Trabajadores de Justicia denuncian en Barakaldo que la privatización del Registro Civil supondrá “un nuevo copago”

Trabajadores de la Administración de Justicia han realizado este jueves frente al Palacio de Justicia de Barakaldo un “cortejo fúnebre” que ha parodiado el “proyecto privatizador” del Registro Civil, que supondrá “un nuevo copago” para los ciudadanos y conllevará “una importantísima pérdida” de empleo público.

La protesta, que se ha celebrado a las once de la mañana, está organizada por la Asamblea de Trabajadores de la Administración de Justicia de Barakaldo en el marco de la campaña que desarrollan de forma unitaria los sindicatos CC.OO, ELA, LAB, CGT, y UGT contra medidas como la privatización del Registro Civil, las tasas judiciales, la supresión de juzgados de paz y de partidos judiciales y el “alejamiento” de la justicia del ciudadano.

Según han explicado los convocantes, en el “funeral in memorian del Registro Civil y de la Justicia Universal”, “dos muertes, ángeles exterminadores de los servicios públicos (Rajoy y Gallardón), han portado el ataúd junto a dos enterradores vampirescos (dos registradores de la propiedad, que se embolsaran los beneficios de esta privatización), seguidos por varias plañideras (la ciudadanía que llorará desconsolada al ver cómo va a tener que pagar más por un servicio hasta ahora gratuito y público), mientras un obispo dirige el cortejo, el lehendakari, Iñigo Urkullu, asiste como espectador a la defunción de este servicio público, sin hacer nada por evitarlo”.

Además de la movilización de Barakaldo, se han realizado otras concentraciones frente a todas las sedes cabeza de partido, tras las desarrolladas en jornadas precedentes en las tres capitales vascas.

Los representantes sindicales han advertido de que, tras “la filtración” de una nota que el Decano del Colegio de Registradores ha remitido a sus asociados, “queda claro que no sólo no era cierto que el Gobierno del Partido Popular hubiera aparcado el proyecto de privatización del Registro Civil sino que, además, había estado negociando la forma de traspaso a éstos”.

Los trabajadores han denunciado que el anteproyecto de “privatización” del Registro Civil supone que “quedaría en manos de los registradores de la propiedad y de los notarios”, con una “supresión de un servicio público esencial para el conjunto de la ciudadanía”.

“Como trabajadoras y trabajadores de la Administración de Justicia, pero también como ciudadanos, queremos mostrar nuestra total oposición a la privatización del Registro Civil por múltiples razones”, han expresado, para añadir que no pueden permitir que “los datos de todos y cada uno de nosotros, como ciudadanos, desde que nacemos hasta que morimos, con todas las variables que pudieran acontecer, pasen a manos con intereses privados”.

Asimismo, han advertido de que no se puede permitir que “la ingente cantidad de dinero invertida, 128 millones de euros, en modernizar, informatizar, y digitalizar todos los tomos de nacimiento, matrimonio, defunción de hasta el más remoto pueblo del Estado, se regale a manos privadas, a los registradores de la propiedad”.

Los trabajadores han insistido en que no se puede permitir que “por este servicio que ha sido siempre público y gratuito se empiece a cobrar para beneficio de unos pocos, de los registradores de la propiedad”. En ese sentido, han dicho que, “si no le ponemos remedio, vamos a tener que pagar por todos y cada uno de los actos que se realizan en este servicio” y “no podemos permitir este nuevo copago, o, más bien, repago”.

Además, han denunciado que la supresión de este servicio público desaparecerán “cerca de 300 empleos” en Euskadi y “más de 3.500” en el conjunto del Estado.

GOBIERNO VASCO

Por otro lado, han acusado al Gobierno vasco de mantenerse en una posición de “mero observador” y le han advertido de que “no vale con decir única y exclusivamente que ”son decisiones que vienen de Madrid“. Por ello, le han emplazado a que ”no solamente muestre su oposición a esta privatización, sino a que defienda su competencia, su capacidad de gestión, a que no permita que algo que ya tiene, que ya guarda y custodia pase a intereses privados“.

“Gobierno vasco, ¿vas a permitir por primera vez, que personal, medios materiales, y espacios que ya tienes transferidos te sean quitados, te sean arrebatados, o vas a hacer algo para impedirlo?”, han interpelado al Ejecutivo de Urkullu.

JUSTICIA UNIVERSAL

Por otro lado, han recordado que, “por desgracia, este proyecto no viene sólo, sino que está acompaño de otros que, poco a poco van a ir adelgazando la Administración de Justicia, dejando cada vez más en papel mojado ese derecho constitucional, no lo olvidemos, a la tutela judicial efectiva, a una justicia universal, gratuita y cercana a la ciudadanía”.

En ese sentido, han lamentado que “la ley de tasas, el endurecimiento de las condiciones de acceso a la justicia gratuita, la privatización del Registro Civil, la nueva ley de planta y demarcación, con desaparición de los juzgados de paz y de muchos partidos judiciales, van en el mismo sentido”.