Ya hay una primera sentencia por el fiasco de la construcción de una planta de tratamiento de purines en el valle de Carranza, en Bizkaia, una iniciativa que se tragó alrededor de 10 millones de euros en ayudas públicas de distintas instituciones. La juez Olga Ahedo ha declarado “no culpable” el concurso de acreedores de Karrantzako Minda al entender que sus promotores no agravaron la situación de quiebra de la sociedad. Así las cosas, los acusados no tendrán que devolver dinero a los acreedores (se solicitaban hasta 20 millones de euros), principalmente instituciones públicas.

El juzgado de lo mercantil número 2 de Bilbao celebró en octubre el juicio por la quiebra de Karrantzako Minda, la matriz del proyecto y receptora de las millonarias subvenciones públicas. La sentencia llega casi medio año después, pero la espera se ha traducido en un documento largo y con fundamentos jurídicos muy detallados. Y con una conclusión clara: no hay culpabilidad para los acusados, extremo que ha decepcionado a algunas partes que reclamaban la recuperación del dinero público invertido y que ahora anuncian un recursos. El fallo, además, condena en costas al administrador concursal.

Un caso con Ascacibar como personaje central

El personaje central de este caso es Martín Ascacibar, exdirector del Departamento de Agricultura con el PNV con Gonzalo Sáez de Samaniego como consejero y Juan José Ibarretxe como lehendakari. El alto cargo del PNV no sólo fue el impulsor de las ayudas públicas salidas desde el Gobierno hacia Karrantzako Minda, sino que era el representante “exclusivo” del Ejecutivo en la comisión de seguimiento de ese proyecto que nunca se ha llegado a completar.

Ascacibar salió del Gobierno en julio de 2009, cuando el PSE-EE relevó al PNV en Ajuria Enea. Apenas once días después del cese, Ascacibar pasó a ser representante de la sociedad Karrantzako Minda, la misma a la que le había concedido ayudas. Se da la circunstancia de que, desde 2007, había participado también en la sociedad Ade Biotec. Karrantzako Minda contrató a Ade Biotec para construir la planta de purines.

En cuanto a las ayudas públicas recibidas, en el juicio quedó patente que algunas solicitudes de Karrantzako Minda fueron en blanco, pese a lo cual el Ejecutivo visó los pagos. Además, se adjuntaron certificaciones de supuestas obras realizadas por Ade Biotec que no consta que se realizaran.

En paralelo a este proceso mercantil, el fiasco de la planta de purines de Carranza se ventila también en la vía penal fruto de una denuncia de EH Bildu apoyada también por la Fiscalía de Bizkaia. Precisamente este mes de marzo la investigación penal ha adquirido un nuevo impulso luego de la decisión de la juez de Balmaseda, Patricia Navas, de imputar a once personas por “apropiación indebida, falsificación de documentos públicos y malversación”. Entre ellos se hallan el propio Ascacibar y exalcalde de Carranza, José Luis Portillo, también del PNV.

Otro caso similar fue el del proyecto automovilístico Epsilon, también impulsado por el PNV y financiado por el Estado. En ese caso la jurisdicción mercantil vio “culpable” a su promotor, Joan Villadelprat, y le obligó a la devolución de 900.000 euros. En vía penal, sin embargo, esos mismos hechos quedaron sin condena.