Dos exaltos cargos del PNV comparecen en un juzgado por el cobro de 300.000 euros sin ir a trabajar
Los dos ex altos cargos del PNV que cobraron casi 300.000 euros de una empresa pública sin ir a trabajar, según la Inspección de Trabajo de Bizkaia, tendrán que dar explicaciones este miércoles ante un juzgado de Barakaldo. Juan Cruz Nieves e Iñigo Camino declararán ante el juzgado de instrucción número dos como imputados de los delitos de fraude a la Seguridad Social y malversación por figurar como adjuntos a la gerencia de la sociedad pública Ibarzaharra (dedicada a la promoción de suelo industrial y propiedad de los Gobiernos central, vasco, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Sestao) entre 2008 y 2013, pero sin que acudieran a su puesto de trabajo. Según la Inspección de Trabajo, “ha quedado acreditado el carácter simulado de la relación laboral” y su “carácter fraudulento”. A pesar de ello, han cobrado salarios por casi 300.000 euros sin ir a su puesto de trabajo, señala el contundente informe de la Inspección elaborado el pasado año.
El acta, que figura en las diligencias de la investigación del juzgado de instrucción número 2 de Barakaldo, relata que “pese a la ausencia de actividad laboral”, tanto Camino como Nieves cobraron incluso incentivos por casi 22.000 euros (7.800 y 14.000 respectivamente). Los dos imputados en este caso desvelado por eldiarionorte.es tienen un gran peso en el PNV, especialmente Iñigo Camino, quien fue asesor del actual presidente del PNV durante el periodo en el que cobraba de la sociedad pública Ibarzaharra (año y medio, entre 2008 y 2009). Es decir, en realidad sí trabajaba, pero no para quien le pagaba, sino para el PNV, dado que en esos años fue el coordinador del foro de reflexión del PNV Think Gaur Euskadi 2020, que diseñó la ideología de los peneuvistas para esta década. Camino fue director de Radio Euskadi y del diario Deia, afín a los peneuvistas, y ahora es asesor de este partido en las Juntas Generales de Bizkaia. Ha estado siempre muy ligado al área audiovisual y fuentes del sector coinciden en que “el negocio audiovisual en Euskadi se mueve alrededor de Camino”.
Nieves, por su parte, ya está apartado de la primera línea. Pero en su momento fue el primer diputado foral vizcaíno de un área tan clave como el urbanismo dentro del equipo del actual diputado general, José Luis Bilbao. Además, ocupó el cargo de director gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia, la entidad que gestiona las obras del metro de Bilbao. Precisamente su controvertida gestión, al ser acusado, por el entonces Gobierno vasco dirigido por el PSE, de ocultar unos remanentes de tesorería de 60 millones motivo su cese y finalmente recaló en Ibarzaharra como adjunto a la gerencia entre 2010 y 2013.
La Inspección señala en su informe que Iñigo Camino, “pese a la falta de prestación de servicios”, cobró 89.580,74 euros (incluidos los incentivos) entre abril de 2008 y septiembre de 2009 (cuando se dio de baja para ocupar el cargo de director de Deia), en lo que califica de “carácter simulado de la relación laboral”. El informe concluye que “ha quedado acreditado” que no existía “ninguna relación con el cargo al que teóricamente debería auxiliar”, en alusión al gerente. Destaca que Camino no aporta “ninguna documentación que pueda sustentar ni siquiera mínimamente la actividad laboral que haya podido desempeñar”.
“A Iñigo Camino no le visto el pelo”, declaró el entonces gerente de la sociedad pública Ibarzaharra cuando el inspector de trabajo le pregunta por el trabajo de aquel. “Me lo presentaron una vez en la oficina y no puedo acreditar actividad alguna por parte del señor Camino”, resaltó ante el inspector. El desconocimiento llega al punto de que el gerente no conoce “ni el objeto del contrato ni la actividad de Camino. Tan solo conocí su contratación”.
En cuanto a Juan Cruz Nieves, que se dio de baja de su puesto en febrero de 2014, semanas después de que el caso fuera desvelado por el diarionorte.es, el acta de la Inspección señala que percibió igualmente un total de 162.714,93 hasta octubre de 2013, “pese a la falta de prestación de servicios”. Ahí no se incluyen las nóminas de los últimos meses hasta febrero de 2014 ni el finiquito de su baja (pactada tras revelarse lo ocurrido), con lo que la cantidad total rondaría los 200.000 euros.
Sin correo electrónico
Sin correo electrónicoEl acta de la Inspección concluye que “ha quedado acreditado, de nuevo, el carácter simulado de la relación laboral toda vez que en un periodo de 35 meses tan solo se puede acreditar documentalmente la participación del afiliado en cinco reuniones de la empresa” y sin que Nieves, al igual que “su predecesor Iñigo Camino haya acudido al centro de trabajo o haya mantenido relación significativa con el gerente de la empresa”. De hecho señala que carecía de correo electrónico de la sociedad, a diferencia de los otros dos empleados que sí acudían a su puesto (el gerente y la secretaria).
Juan Cruz Nieves cumplió 65 años en agosto de 2012 y podía haber abandonado ya este cargo acogiéndose a la jubilación. La pensión máxima es de 35.762 euros brutos anuales, la mitad de lo que ha estado percibiendo. Pero se mantuvo cobrando hasta que se destapó esta situación.
La Inspección de Trabajo se refiere a este asunto y señala que, pese a tener derecho a jubilación desde 2010, el exalto cargo pidió la suspensión en febrero de 2011 para seguir cobrando de la sociedad pública. “Como consecuencia de su alta fraudulenta” en Ibarzaharra, el cobro de su pensión se ha elevado de 2.395 euros brutos a 2.803, señala.
La Inspección ha impuesto una sanción contra Nieves (contra Camino no ha podido actuar por haber prescrito los hechos en el área laboral) “por simulación de la relación laboral” así como contra la empresa y la anulación de los periodos de alta en la Seguridad Social. Al haber pasado el caso a la vía penal, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sí ha incluido a Camino en sus indagaciones.
La investigación judicial incluye un escrito fechado en julio de 2011 del Departamento de Industria del Gobierno vasco, entonces en manos del PSE, en el que, como uno de los cuatro propietarios de Ibarzaharra, manifiesta su preocupación por el hecho de que Nieves no acudiera a su puesto de trabajo. “No creemos que debamos mantener un puesto que no se necesita y que no se ejerce. En ese caso, pediría a los representantes de Sprilur (la sociedad pública del Gobierno presente en el accionariado) que solicitaran la amortización del puesto. No creo que sea bueno en tiempos de crisis utilizar dinero público para mantener puestos de trabajo fantasma”. Esta petición no fue atendida por las otras instituciones de Ibarzaharra, el Gobierno central, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Sestao.
Pese a la contundencia del informe de la Inspección, el Gobierno vasco ha defendido a los dos imputados. En octubre pasado, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, se limitó a enumerar en el Parlamento de manera general las funciones que tenían encomendadas: proyección exterior de la sociedad, promoción urbanística y captación de posibles empresas para el futuro polígono. Pero sin mencionar ningún trabajo concreto. Su respuesta enojó a la oposición. “¿Usted se imagina a algún trabajador de su departamento del que no pueda decir un trabajo concreto en tres años?”, espetó el portavoz de EH Bildu, Igor López de Munain.
