El Comité denuncia ante los tribunales al Ayuntamiento por la “imposición” de reducciones de jornada
Algunos de los trabajadores afectados por las reducciones de jornada aplicadas por el Ayuntamiento a cerca de cincuenta empleados con contratos programa- provisionales -van a presentar una denuncia ante los tribunales siguiendo la recomendación de los servicios jurídicos de los sindicatos. La inexistencia de informes técnicos de los departamentos para los que prestan servicios estos trabajadores, el de Bienestar Social y el de Servicios a la Ciudadanía, es el motivo principal que argumentan los letrados para presentar los recursos judiciales. “No existe un solo informe que respalde esta decisión absolutamente arbitraria, por eso iniciamos acciones judiciales contra el Gobierno municipal”, explican los portavoces de ELA.
Los representantes sindicales desconocen el número exacto de trabajadores que van a interponer la denuncia ante el contencioso. “Hay algunos que no están afiliados pero nos han llegado noticias de que acudirán por su cuenta con su propio abogado a defender su caso particular. De Comisiones llevamos a unos seis o siete a los que hay que sumar los de LAB y ELA”, explica Esther, portavoz de Comisiones Obreras.
La revisión periódica de 120 contratos programa a finales del mes de mayo de los cerca de 350 existentes actualmente en el Ayuntamiento de Vitoria se zanjó con la decisión acordada entre el PP y su socio presupuestario, el PNV de reducir un tercio de jornada y salario a cerca de 50 trabajadores. El concejal delegado de Hacienda, Manu Uriarte, anunció entonces que se tomaba esa medida para evitar despidos. “Las circunstancias económicas nos obligan. Varios de ellos van a seguir trabajando el 66% de la jornada y van a mantener la mayor parte de su salario, que son más altos que los de la empresa privada. Hablamos de sueldos por encima de los 1.200 euros”, justificaba el concejal.
Los trabajadores iniciaron una serie de movilizaciones como el encierro en las instalaciones municipales para denunciar la decisión del Gobierno popular. El colectivo solicitó al alcalde Javier Maroto que reconsiderase esa política de recortes y devolviera la jornada completa a los afectados. Según datos aportados por el comité en junio del pasado año había 450 trabajadores con contratos programa y a fecha de hoy quedan 350, se han destruido 153 en el último año.
