Unidos Podemos impulsará una Ley para cerrar Garoña si el Gobierno aprueba la reapertura

El diputado de Unidos Podemos Juantxo López de Uralde ha advertido de que la denuncia de un grupo de técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la posible rebaja “encubierta” de los requisitos exigidos para la reapertura de la central de Garoña da “un giro de 180 grados” a este proceso, y ha anunciado que, si finalmente el Gobierno del PP da el visto bueno al reinicio de la actividad de la planta, su grupo presentará una proposición de ley o una iniciativa similar para “obligar a cerrar” las instalaciones.

López de Uralde planteará estas demandas a la vicepresidenta del CSN, Rosario Velasco, que comparecerá este martes en el Congreso de los Diputados para informar sobre la actividad del Consejo de Seguridad Nuclear, según ha explicado el propio diputado a los medios de comunicación en Vitoria.

Este organismo tiene previsto pronunciarse esta semana sobre la solicitud de la empresa propietaria de la central de Santa María de Garoña para reanudar la actividad nuclear de las instalaciones, que dejaron de estar operativas en 2012 al agotarse su permiso para producir energía. La decisión definitiva, no obstante, corresponde al Gobierno central.

López de Uralde ha destacado que todo el proceso para la posible reapertura de la planta ha dado “un giro de 180 grados” con la denuncia efectuada este pasado lunes por la Asociación Profesional de Técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTCSN).

Esta entidad recordó que los propietarios de Garoña (Iberdrola y Endesa) no han adoptado las medidas que les exigió el CSN en 2015 para “mejorar la seguridad” de la planta, por lo que advirtió de que, si se da el visto bueno a la reapertura de la central sin que previamente se lleven a cabo dichas mejoras, se estaría produciendo una “exención encubierta” del cumplimiento de dichos requisitos.

El diputado de Unidos Podemos ha advertido de que, si los propietarios de Garoña “no han cumplido las condiciones” que se les exigieron en su día, el CSN “no puede, sin más, emitir un informe favorable” a ampliar la licencia de actividad de estas instalaciones.

Las mejoras de la central

López de Uralde considera que lo “lógico” sería que el Consejo de Seguridad Nuclear “retrasará” su dictamen sobre este asunto hasta que se hayan acometido las mejoras exigidas en 2015 o que el informe sobre la reapertura de las instalaciones fuera “negativo” por no haberse cumplido los requisitos previos.

El diputado por Álava también ha criticado que el presidente del CSN, Fernando Marti Scharfhausen, “no haya cumplido su obligación” de comparecer ante el Congreso para informar sobre este asunto, enviando, en su lugar, a la vicepresidenta del Consejo.

Scharfhausen fue designado por el PP para presidir el CSN, mientras que Rosario Velasco desempeña la vicepresidencia de este organismo a propuesta del PSOE. El hecho de que, finalmente, vaya a ser esta última la que comparezca ante el Congreso supondrá, según López de Uralde, que una persona designada por un partido que rechaza la reapertura de Garoña, como el PSOE, vaya a encargarse, presumiblemente, de defender un informe “favorable” al reinicio de la actividad de esa planta. Por ese motivo, el diputado de Unidos Podemos ha reclamado al Partido Socialista que deje de “jugar a dos barajas” con este tema.

Mayoría contra la central

López de Uralde ha recordado que, en todo caso, una mayoría del Congreso de los Diputados ya se ha pronunciado en contra de la reapertura de Garoña. El PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, Bildu, IU, Compromís y Democràcia i Llibertat firmaron a finales del año pasado un escrito reclamando la paralización del proceso para reabrir estas instalaciones.

El representante de Unidos Podemos ha anunciado que si, finalmente, el Gobierno del PP da el visto bueno al reinicio de la actividad nuclear de Garoña, su grupo tratará de activar esa “mayoría clara” en contra de dicha decisión.

López de Uralde ha explicado que esto se realizaría a través de una proposición no de ley o de cualquier otro instrumento legal que permita “obligar” al Ejecutivo a cerrar Garoña.