El alquiler social debe ser inferior al 30% de los ingresos familiares

El Parlamento vasco insta al Gobierno de Inigo Urkullu a que garantice que los precios de los alquileres de los inquilinos de viviendas públicas de Alokabide no sean superiores al 30% de los ingresos mensuales de las familias. Así mismo esa renta social debe incluir las tasas y los gastos fijos de comunidad, que según denunciaban los arrendatarios en ocasiones eran superiores a los 100 euros mensuales.

La medida aprobada es una de las reivindicaciones históricas de los usuarios del parque de viviendas sociales y ha salido adelante junto a otras seis gracias a los votos favorables de UPyD, PSE y EH Bildu. PP y PNV han votado en contra de su aplicación.

También solicitan que el precio por metro cuadrado de las viviendas de alquiler se adecue a la bajada sufrida en el precio de mercado y sea revisada anualmente al alza o la baja, en función de los ingresos de la unidad convivencial obtenidos en el ejercicio anterior a la fecha de revisión. Ha de preverse que cuando se produzca un cambio notable de ingresos, la adaptación de la renta de alquiler se haga en el plazo lo más breve posible y que se aplique desde el momento del cambio de situación. La misma proposición insta al Ejecutivo a que permita el acceso a la prestación complementaria de vivienda que concede el Gobierno. Otro de los cambios sugeridos y muy valorados por los inquilinos es que sean los propietarios de las viviendas quienes asuman los pagos del IBI y no ellos y que se permita a los vecinos su participación directa en la gestión de los gastos de comunidad, con el fin de reducir consumos que puedan ser innecesarios.

Arturo Vall, portavoz de la Plataforma Stop Desahucios de Euskadi ha hecho una valoración positiva de lo aprobado por los parlamentarios pero matiza que lo importante ahora es que el Gobierno “lo asuma y lo aplique cuanto antes”.