Vender preferentes a unos ancianos analfabetos, ¿merece una investigación penal?
¿Hay o no hay nada que investigar por la vía penal en la venta de las preferentes o, en el caso vasco, de las aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor Electrdomésticos? Pues la respuesta varía en función de a quién se pregunte. La inmensa mayoría de los afectados considera que la Fiscalía ha permanecido “completamente inactiva”. Por el contrario, para los que no resultan afectados la actitud del Ministerio Público está siendo la correcta porque “no hay nada que investigar”. Sin embargo, hay casos paradigmáticos que hacen pensar en la cuestión.
Es el caso de una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia en la que ratifica la dictada por un Juzgado de Barakaldo. En ella se condena al Banco Santander al pago de 20.000 euros por haber vendido un producto “complejo y de riesgo” como eran las aportaciones de Fagor Electrodomésticos a un matrimonio de ancianos analfabetos 86 años de edad.
Gabriel Torres-Amann es el abogado que ha llevado este caso. “Gregorio y Amelia empezaron a trabajar en las labores del campo a los nueve años y no pudieron recibir estudios de ningún tipo. En 2006 recibieron en casa la llamada de la entonces directora de la Agencia de Cruces del Banco de Santander, quien les incitó a suscribir un producto que, según les indicó, eran ‘Bonos de Empresa’ de Fagor Electrodomésticos por un importe de 20.475 euros”.
En la sentencia, la jueza destaca el incumplimiento por el Banco Santander de las “obligaciones de diligencia, lealtad e información” en la venta de las aportaciones financieras subordinadas de Fagor. Según la sentencia, Amelia y Gregorio “tenían un absoluto desconocimiento de las características y riesgos” de ese producto financiero.
“En mi opinión”, señala Torres-Amann, “vender un producto complejo y de riesgo a unos analfabetos de más de 80 años tendría que haber movido a la Fiscalía a una investigación, sobre todo cuando hay ya encima de la mesa una gran cantidad de sentencias similares a esta. Se trata de un engaño premeditado en toda regla”.
Sin embargo, “la pasividad de los fiscales está siendo la nota dominante”, lamenta el abogado, quien añade que “hay casos en los que los representantes de los bancos incluso acuden a las residencias de ancianos para que suscriban las aportaciones. Y los mayores, con su buena voluntad lo hacen”.
