Sindicatos elevan a 200 los empleos que corren peligro por la reestructuración de Lanbide
Colectivos sociales y sindicatos se han manifestado hoy frente a las oficinas de Lanbide de la calle Mazarredo de Bilbao para denunciar los recortes del Gobierno vasco. Por un lado, la protesta iba dirigida en contra de la reducción de las cuantías y el endurecimiento de las condiciones para acceder a prestaciones sociales. Por otro, con la propuesta de nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para la restructuración del servicio vasco de empleo planeada para finales de año, gran parte de la intervención se ha centrado en denunciar la merma de las condiciones de trabajo de sus empleados. Los sindicatos ELA y LAB han elevado la cifra de empleos que corren peligro hasta los 200.
Aunque el departamento de Empleo y Asuntos Sociales, del que depende Lanbide, todavía no se ha pronunciado al respecto, eldiarionorte.es tuvo acceso la semana pasada a la nueva RPT que reduce a 795 los 875 puestos actuales. Los 210 empleados contratados en 2011 cuando el Gobierno vasco se hizo cargo de la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos(RGI) serían los primeros perjudicados de llevarse a cabo una reducción de plantilla. De hecho, al haber sido contratados como funcionarios ligados a un contrato programa temporal, todos ellos están ahora mismo en peligro.
Los sindicatos también denunciaron que la dirección de Lanbide ha planteado reducciones salariales de hasta un 20% para más de un tercio de la plantilla y un aumento de la jornada de las 35 horas actuales hasta las 37 y media. Javier Naveda, representante de ELA, también ha acusado al ente de haber cometido varios “fraudes de contratación”. “ELA ha interpuesto más de 30 demandas por contrataciones a dedo y hemos ganado todas hasta la fecha”, ha explicado Naveda.
Los sindicatos y colectivos sociales reunidos hoy ante la oficina de Mazarredo creen que estos recortes en las condiciones laborales de la plantilla podrían tener repercusión sobre la calidad del servicio que presta Lanbide. Han criticado que ya ahora en muchas oficinas se ha impuesto un número máximo de personas que pueden ser atendidas cada día debido a la insuficiencia de personal y la situación podría agravarse debido a la restructuración.
Además, también han denunciado que hasta la fecha las cuantías de las prestaciones se han reducido en un 7% y que los nuevos criterios establecidos por el Gobierno vasco para el acceso a la RGI han provocado que muchas familias queden fuera de la misma. Se han retirado las ayudas a familias monoparentales, parejas afectadas por desahucios acogidas por familiares y se ha establecido un plazo máximo de percepción para quien tiene un empleo precario. “Criterios restrictivos que se añaden a los que ya antes se aplicaban”, han definido.
Por último, han censurado que se realicen “continuas campañas de criminalización de las personas perceptoras de ayudas sociales”. Por todo esto, han exigido que se de marcha atrás en todos los recortes impuestos durante los últimos años y que se garantice un servicio público de empleo de calidad dotado de personal suficiente. Los colectivos sociales reunidos hoy junto a ELA y LAB han sido Berri-Otxoak, Danok Lan, Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, Renta Básica Universal taldea y SOS Racismo.
