El antimilitarista juzgado por 'robar' un casco militar recibe el apoyo de la sociedad
El antimilitarista Ignacio Sanz acudió al juicio que se celebró en la capital vizcaína el martes 20 por una acción contra el Ejército y los gastos militares apoyado por un amplio colchón de solidaridad de diferentes grupos sociales, pacifistas, músicos, catedráticos de la UPV y un ex senador del PSE-EE que destacaron la labor que tanto el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) como, en general, los antimilitaristas han hecho por “la construcción de la paz”. Además, el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga calificó en un comunicado de prensa de “incomprensible” el juicio y denunció que se “confirma la tendencia de la Ertzaintza a hacer acusaciones falsas y sin fundamento para criminalizar las protestas pacíficas” y “silenciar la disidencia legítima”.
Una vez dentro del juzgado número 4 de Bilbao, Ignacio Sanz negó la versión de los hechos que tanto la Fiscalía como la Ertzaintza han mantenido en sus escritos de acusación y que ayer intentaron probar en la vista oral. El ministerio fiscal y Ertzaintza mantuvieron su petición de dos años y medio de prisión y tres, respectivamente, contra Sanz, al que acusan de un delito de atentado en concurso con un delito de lesiones por haber retorcido, supuestamente, el dedo a un agente en una acción noviolenta del MOC. EH Bildu exigió ayer al Departamento de Seguridad que dirige Estefanía Beltrán de Heredia que retire la grave acusación ya que “Sanz sinplemente participó en una protesta contra los ejércitos y carece de toda credibilidad una imputación de comportamiento violento”.
Antes de la celebración del juicio, diferentes representantes de grupos sociales, miembros de la cultura y catedráticos y profesores de la UPV participaron en una rueda de prensa de apoyo al antimilitarista juzgado en Bilbao. Entre los asistentes estaban Imanol Zubero, profesor de sociología de la UPV/EHU, promotor de Gesto por la Paz y exsenador del PSE-EE; María Oianguren, directora de Gernika Gogoratuz; Gorka Ovejero, miembro de Mugitu! y uno de los condenados por el lanzamiento de tartas a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina; Gorka Ruiz, presidente del Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos por la Paz y Bakeola; Manolo Vilabrille de Lokarri; Ana Ruiz, Elena Fernández y Lourdes Moneo, de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia; Diego Jauregi, de Ekologistak Martxan; Borja Agirre, miembro de Redes Cristianas y Kristau Sarea; Isabel Villodas, de SOS Racismo; Pedro Ibarra, catedrático de Ciencias Políticas de la UPV/EHU y el músico y fundador de Oskorri Natxo de Felipe.
Los portavoces antimilitaristas agradecieron el gesto de solidaridad de todos ellos y recordaron, bajo el lema 'Desobeditzen!-Seguimos desobedeciendo', que se niegan “a que la sociedad esté al servicio de la cultura del miedo, sea éste en forma de represión o de guerra”.
Grabación del desalojo
En la sala de vistas, los ertzainas que participaron en el desalojo del grupo de antimilitaristas ratificaron su versión de los hechos. Hasta seis agentes y un mando policial sostuvieron que Ignacio Sanz, en un momento determinado de la protesta, abandonó su posición de relax para levantarse, coger el dedo del agente y retorcérselo para después volver a adoptar su posición inicial relajada. Sanz, con sus más de 90 kilos, fue arrastrado, cogido por las axilas y sacado del recinto donde estaba el casco que otros antimilitaristas lograron 'robar'.
En el juicio se exhibió una grabación, aportada como prueba por la propia Ertzaintza, en la que se puede ver el desalojo de los antimilitaristas por parte de los agentes. Para el letrado de Sanz quedó “muy claro que no se aprecia ninguna agresión a los 'ertzainas' que desalojaron a los antimilitaristas que participaban en la protesta contras los ejércitos”.
El agente que inició la causa aportó a la causa un informe del médico forense en el que se detalla las lesiones que le forzaron a estar de baja 57 días y en tratamiento de rehabilitación hasta el 31 de enero del pasado año. Por todo ello, pide tres años de prisión para Sanz y una indemnización de 4.420 euros. A la vista de los datos aportados por el ertzaina, básicamente su declaración y el parte de lesiones, la Fiscalía ha creído a pies juntillas el relato del agente de la autoridad y ayer mantuvo su calificación de los hechos y la petición de 2,5 años de cárcel y una indemnización de 4.220 euros. El juez deberá ahora valorar las diferentes pruebas y los testimonios escuchados en la sala de vistas en un juicio que quedó visto para sentencia.
