Una Seguridad Social vasca: más pobreza y menos prestaciones sociales
“La segregación de la Seguridad Socia vasca de la española llevaría aparejada un incremento de los problemas financieros del sistema y, probablemente un correspondiente descenso de las políticas sociales a abordar en la Comunidad Autónoma, drenada por el mayor esfuerzo que exigiría la política de pensiones en aportaciones a complemento mínimo, prestaciones contributivas”, señala en su apartado de conclusiones un informe remitido en diciembre por el PSE a la ponencia de autogobierno, difundido por El Correo.
La “secesión” en materia de Seguridad Social -tal y como se estudió ya en el caso Belga por los expertos fiscales- “podría aumentar la pobreza, privación y exclusión en el conjunto del Estado, pero esta misma evolución se produciría en Euskadi, que no se vería beneficiada de un hipotético paralelismo de la marcha de dos sistemas de protección social, generándose efectos perversos tanto si la desviación se produce al alza como si se produce a la baja”.
El informe, encargado por los socialistas vascos, ha sido elaborado por Octavio Granado, exsecretario de Estado que gestionó la Seguridad Social durante ocho años en el Gobierno del PSOE que presidió José Luis Rodríguez Zapatero y fue finalizado el pasado 17 de noviembre.
En el caso de ruptura con España, es decir si la construcción de la Seguridad Social vasca “se desarrolla sin acuerdo” -algo que por el momento no está entre los propósitos del Gobierno vasco o del PNV- “las incertidumbres generadas en el plano prestacional producirían una generación sacrificada, condenada a recibir en el futuro menores prestaciones que las existentes en la actualidad, y con posible desaparición de la protección en situaciones y contingencias concretas, no solo en el plano de la acción protectora en transferencia de rentas, sino en sanidad y otras políticas sociales”.
El informe analiza también otra de las vías para hacer frente a la crisis del sistema de la Seguridad Social -mayores ingresos vía incremento de la presión fiscal-. Y apunta que “la posibilidad de financiar los nuevos gastos con una sobrecarga de ingresos a obtener a través de la fiscalidad general produciría un efecto considerable en la competitividad de la economía vasca, que retroalimentaría otros efectos negativos”.
Desgajar la Seguridad Social obligaría a Euskadi a crear un sistema que en el caso del ya existente lleva décadas construyéndose, tanto a nivel nacional como internacional. Y mientras el nuevo se consolida, “se situaría a muchos beneficiarios particulares en una situación de provisionalidad que repercutiría en su cobertura. Así, habría que renegociar los acuerdos internacionales con decenas de países y resolver problemas como el que se genera cuando un trabajador ha cotizado en diferentes países o sistemas, un asunto ya resuelto en la UE por medio del prorrateo de tiempos y prestación. El periodo transitorio sería de 10 a 15 años, señala el informe, y poco menos que caótico si no fuera acordado.
