“Los clubes de cannabis queremos sustancia de calidad y no financiar redes ilícitas”
Para Iker Val, miembro del gabinete jurídico de la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis de Euskadi-Eusfac, la regulación de los clubes sociales no tiene marcha atrás. “Vivimos una normalización social, pero no jurídica”, se lamenta. Valñ ha defendido en el Parlamento vasco la viabilidad legal de los clubes, que incluso pagan el IVA a Hacienda por dispensar a los socios cantidades limitadas de cannabis. Con el ojo puesto en la regularización seguida en Uruguay, Val está convencido de que un cambio de Gobierno conducirá hacia la normalización. Para ello, su federación ya trabaja en busca del consenso con el PSOE y los partidos emergentes, como Podemos y Ciudadanos. Incluso con el PP, que mantiene el rechazo más frontal.
¿Cuál es la realidad social de los clubes de cannabis en Euskadi?
La realidad es que hay 110 clubes (700 en España) y 28.000 personas consumen diariamente. Una buena parte ya están registrados en las asociaciones, lo que significa una reducción de la demanda y la criminalidad. Euskadi es referencia a nivel nacional porque el proceso de normalización sigue adelante. De hecho, la ordenanza del Ayuntamiento de San Sebastián está recurrida, pero eso no impide que se emitan licencias. Que haya un cambio legislativo y que la futura ley vasca de Adicciones inste a regularizar los clubes sociales de cannabis es un paso importante. Pero está claro que tenemos limitaciones por parte del Estado. Desde la plataforma de regulación responsable se está impulsado un cambio de legislación para la próxima legislatura y para ello estamos buscando el consenso de Podemos, Ciudadanos, PSOE e incluso el PP, aunque esté en una posición más radical.
Hay una normalización social, que no está acompañada de una normalización jurídica. Es una situación extraña porque los clubes de cannabis incluso pagan a Hacienda el IVA.
La Hacienda de Gipuzkoa entiende que las cuotas que se recogen por dispensar a los socios cantidades limitadas de cannabis están sujetas a IVA y por su naturaleza tienen que ser reguladas. Es parte de la normalización. El PP lleva una legislatura atacando los derechos civiles, el estado de bienestar y a cuestiones que resulten alternativas. Hay que disociar el mensaje de la prevención y la regularización de los clubes sociales para que desaparezca la inseguridad jurídica.
Los psiquiatras alertan constantemente sobre los efectos perjudiciales del cannabis entre los más jóvenes. ¿Puede que eso esté haciendo que el Gobierno no dé el paso de la regularización de los clubes?
Es un fallo de enfoque. Nos consta que el debate se va a abrir la próxima legislatura y ahí veremos cuando comparezcan los expertos si se puede buscar una solución. Pero lo que no se puede hacer es lo que hace ahora el Gobierno, criminalizar a quien lo usa, a quien se autoorganiza. Al final esos clubes sociales es una expresión natural de la incoherencia en la que vivimos con la política de cannabis porque hay una disponibilidad absoluta de esta sustancia. Por lo tanto, hay un sector de esa gente que consume cannabis que ha dicho basta ya, vamos a autoorganizarnos, queremos sustancia de calidad y no queremos financiar las redes ilícitas. El Gobierno habla de proteger la salud pública, pero no tiene las suficientes herramientas y parte de un principio erróneo, que es obviar a la sociedad civil.
¿El ejemplo a seguir en España sería el de Uruguay?
Sí. En Uruguay se produce una intervención de salud que ayuda a la democracia. Es un planteamiento integral, aborda los clubes sociales, el autocultivo y el acceso al cannabis medicinal. No me queda ninguna duda de que en España se terminará por autorizar la dispensación de cannabis natural con fines medicinales.
