“La aplicación de la cadena perpetua va a ser una pena cruel”

Juan Luis Ibarra (Sopelana, 1948) se presenta a la reelección al frente del Tribunal Superior de Justicia vasco con parte de sus objetivos cumplidos. Las relaciones institucionales con el Gobierno vasco han mejorado, los jueces ya no están lastrados por la amenaza terrorista “ni presionados” por ETA en su trabajo. El magistrado Ibarra defiende el trabajo “serio y exhaustivo” del juez del ‘caso de Miguel’, criticado por el PNV, y cuestiona que Euskadi sea un oasis en la lacra de la corrupción. “Si realmente fuéramos un oasis en el tema de la corrupción no hubiéramos permitido durante 30 años la extorsión a los empresarios por la organización terrorista ETA”, asegura en esta entrevista justo antes de que se inicie el próximo 15 de abril el plazo para optar a la reelección en el cargo, algo que todas las fuentes judiciales consultadas dan prácticamente por hecho.

¿El objetivo es que en esta legislatura Donostia tenga finalmente la Nueva Oficina Judicial (NOJ)?

Así es. El problema es que el nivel de coordinación necesario entre los Gobiernos central y vasco es lo que hace que se retrase. Pero también de infraestructuras. La infraestructura informática ha sido nuestro gran tropezón. Lo que descubrimos en las primeras implantaciones de la oficina judicial es que no íbamos a tener el expediente informático, y deben de ir juntos. Y no lo vamos a tener en los próximos cinco años.

El anterior Gobierno llevó a la Fiscalía la no entrega de las aplicaciones informáticas pagadas con dinero público. La Fiscalía entendió que no había delito.

Sobre lo que pasó es muy sencillo, los aplicativos estaban contratados y no se entregaron. Para la NOJ necesitábamos una actualización en el sistema operativo propio que tenemos en Euskadi. Y tenían que estar hace cinco años. Y al retraso hay que unir la falta de interoperabilidad de los jueces con la Fiscalía, la del ministerio público con las comisarías policiales y la relación de todos los juzgados vascos con los de otras comunidades.

¿Esto está produciendo fallos en el sistema?

La realidad es que la interoperabilidad entre la base de datos de la Ertzaintza y de la Policía no existe. Ambos sistemas informáticos no se hablan. Lo intentaremos solucionar con una oficina judicial, de forma que será un funcionario de la Administración de Justicia el que mantenga en contacto a las policías.

¿Cómo está la plantilla de jueces en Euskadi?

En ese ámbito, no tenemos grandes expectativas de que crezca el número de órganos judiciales, pero sí la plantilla de jueces. Nuestra plantilla orgánica tiene 196 órganos judiciales y la de personal judicial son 230 jueces. De ellos, 10 responde a la figura de jueces de adscripción territorial, es decir, que no son titulares de un órgano judicial y va a ir en aumento. Y están adscritos a la presidencia del TSJPV que los distribuye de la manera más conveniente. Aquí es la Sala de Gobierno la que decide. En Madrid o Andalucía son 50 o muchos más. El problema es que la inamovilidad, al no estar adscritos a un juzgado, la tienen tocada. Aquí se está produciendo un corte generacional que va a ser muy importante de aquí a unos años. Hemos absorbido la caída de jueces sustitutos, que han caído empicado. Hasta 2012 teníamos en Euskadi 1,1 millón de euros para jueces sustitutos, ahora son 400.000 euros, así que mensualmente nos podemos gastar 30.000 euros mensuales en sustituciones.

¿Y cómo consiguen mantener el nivel de resolución de sentencias por juez?

No se consigue. Lo que haces es frenar la bajada, porque bajar, bajas. Hay una semana sin señalamientos y el juez la dedica a cubrir las sustituciones que haya que cubrir de sus compañeros. Hay menos señalamientos. La calidad no ha bajado, pero sí el número de sentencias que dictan los jueces. No se ha notado tanto en las estadísticas porque el efecto de las tasas ha sido demoledor en algunas jurisdicciones. Pero al final del año queda sin resolver el último trimestre

Usted ha dicho que Alberto Ruiz Gallardón no ha sido un buen ministro de Justicia.

Ahora no tiene mucho sentido personalizar, pero esta legislatura desde el punto de vista de la Administración de Justicia ha sido una legislatura perdida. En el 2002 hubo un Pacto por la Justicia y en esta legislatura no se ha cumplido ninguno de sus objetivos. El Pacto de Estado por la Justicia ha muerto. Abogados, procuradores, fiscales, jueces, secretarios, todos coincidimos en que nos ha resultado ciega.

Todos esos operadores jurídicos son los que han estado detrás de las pancartas contras las tasas, etc.

De pronto hemos entrado en la oscuridad y han pasado cosas que solo podemos valorar por sus resultados. Por ejemplo, la imposición de un sistema desproporcionado de tasas, que ha sido demoledor en algunas jurisdicciones, que ahora el nuevo ministro reconoce sin ambages.

¿Qué casualidad que sea ahora, no?

Esa es la realidad. Y se nos dijo que con ese dinero se iba a nutrir el derecho a la asistencia jurídica gratuita y al final de la legislatura se nos dice: “la verdad es que no tenemos ni idea a dónde ha ido el dinero de las tasas”.

Usted ha censurado los efectos que va a tener la privatización de los registros decidida por el PP.

Al final van a estar en manos de los registradores de la propiedad mercantil en junio.

¿El presidente Rajoy es registrador de la propiedad, no?

Pues sí. Pero no hay tantos registradores mercantiles, así que serán los de la propiedad. Y aunque son funcionarios públicos viven del arancel, no viven de los presupuestos del Estado.

Alguien tendrá que pagar entonces ese servicio.

Son los ciudadanos los que lo tienen que pagar. Tienen un compromiso de que sea gratuito, pero ese compromiso se podrá mantener solo cierto tiempo. No van a asumir ese servicio para perder dinero. Además, para junio es imposible que los registros vayan a ser gestionados por los registradores. Y además no se ha evaluado el coste del servicio.

Los empresarios han cargado contra la Sala de lo Social por sus continuas sentencias en contra de sus intereses en la aplicación de la reforma laboral

Lo primero que hay que decir es que la actuación de la Sala de lo Social ha sido muy buena. Tras la desaparición de los controles por parte de la autoridad administrativa en los EREs y los convenios colectivos, queda en manos de la jurisdicción social. Y lo que ha hecho es controlar de manera estricta si se cumplía o no el procedimiento que recogía la reforma.

Pero poco más o menos les han acusado de rojos a esos jueces

Yo creo que su trabajo ha sido prudente y lejos del activismo judicial. El Constitucional ha avalado la reforma y ahora en la segunda fase lo que queda de manifiesto es que también pesa el derecho comunitario (Tribunal Europeo de Justicia) y la legalidad internacional (OIT) para aplicarlas al caso de la reforma. Lo importante no acaba ya en la norma estatal, sino en convertirla en derecho vivo. La Europa del imperio de la ley en el siglo XXI, que es el siglo de la gestión dela incertidumbre, no la podemos entender basada en que un único legislador produce el derecho y el aplicador del derecho debe ser ciego y mudo.

¿Pueden estar satisfechos los jueces en un país que sigue desahuciando diariamente a centenares de personas?

El juez no puede suplantar al legislador. Con el cambio legislativo inducido por Europa está asegurado que no se produce un desahucio sin que la persona afectada ejerza el derecho de defensa. En este país más del 90% de los lanzamientos se cursaban sin el abogado del afectado. El control del contrato ha aumentado de una manera exponencial: cláusulas abusivas, etc. Lo que no se ha conseguido es la Ley de la segunda oportunidad para los afectados, pero eso es responsabilidad del legislador.

España ya tiene, gracias al PP, la prisión permanente revisable.

No se ha querido llamarle por su nombre, que no es otro que la cadena perpetua. En Europa, el Convenio de Derechos Humanos prohíbe las penas inhumanas, crueles y degradantes. La aplicación de la cadena perpetua en España va a ser una pena cruel. Y lo es porque con la nueva norma no se sabe cuál es el horizonte de cárcel del condenado. Por eso esta pena está abocada a ser cruel.

¿Qué le parece las resoluciones de Vigilancia Penitenciaria que rechazan los acercamientos de 30 presos de ETA?

La Audiencia Nacional tiene un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de gran calidad profesional. Las resoluciones entran dentro de una lógica bastante aplastante: en realidad no hay por los presos una aceptación de la responsabilidad individual, y no es verdad que ha habido solicitudes individuales. Los presos no se han acogido a las medidas individuales de reinserción, como ese mundo ha publicitado, y la resolución del juez lo pone de manifiesto.

Con la reforma, por primera vez el Código Penal recoge el delito de financiación ilegal de partidos.

Es así, no existía, aunque eso no significa que haya habido impunidad de este tipo de delitos.

¿Participa de la idea de que Euskadi en un oasis en el desierto de corrupción española?

Oasis, en los desiertos. Hay que distinguir entre corrupción económica, urbanística y política. La estadística revela que en un número, que no podemos decir que es elevado de asuntos, la corrupción política, la financiación ilegal de partidos, las causas aquí son muy escasas. Es significativo, pero no nos permite hablar de oasis. En las causas que se van resolviendo, el modo de operar de la corrupción no es muy distinto al de otras partes de España.

El PNV ha criticado al fiscal y al juez del ‘caso de Miguel’, el mayor caso de corrupción en la historia de Euskadi.

La resolución del juez del ‘caso de Miguel’ condensa un trabajo realmente exhaustivo y maneja, con datos y hasta nueve gráficos, una hipótesis delictiva. Me parece que es un trabajo muy serio que nos vuelve a poner de manifiesto que la corrupción nunca se da de manera químicamente pura. No creo que lo de la corrupción en Euskadi sea para sacar pecho. Si realmente fuéramos un oasis de corrupción no hubiéramos permitido durante 30 años la extorsión de ETA a los empresarios. Si ha habido 10.000 personas extorsionadas en una comunidad de dos millones de habitantes creo que no podemos decir que seamos un oasis, ni que somos un dechado de virtudes cívicas. Somos unos humanos bastante parecidos a los demás.

¿El Gobierno debe hacer algo más para consolidar la convivencia y acelerar el final definitivo de ETA?

La sociedad vasca no está cerrada a una resocialización de las personas que están cumpliendo condena por delitos terroristas. Un grupo que nunca ha dejado de estar socializado en su mundo de la izquierda abertzale. Y en ese ámbito social, las posiciones respecto de la violencia han cambiado, han hecho una revisión de sus planteamientos, no digo del pasado, que eso tiene que ver con la memoria. Desde ese ámbito social ha surgido una iniciativa política Sortu que en sus estatutos hace expresión sincera y manifiesta de renunciar al uso de la violencia. Si las personas que cumplen condena están socializadas en ese ámbito, lo que podríamos esperar es que desde Sortu se reclamara a los presos que aceptaran lo que ha aceptado la sociedad.

¿Y cómo deberían hacerlo los presos?

Pues aceptando su responsabilidad en los hechos que les han llevado a prisión. Y eso no es un objetivo en sí mismo, sino el paso necesario para el tercer mimbre que ya está preparado: el Gobierno vasco tiene un plan y programa de aplicación de justicia restaurativa para los presos que quieran optar por ese camino.

¿El acercamiento de presos ayudaría a esa resocialización?

Sí ayudaría, pero si viene acompañado de todo lo que he comentado antes. Creo que sería un error que no se produjera el acercamiento si los presos de ETA aceptarán la socialización asumiendo las responsabilidades por los delitos cometidos. La próxima legislatura va a ofrecer una oportunidad distinta que actual en esta materia y este horizonte debe estar abierto. Si no estuviera abierto no existiría la cárcel con las dimensiones que tiene Zaballa. Esa infraestructura, y hemos ido unas cuantas veces, está pensada para ese horizonte.