“Fomentar lo local y la participación vecinal es lo que produce ahorro”

El presidente de la Asociación de Concejos de Álava, ACOA, apuesta por el mantenimiento de las entidades menores de Álava, denominadas concejos, frente al adelgazamiento de la administración que persigue la reforma local del Gobierno de Mariano Rajoy. Javier Argote considera que fomentar lo local y la participación vecinal en el desempeño de tareas que atañen a los núcleos de población sí supone un ahorro y no la supresión de estos órganos. El colectivo alavés celebra a lo largo de hoy y mañana las jornadas “Los Concejos ante la reforma local” con el objetivo de que los grupos políticos participantes con representación en el Congreso se posicionen y revelen si apoyarán las enmiendas en defensa de los concejos alaveses planteadas por la asociación al proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Adminsitración local.

Pregunta. ¿Qúe particularidades diferencian a los concejos alaveses del resto de las entidades locales?

Respuesta. Los concejos de Álava no se rigen por el régimen común sino por el régimen foral. No dependemos en absoluto de los ayuntamientos sino de la Diputación foral de Álava, que es la que tiene la capacidad de tutela. Otra de nuestras particularidades es que la mayoría son concejos abiertos. Funcionan mediante la celebración de asambleas vecinales que son como el gobierno del concejo. Todos los vecinos mayores de 18 años pueden acudir a la asamblea y en ese foro se expone, se participa y se decide. Otra de las características es que en los concejos alaveses no hay participación de los partidos políticos. Hay elecciones cada cuatro años y concurren los vecinos. Puede haber candidatos y si los hay, la lista es abierta y en aquellos en los que no hay candidatos todos los electores son elegibles. En la actualidad funcionan 335 concejos en Álava de los que sólo 17 son cerrados. El resto son abiertos.

P. ¿Y la gente participa en las asambleas?

R. Sí, la participación es constante. También es cierto que es mucho mayor cuando los temas implican a muchos vecinos. la gente acude a las asmbleas y a las veredas, que es el trabajo comunitario. Saben que el bienestar de su pueblo depende también de su implicación. hay ninguna administración que llame a sus vecinos a vereda.

P. ¿Hasta dónde abarcan las competencias de los concejos?

R. Quitando urbanismo y los impuestos, que son competencia exclusiva de los Ayuntamientos, llegamos a todo lo demás. Por ejemplo hay 33 concejos que tienen su propio consultorio médico, hay 274 concejos que tiene su centro social, 313 su propio cementerio o 233 que gestionan directamente su alumbrado público.

P. ¿Por qué el anteproyecto de ley de la reforma local es perjudicial para los concejos?

R. Porque se carga de un plumazo el régimen foral. Equipara, hace tabla rasa y trata igual a un concejo alavés que a uno soriano y no somos iguales. Las entidades menores del resto de las provincias funcionan, excepto en contadas ocasiones como concejos cerrados, como junta administrativa en la que sí participan los partidos políticos. Sólo se elige directamente al presidente porque los vocales los elige el Ayuntamiento de cabecera al que presentan sus cuentas. Además el régimen foral se ha mantenido initerrumpidamente desde el siglo IX, lo que no puede ser es que ahora en el siglo XXI, en el año 2013 vayamos a perder eso. La Diputación y las Juntas generales tienen que defender su foralidad porque además se está funcionando muy bien.

P. ¿Qué otras consecuencias conllevaría la aplicación de esa ley de racionalización y sostenibilidad de la Adminstración local?

R. Nos preocupa qué va a ocurrir con todos los bienes que tienen los concejos. En el caso de Álava, más del 80% del monte es público y más del 70% del patrimonio edificado- inmuebles sociales, frontones, boleras, casas como la del maestro o la del cura- también. Todo lo que se ha ido haciendo es propiedad de los concejos. Ese patromonio pasaría a manos de los ayuntamientos y en nuestro caso, a la Diputación alavesa. María Dolores de Cospedal ya anunció que en Castilla La Mancha iban a vender muchas hectáreas de monte público y que se iban a hacer con unos 700 millones de euros. Vienen a por el patrimonio porque su venta va a salvar a muchos ayuntamientos de su deuda. Existe también un riesgo evidente de privatización de los servicios.

P. Pero en el caso de Álava, si los concejos desaparecen, ¿su papel lo desempeñaría la Diputación Alavesa, no?

R. Los concejos alaveses estamos dando el abastecimiento, el saneamiento, mantenimiento de las calles y el monte público; nos ocupamos de los caminos rurales, de los cementerios, de los centros sociales, etre otras tareas. Esta ley dice es que va a a marcar un precio por los servicios. Toda aquella entidad local, de menos de 20.000 habitantes, que no cumpla este precio, perderá esas competencias que pasarán, en nuestro caso, a la Diputación y será esta institución quien se ocupe de estas tareas durante cinco años. Pero la Diputación no tiene capacidad de asumir todo lo que hasta ahora hacemos nosotros. Llegados a este punto vemos de nuevo, un peligro de privatización, que no es la panacea, por cierto. No implica sin más abaratamiento de precios, sino peor servicio y en muchas ocasiones no más barato. El fin de la empresa pública es dar un buen servicio pero el de la empresa privada es ganar dinero. Y eso nos da mucho miedo. Esta reforma nos aboca a una muerte por inanición porque aunque digan que no desaparecemos sino no cumplimos esos requisitos que marcan nos quitan las competencias y una entidad local sin competencias, qué es, qué sentido tiene: ninguno.

P. ¿No es inevitable la desaparición de estos órganos menores en tiempo de adelgazamiento de la administración?

R. Tiene que quedar claro que los concejos no costamos nada a la administración y no tenemos déficit. Con la excusa de la crisis se está pretendiendo una vuelta al año 1954, a la ley de bases de Franco, con un control férreo de los ayuntamientos, de sus gastos, de sus miembros...La eliminación de los concejos no supone ningún ahorro, ni en Álava, ni en el resto del estado porque no hay gastos administrativos excesivos. Aquí en Álava tendrán personal administrativo cuatro concejos grandes. El resto no lo tiene. Todo lo hace el presidente o los vocales voluntariamente y altruistamente porque por ley, la propia norma foral, ya dice que el cargo será gratuito, no se puede poner sueldo. Solo podrá cobrar los gastos de teléfono o de viajes. Los concejos somos un ejemplo de ahorro clarísimo. No somos adminsitraciones engorrosas, sus cargos son gratuitos, sus vecinos participan en la veredas sin cobrar un duro, se llevan los servicios básicos sin coste administrativo excesivo. ¿Por qué no fomentamos eso en vez de eliminarlo?

P. Entonces, ¿no les convence en absoluto el nuevo decreto?

R. En todas las normas que va sacando el Gobierno de Mariano Rajoy, sea en sanidad, en educación...hay un intento de recentralización. Ellos plantean que la adminsitración local es un maremágnum con demasiados ayuntamientos, demasiadas entidades locales menores, demasiados consorcios y mancomunidades. Luego hablan de lo que cobran los alcaldes y lo que cobran los concejales pero de los grandes, porque en lo pequeño no cobra nadie. Y finalmente después de presentar ese panorama proponen eliminar más de 3.000 entidades locales menores, fusionar ayuntamientos, reducir concejales y bajales los sueldos. Planteado de ese modo tiene muy buena venta. Pero nosotros creemos que es precisamente al revés. Se trata precisamente de lo contrario. Lo que hay que fomentar es lo local, y dentro de lo local es la participación y eso es lo que produce ahorro.

P. ¿Con qué apoyos cuentan para sacar adelante esa enmienda en defensa de la particularidad de los concejos que han presentado al decreto?

R. Con esa enmienda pedimos que se introduzca una salvaguarda para el régimen foral dentro de esa ley. Hasta ahora sólo el PNV incorporará esta petición entre sus enmiendas. Esperamos respuesta del resto de los partidos. El PP tiene el poder de decisión con su mayoría absoluta. Si el PP alavés lo quiere, tendrá capacidad como para que se sigan manteniendo los concejos. Ellos nos han manifestado que defienden este mecanismo y que va a aclarar de qué modo afectará esa ley a los concejos alaveses, aunque aún no nos ha dicho cómo. No lo sabemos. Por este motivo hemos organizado las jornadas. Van a participar portavoces de los grupos con representación en Madrid y trataremos de que cada uno de ellos se posicione y digan si van a defender nuestros postulados en Madrid. Creemos que, nuestros representantes en Juntas generales, independientemente de sus siglas, deben apostar por su territorio y sus competencias, sean del PP o sean de cualquier otra agrupación.

P. ¿Usted confía en la potencialidad de los concejos como generadores de reactivación económica y social?

R. Sin duda. Tenemos capacidad para absorver una cierta cantidad de población y para hacer promoción económica. Ahora estamos negociando con la Cámara de Comercio, Diputación y Gobierno vasco intentar reabrir los antiguos ultramarinos que abastecían a las familias de los pueblos. Tenemos vivienda pública vacía y estamos tratando de atraer a profesiones liberales para que se instalen en los pueblos. La finalidad última de todas estas propuestas es que se asiente más población en los pueblos. Y quién ha mantenido hasta ahora a la población en los núcleos rurales alaveses es el concejo, eso es indiscutible. Hay un dato muy esclarecedor: en Álava un tercio de lo que siembran los agricultores va a parar a ellos, el otro tercio lo tienen en alquiler y el otro tercio restante es comunal. Lo mismo ocurre con los pastos. Todo eso se gestiona desde los concejos y lo habitual es que la explotación se ceda a los que viven en los pueblos. Eso es un mantenimiento de la población. Y el tener unos servicios cercanos y en los que se puede participar, también.