El anterior Gobierno concedió a dedo seis subvenciones por casi nueve millones en 2011
El Gobierno vasco concedió a dedo seis subvenciones por 8,8 millones de euros durante 2011, cuando estaba dirigido por el PSE, según constata el Tribunal Vasco de Cuentas. Las ayudas son variadas, desde equipamiento científico a la UPV y apoyo al trilinguismo hasta el sector rural. En todos estos casos el órgano fiscalizador señala que no estaba “justificada la imposibilidad de realizar la convocatoria”.
La mayor parte de estas subvenciones la acaparan la Universidad del País Vasco (UPV) y la de Deusto, por la contratación de doctores y equipamiento científico. Se trata de subvenciones por 2,4 y 2,3 millones respectivamente, en las que se también se detectan otras irregularidades, como que se paga sin una “justificación suficiente de la razón de la subvención” o que no se argumente el carácter excepcional de la ayuda.
El Tribunal Vasco de Cuentas también ve anomalías en obras menores del Departamento de Educación, en concreto 467 por un importe total de 11,2 millones de euros, que no deberían haberse fraccionado. “Aunque no llegan al mínimo para contratar promoviendo la concurrencia, podrían agruparse para su licitación por precios unitarios o mediante procedimiento de homologación de proveedores”. El informe destaca, en estos trabajos, que se hayan adjudicado al mismo contratista obras por un importe de de 2,2 millones de euros y que ese adjudicatario haya realizado “directamente obras por 4,9 millones de euros para el citado departamento”.
De este importe, 1,5 millones de euros corresponden a obras de emergencia y en el caso de otros 1,2 millones de euros el Consejo de Gobierno asumió la fiscalización jurídico-económica favorable tras estar informados negativamente por la Oficina de Control Económico (OCE), al no observarse los principios de publicidad y concurrencia.
El Tribunal vasco de Cuentas censura que, en estas obras menores del entonces Departamento de Educación, se continuaran contratando con 15 prestatarios de servicios o suministros “cuyos contratos habían vencido mientras se adjudicaba el nuevo expediente, incurriendo en gastos por un total de 0,9 millones de euros”.
En sus alegaciones sobre estas consideraciones, que se incluyen en el informe del Tribunal de Cuentas, el Gobierno solo se refiere a las subvenciones a dedo al sector rural, que en concreto se referían a la remolacha. Aduce que alcanzan “al total del sector remolachero sin excepción, es decir, no hay ningún posible beneficiario perjudicado por la ausencia de convocatoria pública”.
