ha servido para que el Departamento de Seguridad reconsidere su decisión. Y la medida adoptada tiene todos los visos de convertirse en definitiva.
“Hemos tomado la decisión en base a los informes de los expertos policiales. No ha habido ningún desprecio institucional, ni nada por el estilo. En el caso de Navarra, al presidente también se le ha retirado la escolta recientemente”, asegura un alto responsable del Departamento que dirige la consejera Beltrán de Heredia. “En todo caso, ya le hemos transmitido nuestra disposición a ponerle protección si, en algún acto institucional y de manera puntual, se considera necesario ese servicio para su seguridad”, añaden las mismas fuentes.
La decisión forma parte de la política de retirada paulatina de los servicios de escolta pagados con dinero público que se venía prestando desde las Administraciones central y vasca a los colectivos amenazados por ETA (empresarios, periodistas, políticos, cargos públicos, etc). De hecho, los jueces y fiscales destinados en Euskadi hace tiempo que ya no tienen escolta y este tipo de servicios se ha mantenido para casos muy concretos de magistrados con destinos 'calientes' (Audiencia Nacional, por ejemplo, o Tribunal Supremo) o amenazas latentes, después de que se retiraran para la práctica totalidad de jueces en España en junio de 2012. En el caso de los cargos públicos -el grueso de los servicios de escolta durante muchos años- el Departamento de Seguridad retiró la seguridad personal (la mayoría de escoltas privados) en septiembre de 2014.
La decisión de quitar la seguridad a la cúpula judicial vasca fue comunicada por el viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, a su homólogo en el cargo en el Ministerio del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, según han confirmado a este periódico fuentes del Departamento de Seguridad. Pero se da la circunstancia de que de manera puntual Ibarra ha sido escoltado por miembros del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) para acudir a determinados actos institucionales, según ha podido comprobar este periódico esta misma semana.
