La Justicia permite la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública

Incluir cláusulas sociales en los contratos que realizan las administraciones es perfectamente legal. Así lo ha resuelto el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que ha dictado una sentencia que permite la inclusión de este tipo de cláusula en la contratación pública. El Superior da así la razón a la Diputación de Gipuzkoa frente a la Autoridad Vasca de la Competencia, que recurrió la norma foral que regula la incorporación de estas cláusulas en los contratos de obras del sector público de Gipuzkoa. Según la Autoridad Vasca de la Competencia, este tipo de cláusulas van contra “la legislación laboral introducida por la reforma laboral, el derecho comunitario y la libre competencia por implicar sobrecostes a las empresas”.

La sentencia del Superior destaca que la Diputación de Gipuzkoa “está facultada para establecer unas obligaciones contractuales a sus licitadores, sin que ello suponga legislar contra 'legem'”. Sobre el argumento de la libre competencia, el tribunal subraya que “exigir el cumplimiento de la legalidad laboral en ningún caso puede ser interpretado como una barrera discriminatoria”.

Lo cierto es que, en la actualidad, el reto se centra en que las instituciones tengan en cuenta cuestiones como el trabajo digno, cumplimiento de los derechos sociales y laborales, inclusión social y la igualdad de oportunidades a la hora de contratar a empresas. Se trata de incorporar criterios sociales, éticos o medioambientales en la contratación pública y aunque cada vez hay un mayor conocimiento del tema, todavía queda mucho por hacer. “Hay ciertas resistencias a cambiar la forma de trabajar y no siempre se ve el impacto que puede tener incluir este tipo de criterios en las contrataciones”, apunta Leire Álvarez de Eulate, integrante de REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria) y responsable del área de Compra Pública Socialmente Responsable. Desde REAS Euskadi se han organizado varias jornadas formativas sobre compra pública responsable.

“Neoliberalismo feroz”

El sindicato ELA ha aplaudido la sentencia del Superior y ha denunciado que la Autoridad Vasca de la Competencia “se erige en ariete del neoliberalismo más feroz” que pretende “hacer desaparecer toda protección” para los trabajadores. “Con sus actuaciones”, ha añadido, “tanto en esta materia como en la relativa a los horarios comerciales, el organismo siempre ha optado por proteger los intereses de los 'lobbies' empresariales en detrimento de la clase trabajadora”.

La sentencia supone un precedente positivo de cara a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por el propio sindicato en el Parlamento para la inclusión de cláusulas sociales en toda la contratación pública de la comunidad autónoma. “Los grupos políticos”, ha insistido ELA, “deben tomar nota y adelantarse con una regulación que cierre la puerta a la explotación laboral en la administración pública”.

Según la representante de REAS Euskadi, “la contratación pública puede y debe contribuir al impulso de otro tipo de políticas sociales, ambientales, etc. Resulta ilógico transferir presupuestos públicos a empresas que contaminan, o que no respetan los derechos de las personas trabajadoras, o que practican la discriminación de género, o que incumplen la cuota del 2% de personas discapacitadas que exige la propia legislación”.