14 ayuntamientos aprueban mociones contra la privatización del Registro Civil
Un total de 14 ayuntamientos vascos han aprobado en pleno mociones contra la privatización del Registro Civil y la “amenaza” de desaparición de los Juzgados de Paz, sumándose, de esta forma, a la iniciativa impulsada desde los sindicatos con representación de la Administración de Justicia en el País Vasco (CC.OO, ELA, LAB, CGT, y UGT).
Los ayuntamientos con la moción ya aprobada son los de Abanto, Sestao, Trapagaran, Getxo, Abadiño, Amorebieta, Andoain, Ibarra, Idiazabal, Lezo, Laudio, Zalla, Oiartzun, y Zestoa, y esta previsto que se posiciones sobre este asunto los consistorios de Irun, Barakaldo, Vitoria y San Sebastián.
Según han informado los sindicatos, en estas mociones los ayuntamientos muestran su rechazo al proyecto del Partido Popular de privatización del Registro Civil, con su paso a los Registradores mercantiles y, al mismo tiempo, “muestran su preocupación por la amenaza de desaparición de los Juzgados de Paz”.
Los sindicatos han señalado que, “tal y como ya ha manifestado la Unión Europea, los registradores de la propiedad no pueden ser considerados como empleados públicos, pese a su forma de acceso, ya que son profesionales, en la práctica, con interés privado, obligado a pagar IVA, y que funcionan mediante la instauración de aranceles y tasas por sus servicios, al mismo tiempo que sus empleados no están sujetos al deber de confidencialidad que tiene todo empleado público”.
Al mismo tiempo, han recordado que, “como en cualquier país democrático de nuestro entorno, un proceso como éste hubiera sido impensable”. “Aún suponiendo que el Gobierno del partido popular actuara con buena fé y en base al interés general, varios de los responsables del gobierno que inició este proceso, y de sus altos cargos, hubieran tenido que dimitir por incompatibilidad manifiesta y conflicto de intereses, al ser registradores de la propiedad ellos mismos o algunos de sus más próximos allegados, empezando por el propio presidente del gobierno”, han afirmado.
Por último, han advertido de “la directa repercusión que tendrá tanto en el ciudadano como en la propia administración pública”. “Los datos de todos y cada uno de nosotros desde que nacemos hasta nuestra defunción, de nuestros antepasados y descendientes, con todas las variables que se pudieran producir a lo largo de nuestra vida, van a quedar en manos con interese privado, con todo lo que eso supone”, han señalado, para añadir “que el enorme valor histórico y sociológico de los libros del Registro Civil dejaran de estar en manos públicas”.
Por eso, han hecho un llamamiento específico al Gobierno vasco para que, “en base a la resolución aprobada en febrero de 2014, intensifique su actuación de defensa del Registro Civil como servicio público y gratuito y acelere las negociaciones para la transferencia de gestión y ejecución al Gobierno vasco”.
