El Tribunal Constitucional anula los artículos de la ley vasca que impiden el 'fracking'
El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso del Gobierno central contra la ley vasca del 'fracking' y ha anulado varios de los artículos recurridos. El Constitucional ya había anulado las leyes de Cantabria, La Rioja, Cataluña y Navarra, en las que se prohibía el uso de esta técnica de extracción de gas no convencional.
La ley vasca se aprobó en 2015 a raíz de una Iniciativa Legislativa Popular avalada por más de 100.000 firmas y, en un intento de evitar posibles recursos en su contra, no prohibía el fracking de manera genérica, pero elevaba tanto los requisitos para poder desarrollar esta técnica que prácticamente la impedía.
La norma vasca permite a las instituciones de Euskadi vetar el uso de la fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona y sobre otras competencias relativas al aprovechamiento de hidrocarburos. Ante un caso similar, el Tribunal Constitucional anuló las leyes de Cantabria y La Rioja que prohibían el uso de esta técnica, por lo que se entiende que esa doctrina es trasladable al caso actual.
En su sentencia el alto tribunal declara nulo el artículo 3 y parte del 2 de la norma vasca y mantiene el resto de artículos recurridos. Así, la sentencia recoge que aunque la norma vasca no prohíbe el “fracking” de forma “absoluta e incondicionada”, sí contiene mandatos que “reducen, dificultan o impiden la eficacia” de la normativa básica del Estado, lo que las hace incompatibles entre sí.
Por ejemplo, el artículo 3 que ha sido anulado específica que “en los terrenos clasificados como suelo no urbanizable no está permitida la tecnología de la fractura hidráulica, cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona, o en relación con otros ámbitos competenciales de la Comunidad Autónoma Vasca, en función de lo que establezcan los instrumentos de ordenación territorial, urbanística y/o ambiental”.
El Tribunal señala que este precepto “desborda la competencia que tienen las comunidades autónomas para establecer normas adicionales de protección del medio ambiente”.
En este sentido, asegura que las competencias autonómicas para fijar “normas adicionales de protección” del medio ambiente no incluyen la “prohibición absoluta e incondicionada” del “fracking” porque sería contradictorio “de manera insalvable” con la ley estatal del sector de hidrocarburos, que es la que autoriza el empleo de esta técnica.
“La Ley no es del Gobierno”
Por su parte, el Ejecutivo vasco ha recordado que cuando el Gobierno español recurrió, el Gobierno de Vitoria defendió el pleno encaje constitucional de la norma, primero en la negociación bilateral con el Gobierno central y, luego, cuando no hubo acuerdo, en las alegaciones que presentó al Constitucional.
“Es una lástima que el Tribunal Constitucional haya optado por la decisión más drástica, la anulación, dando la razón al Gobierno español. No estamos de acuerdo con la interpretación tal y como expusimos ante el TC. De hecho, no ha sido una decisión unánime, ha habido voto particular al que se han adherido varios magistrados. El Gobierno vasco no comparte, pero acata la sentencia”.
Los socialistas vascos, en una nota, han apuntado que “el respeto” a la decisión adoptada por el Constitucional “no es incompatible, en todo caso, con el
compromiso del PSE con el amplio consenso social contrario al
fracking, que tuvo su reflejo con la posición del conjunto de los grupos
representados en el Parlamento, que aprobó dicha Ley sin ningún voto en
contra, avalando la iniciativa legislativa popular que llevó este asunto a la Cámara“.
Por ello, el PSE-EE confía en que cualquier iniciativa relacionada con esta materia, que pueda activarse en el futuro, “incluidas las que estén residenciadas en el ámbito
institucional, continúe alineada con esta posición, de forma que Euskadi siga siendo
un territorio libre de fracking“.
El diputado de EH Bildu en el Congreso Oskar Matute ha apuntado, tras conocerse el fallo, que “La bilateralidad es mentira, las ILPs (100.000 firmas avalan esta ley) y la decisión unánime del Parlamento vasco no les importan. Una ley sobre nuestro territorio para proteger nuestra ama lurra y los derechos de quienes aquí vivimos son pisoteados por su lógica de seguidismo a las multinacionales en su modelo de democracia tutelada o directamente secuestrada”.
