El Tribunal de Cuentas juzgará a Alonso y Maroto por un alquiler millonario en Vitoria
El Tribunal de Cuentas de España celebrará finalmente un juicio contable contra el exalcalde de Vitoria y ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, el secretario sectorial del PP Javier Maroto y otros siete miembros del equipo municipal de la capital alavesa en 2007, por el alquiler gravoso de unos locales para albergar servicios municipales. El Tribunal investiga desde hace meses ese alquiler firmado cuando ambos dirigentes ostentaban la Alcaldía en Vitoria al apreciar una posible “responsabilidad contable” por parte del entonces Gobierno municipal, ya que pactó con el dueño del local una renta superior a la recomendada por los técnicos municipales.
El órgano fiscalizador señala en el auto dictado que las demandas de las partes personadas, entre las que figura el Ayuntamiento de Vitoria, ahora gobernado por el PNV, así como otra formulada de forma conjunta por PNV y PSE, se decidirán en un “juicio ordinario” en el Tribunal debido a que las cuantías reclamadas superan los 6.000 euros.
El fiscal del Tribunal de Cuentas se ha ratificado en que el daño a las arcas municipales ronda el medio millón de euros, cuantía que se impuso como fianza a la Junta de Gobierno del Consistorio que adoptó la decisión de alquilar el local en 2007, cuando Alfonso Alonso, ministro de Sanidad y recién elegido presidente del PP vasco, era el alcalde de Vitoria y Javier Maroto era concejal de Hacienda. Los nueve miembros a los que se investiga en esta causa tuvieron que depositar avales por ese importe. La consejera de cuentas estima que esa cantidad es aún “indeterminada”, ya que como alegaron el PNV y el PSE hay partidas derivadas de ese alquiler que no se han podido cuantificar, como el coste de unas obras, las cuotas de la comunidad y otras rentas.
“Indicios suficientes” de una mala praxis
Las condiciones negociadas eran espléndidas para el propietario de la lonja, el empresario Gonzalo Antón, conocido en Vitoria-Gasteiz por haber sido presidente del equipo de fútbol, el Alavés. Firmaron un contrato millonario por valor de 7,6 millones de euros, blindado durante 20 años con una indemnización en caso de rescisión también millonaria, de otros 6 millones, con precio actualizado por encima del IPC y con pago por parte del consistorio de las obras de acondicionamiento.
Estos requisitos exigidos por el arrendatario y aceptados por el Gobierno popular convirtieron la firma en una auténtica sangría económica para el Ayuntamiento de la que no puede librarse en años si no es previo pago de esa cuantiosa penalización.
En noviembre de 2013 el Ayuntamiento de Vitoria, gobernado entonces por Javier Maroto, renegoció el contrato y consiguió rebajar el alquiler en un 30%, fijar el precio en el IPC y reducir a 10 los años de vinculación.
Todo ello llevó al Tribunal a considerar que hay “indicios suficientes” de una mala praxis en la gestión de este alquiler, por lo que en un plazo de ocho días fijará la fecha de una audiencia previa, en la que las partes -Fiscalía, Ayuntamiento y grupos PNV y PSE- propondrán pruebas y posteriormente se celebrará el juicio.
