No más apartamentos turísticos en la Parte Vieja de Donostia

Tras un verano en el que el debate sobre la masificación del turismo ha estado muy vivo en San Sebastián, el alcalde, Eneko Goia, y el edil de Urbanismo, Enrique Ramos, no han querido cerrar el mes de agosto sin presentar la nueva ordenanza municipal reguladora de los apartamentos turísticos, que se habían multiplicado en muchos casos de manera ilegal en Donostia (2.000 disponibles en Airbnb frente a 889 registrados por el Gobierno vasco). La gran novedad de este nuevo reglamento pasa por el veto a la oferta de nuevos alojamientos vacacionales en el corazón de la ciudad, en la Parte Vieja y en la zona del puerto al ser consideradas zonas “saturadas”, una medida novedosa en el País Vasco. En el apartado sancionador, la normativa prevé multas de hasta 50.000 euros para los casos más graves. El alcalde de San Sebastián, el peneuvista Eneko Goia, espera tener refrendado el proyecto para otoño.

“No podrán albergar nuevas licencias más allá de las actualmente existentes o en tramitación. Queda prohibida totalmente la implantación de vivienda turística o alquiler de habitaciones para vivienda turística”, determina la ordenanza sobre la denominada Zona A (Parte Vieja y Puerto). La normativa, eso sí, puntualiza que no se actuará contra los alojamientos actuales siempre que sean legales.

Otro cambio fundamental que se prevé pasa por la supresión de la limitación de que esos apartamentos se ubiquen sí o sí en las primeras plantas de los edificios, una restricción que se ideó pensando en hoteles y pensiones pero que había colisionado con el nuevo fenómeno que supone estos pisos turísticos ofertados en plataformas de Internet como Airbnb o Homeaway. Este veto colisionaba también con la ley vasca de Turismo, que no impedía el registro a viviendas más altas si cumplían el resto de los requisitos. Esta disparidad de criterios había creado situaciones polémicas como la de las dos propiedades del Arzobispado de Toledo en la zona noble de la ciudad. La ley autonómica está pendiente de su desarrollo a través de un decreto que el Departamento de Turismo que dirige el socialista Alfredo Retortillo tiene bastante adelantado.

En la denominada Zona B, los barrios de “alta demanda” de visitantes como Gros, Amara (hasta Pío XII), paseo de Francia y parte de Egia y del Antiguo) podrá haber no sólo un piso turístico en las primeras plantas sino otro o bien encima de locales comerciales u oficinas (para generar menos molestias) o si el bloque tiene “un mínimo de siete plantas”. Sea como fuere, en ninguna comunidad podrá haber más de 250 metros cuadrados destinados al alquiler vacacional.

Los límites son más laxos en la Zona C, el resto de la ciudad, donde el Ayuntamiento ve posible incluso “un incremento de oferta de alojamiento turístico”. En este caso se podrá instalar un apartamento en las primeras plantas, hasta dos en las plantas altas si tiene el edificio siete alturas y otros tantos más por cada seis pisos adicionales. Aquí el tope son 350 metros para el total de alquileres de una comunidad.

El alcalde Goia ha apelado a la necesidad de buscar un “equilibrio” entre el desarrollo del turismo en sus nuevas formas y la convivencia vecinal. “La nueva regulación ”tiene en cuenta el criterio de proporcionalidad, puesto que no busca eliminar las viviendas de uso turístico, sino que lo que pretende es el uso racional de las mismas para establecer de un turismo sostenible y de calidad“, ha abundado Ramos.

Solo en el portal Airbnb, el 42% de todos los anuncios registrados en el País Vasco ofertan pisos en San Sebastián. En Donostia existen registradas 854 viviendas para uso turístico de un total de 1.062 registradas en Gipuzkoa. En toda la comunidad, las contabilizadas en el registro asciende a 1.640.

La ordenanza marca también que no podrán destinarse al alquiler vacacional viviendas de protección pública o sociales ni, desde luego, locales comerciales o, como se ha visto este verano, autocaravanas u otros tipos de servicios. Las casas habrán de tener un mínimo de dotación: un dormitorio, un cuarto de baño, una cocina y un lugar de estancia y un tendedero.

Para controlar la aplicación de los cambios, se prevé la creación de un grupo especializado contra el fraude compuesto por policías y técnicos de Urbanismo. Hasta ahora, un grupo de funcionarios ya había ordenado clausurar hasta 150 viviendas 'piratas'. Se estimaba que apenas el 27% de la oferta cumplía la anterior ordenanza. Según EH Bildu, la nueva reglamentación “no tendrá credibilidad” si no se hace cumplir la anterior. “Hay más de 1.500 pisos ilegales que hay que cerrar. No debe haber una amnistía encubierta”, ha manifestado la coalición abertzale, la formación más beligerante contra la masificación del turismo en Donostia.