Cuatro años de cárcel a un exalto cargo de Madrazo por malversar dinero público
La Audiencia de Bizkaia ha condenado a Txema Gonzalo, el delegado territorial de Vivienda en la época en la que Javier Madrazo dirigía este departamento del Gobierno vasco, a cuatro años de cárcel por un delito de malversación de dinero público. Además, le inhabilita durante ocho años para desempeñar cualquier empleo o cargo público por otro delito de prevaricación administrativa y le impone el pago de 393.000 euros al Gobierno vasco por el perjuicio ocasionado a las arcas públicas. Con este fallo se salda (por el momento) el juicio abierto contra Gonzalo y su colaborador Jon Alonso por la gestión de ambos durante el proceso de liquidación de la Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia en 2006. Alonso ha sido absuelto.
La sentencia concluye que las actuaciones de Gonzalo durante ese proceso de liquidación de la Cámara estuvieron caracterizadas por la arbitrariedad y el personalismo. “Existían mecanismos específicos de contratación de personal y de ejecución de obras en el ámbito administrativo que orilló deliberadamente [Gonzalo]. Así, en muchos casos, benefició o favoreció a personas conocidas o a asociaciones con las que tenía una vinculación directa, que descarta tanto la causalidad o el azar, como la imprudencia en su actuar”, recalca la sentencia.
La arbitrariedad resulta evidente, según la sentencia, cuando, por ejemplo, “contrató personal que a la postre terminó prestando sus servicios en el Departamento de Vivienda, ajeno a la labor encomendada de liquidación de la Cámara”. O cuando contrató ejecución de obras que “rebasaban ampliamente las de mantenimiento y conservación de un edificio cuyo destino final se desconocía”. Y también cuando destinó 420.000 euros a Aukeratu, una asociación que administraba el propio Gonzalo y que fue creada para gestionar el servicio Berdindu de atención a homosexuales. Una enorme cantidad de dinero que, además, no ha podido “acreditarse” que fuese destinada de forma íntegra a este servicio. También se mencionan los 1,8 millones de euros utilizados para remodelar el edificio de la Cámara “cuando no era necesario en un proceso de liquidación” y estaban “fuera de su competencia”.
La percepción que deja la sentencia es que durante la liquidación se utilizaron los fondos públicos como si hubiese barra libre. Se realizaron contrataciones de personal, se financió una película y se sufragaron gastos de todo tipo. La labor de Gonzalo como liquidador de la entidad debería haberse limitado a hacer un inventario de los bienes de la Cámara, pagar las deudas y escriturar su patrimonio en favor de la Administración. Según el Tribunal Vasco de Cuentas, la liquidación no debería haber excedido de los 1,7 millones de euros. Sin embargo, durante el proceso se gastaron 4,3 millones de euros.
