El Tribunal de Cuentas cierra una de las dos causas abiertas por las polémicas dietas de la Ertzaintza
El Departamento de Seguridad ha salvado el primero de los dos procedimientos judiciales abiertos por la polémica en torno al abono de dietas a los mandos de la Ertzaintza. El Tribunal de Cuentas, en una sentencia fechada a 6 de julio de 2017 y que ha sido difundida este viernes por el equipo de Estefanía Beltrán de Heredia, ha acordado absolver a dos directoras de Seguridad, Miren Karmele Arias y Guadalupe Camino, a quienes se reclamaba la cantidad de dos millones de euros, el supuesto quebranto económico generado por el abono irregular de dietas.
La polémica en torno a las dietas de la Ertzaintza fue denunciada en el Tribunal de Cuentas por el sindicato Sipe, que no es mayoritario en el cuerpo pero que ya años atrás obtuvo significativas victorias en los tribunales como la anulación de las cuotas que primaban a las mujeres frente a los hombres en las OPE de acceso a Arkaute. Según Sipe, que también promovió una denuncia ante la justicia ordinaria que ahora ha desembocado en un procedimiento penal en que el una de las absueltas en la vía contable, Miren Karmele Arias, responsable de Recursos Humanos de la Policía vasca, continúa imputada, el abono de dietas a la cadena de mando de la Ertzaintza supuso durante años el pago opaco a Hacienda de sobresueldos.
La sección de enjuiciamiento del órgano auditor, empero, ha desestimado la actuación del sindicato contra Arias y Camino, encargadas de la gestión económica en la Ertzaintza. Según el Gobierno, ya el instructor y la Fiscalía habían desechado que se produjeran irregularidades en el abono de las dietas y ahora se felicita por que la sentencia se haya pronunciado en ese sentido.
“Ahora el Tribunal de Cuentas ha confirmado que no hay dolo o negligencia en la gestión de los fondos públicos en la actuación de estos cargos públicos. Por el contrario, considera el Tribunal de Cuentas que su actuación ha sido correcta atendiendo tanto a los criterios de previsibilidad y diligencia exigibles a los gestores de fondos públicos respecto a una praxis continuada. Además, fueron diligentes en adoptar medidas correctoras respecto a las reservas o deficiencias que pudo detectar la Oficina de Control Económico en cuanto las puso de manifiesto”, ha explicado Seguridad en un comunicado oficial, el primero desde que se iniciara el procedimiento en el Tribunal de Cuentas hace ya varios meses.
Las medidas “correctoras” a las que hace referencia son, básicamente, nuevos controles en el pago de indemnizaciones por razón de servicio (como la distinción entre kilometrajes y uso de coches oficiales, nunca ambas dietas) o la regularización de las cantidades de IRPF correspondientes a dietas que no habían sido ingresadas a Hacienda en ejercicios anteriores, que luego se han repercutido a cada uno de los ertzainas. En todo caso, el equipo de Beltrán de Heredia siempre ha defendido que actuó conforme a la normativa vigente y que, además, esos decretos fueron aprobados por el Gobierno del PSE-EE, con Rodolfo Ares como consejero.
La sentencia del Tribunal de Cuentas (que puede ser recurrida) no cierra el recorrido judicial de las dietas. De hecho, continúa abierta la investigación penal, en la que varios mandos policiales que aparentemente se beneficiaron de unos pagos irregulares y la propia Arias están imputados. Fuentes del Ejecutivo también confían en que esta segunda actuación judicial quede archivada.
