¿Quién es quién en el 'caso De Miguel'?
Entre el 8 de enero y el 25 de octubre, si se mantiene el calendario previsto, unas 150 personas pasarán por la Audiencia de Álava dentro del macrojuicio del 'caso De Miguel'. Éste es el quién es quién del mayor caso de corrupción investigado en Euskadi hasta la fecha.
Los impulsores de la investigación
- Roberto Ramos. Titular del juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria hasta 2015. Magistrado sin proyección pública y del que en medios judiciales se valora su capacidad de trabajo. Asumió en marzo de 2010 la investigación del mayor sumario de corrupción del País Vasco y solicitó un traslado a un juzgado de lo Penal también en la capital vasca tras dictar en marzo de 2015, cinco años después, el auto con el que se cerraba la causa y en el que se desmenuzaba la trama de cobro de comisiones articulada en torno al que fuera dirigente del PNV Alfredo de Miguel.
- Josu Izaguirre. Fiscal-jefe de Álava. Recibió en diciembre de 2009 la denuncia de Ainhoa Alberdi. En los cuatro meses que siguieron a esa primera comparecencia en los juzgados, Izaguirre contrastó algunos extremos de su testimonio hasta decidirse a interponer una denuncia formal contra De Miguel y otras siete personas en marzo de 2010. Desde entonces, ha impulsado la causa en perfecta sintonía con el juez Ramos, lo que le ha valido encontronazos con el PNV, que ha denunciado que existe cierto afán persecutorio contra la formación política.
- Ertzaintza. Agentes de la unidad especializada en delitos económicos de la Policía vasca han elaborado tres informes sobre la trama económica. El primero fue entregado en octubre de 2010 y analizaba las 24 grabaciones aportadas por Alberdi, así como los nombres de las personas y sociedades mercantiles que se citaban en su denuncia inicial. El segundo llegó al juzgado en julio de 2011 y constataba que la trama de De Miguel había percibido comisiones ilegales e incurrido en prácticas de blanqueo de capitales. El tercero es de diciembre de 2013 y se centra en la compleja operación urbanística de Zambrana.
- Ainhoa Alberdi. Abogada urbanista. Compró a Jon Iñaki Echaburu la asesoría Urbanorma Consulting y descubrió que la empresa, que había sido beneficiaria ‘a dedo’ del contrato para la ampliación del parque tecnológico de Miñano, habría pactado abonar una comisión de 100.000 euros a dos políticos, Alfredo de Miguel y Aitor Tellería. Aseguró que no sólo querían que pasara por caja sino que la habían extorsionado hasta el punto de reunirse con su padre. Ha ratificado su versión en al menos tres ocasiones.
- Javier Ruiz de Arbulo. Político del PP y abogado. En 2010 y 2011 ejerció como presidente de la comisión de investigación que analizó en las Juntas Generales de Álava una de las derivadas del ‘caso De Miguel’, la recalificación de Zambrana. “Se han cometido graves irregularidades con consecuencias políticas evidentes”, declaró al término de los trabajos.
- Juanjo Agirrezabala. Político de EA y posteriormente de la coalición EH Bildu. En 2010, 2011 y 2012 ejerció como presidente de la comisión de investigación que analizó en el Parlamento Vasco algunas de las derivadas del ‘caso De Miguel’ junto al ‘caso Tellería’ y al ‘caso Zubiaurre’. “No voy a permitir que nada ni nadie torpedee esta investigación”, declaró después de que los trabajos parlamentarios se iniciaran con el boicoteo deliberado de los imputados y las duras críticas del PNV.
El tribunal y las acusaciones
- Los tres magistrados que juzgarán la trama son Jaime Tapia, que presidirá el juicio, Elena Cabero, que será la ponente y redactora de la sentencia, y Raúl Aztiria. Son jueces de la sección penal de la Audiencia de Álava, que tendrá que ser reforzada durante 2018 para liberar a estos tres togados durante varios meses.
- Además de Izaguirre, que estará acompañado de tres fiscales de su equipo, ejerce como acusación en el juicio la Diputación de Bizkaia, gobernada por el PNV, en lo relativo a los presuntos delitos fiscales cometidos por las empresas de la trama domiciliadas en ese territorio. Por el contrario, el Gobierno vasco y la Diputación de Álava se mantendrán en un segundo plano, con participación testimonial durante el proceso.
Los imputados
- Alfredo de Miguel. Político del PNV e informático de profesión. Fue nombrado secretario del Araba Buru Batzar del partido en 2000, bajo la presidencia de Iñaki Gerenabarrena. Durante esa etapa, ejerció como directivo de dos Industrialdeak de la sociedad pública autonómica de Urbanismo y promoción de suelo, Sprilur. En 2007 fue nombrado responsable en Álava de Administración Territorial y Equilibrio Territorial (Urbanismo) con Xabier Agirre como diputado general de un tripartito conformado por los partidos PNV, EA y Aralar. También era vicepresidente segundo de la Caja Vital Kutxa de Álava, ahora integrada en Kutxabank junto a BBK, Kutxa y Cajasur. Fue detenido en marzo de 2010 y se vio forzado a dejar todos sus cargos. Pena de cárcel solicitada: 54 años, 11 meses y 15 días.
- Aitor Tellería. Político del PNV. Ha sido miembro de las Juntas Generales de Álava y concejal en Vitoria. Orgánicamente, era miembro del Araba Buru Batzar, con importantes funciones internas en materia de Organización. Cuando estalló el caso en 2010 era responsable de una sociedad pública, CEIA, el semillero de empresas del parque tecnológico de Miñano. Fue detenido en marzo de 2010. Pena de cárcel solicitada: 32 años y 2 meses.
- Koldo Ochandiano. Político del PNV y también miembro del Araba Buru Batzar. Ha sido gerente del Instituto Social de Bienestar Social de Álava y, siendo contable de profesión, ha ejercido esas funciones en Osakidetza y, en el momento en que estalla este caso, en el parque tecnológico de Miñano. Tuvo un papel decisivo en el diseño de la red de empresas con las que operó la trama de De Miguel. Suyo es el cuaderno B14, la principal prueba hallada en este caso para demostrar el pago de comisiones tras la adjudicación de contratos. Fue detenido en marzo de 2010 y se vio forzado a dejar todos sus cargos. Pena de cárcel solicitada: 32 años y 2 meses.
- Aintzane de Miguel. Hermana de Alfredo de Miguel. Su papel en la causa viene de que ejerció como contable de la mayoría de sociedades investigadas, en nombre de las cuales emitió facturas y envió correos electrónicos. Fue imputada en 2011. Pena de cárcel solicitada: 13 años.
- Ainhoa Bilbao. Esposa de Alfredo de Miguel. Actuó como testaferro en Kataia Consulting, la presunta empresa pantalla que hacía de epicentro de la trama de cobro de comisiones. Suya era también la casa cuya reforma pagó un constructor, Prudencio Hierro, a cambio de la adjudicación de un contrato. Trabajó en Nai Duenak, empresa de dos de los imputados, Gorka Errasti y Estíbaliz Arruti, de la que cobró unos 65.000 euros aparentemente sin trabajar. El dinero procedía de los promotores de la operación de Zambrana. Fue detenida en 2010. Pena de cárcel solicitada: 30 años y 6 meses.
- Araceli Bajo. Esposa de Aitor Tellería. Actuó como testaferro en Kataia Consulting. Fue detenida en 2010. Pena de cárcel solicitada: 21 años y 6 meses.
- Iratxe Gaztelu-Urrutia. Esposa de Koldo Ochandiano. Fue incorporada como candidata en las listas del PNV en las elecciones autonómicas de 2009. Actuó como testaferro en Kataia Consulting. Fue detenida en 2010. Pena de cárcel solicitada: 21 años y 6 meses.
- Alfonso Arriola. Gerente del parque tecnológico de Miñano en 2006, cuando se produjo la contratación de Urbanorma Consulting. Había sido responsable de la Fundación del Deportivo Alavés y también asesor en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Se le responsabiliza de participar en las irregularidades ocurridas en las dos contrataciones para la ampliación de Miñano. Fue detenido en 2010. Pena de cárcel solicitada: 21 años.
- Julián Sánchez Alegría. Responsable de la red de parques tecnológicos del País Vasco en 2006 y, por lo tanto, alto cargo del Gobierno vasco de Juan José Ibarretxe. Fue imputado en 2010 como firmante del contrato de ampliación de Miñano con Urbanorma Consulting. Aparentemente, conocía de boca de Alberdi que había una comisión de por medio y no sólo no lo impidió sino que pidió a De Miguel discreción en sus gestiones. Se le investiga también en el ‘caso Epsilon’ y será juzgado por ello. Fue imputado en 2010. Pena de cárcel solicitada: 17 años.
- Miren Lourdes Bilbao. Directora técnica de Miñano con Arriola. Su participación se ciñe a las presuntas irregularidades en la segunda adjudicación para la ampliación de Miñano, que benefició a Stoa de manera aparentemente deliberada. Fue imputada en 2010. Pena de cárcel solicitada: 11 años y 6 meses.
- Iñaki San Juan. Fue concejal de Cultura del PNV en Leioa entre 1999 y 2003, municipio en el que su padre fue alcalde entre 1979 y 1987. Se le investiga como administrador de las sociedades Errexal y Ortzi Muga, utilizadas presuntamente para desviar el pago de comisiones ilegales y obtener contratos irregulares, muchos de ellos del Gobierno vasco. Fue imputado en 2010. Pena de cárcel solicitada: 19 años y 2 meses.
- Josu Montes. Fue consejero a propuesta del PNV en el Teatro Arriaga y miembro del consejo de Urbanismo de Bilbao a propuesta de la Fundación Naturgintza, vinculada colateralmente al caso. Trabajador de Errexal, en una etapa ejerció como administrador de Ortzi Muga, utilizada presuntamente para desviar el pago de comisiones ilegales y obtener contratos irregulares, muchos de ellos del Gobierno vasco. Fue imputado en 2012. Pena de cárcel solicitada: 17 años y 6 meses.
- Xabier Sánchez Robles. Fue director de Juventud en el Gobierno vasco de Juan José Ibarretxe, nombrado por la consejera de Cultura, Miren Azkarate. Jugó un papel esencial en la trama, porque facilitó adjudicaciones ‘a dedo’ que no estaban debidamente justificadas a las empresas controladas por Alfredo de Miguel, del que era amigo personal, para procurarles financiación. Fue imputado en 2010. Pena de cárcel solicitada: 18 años y 4 meses.
- Gurutz Larrañaga. Aunque los contratos de Juventud que beneficiaron a la red de empresas de Alfredo de Miguel fueron decididos por Xabier Sánchez Robles, llevaron la firma de Gurutz Larrañaga. Era viceconsejero de Cultura con Miren Azkarate y se le considera responsable ‘in vigilando’ de las irregularidades en Juventud. Fue imputado en 2010. Pena de cárcel solicitada: 17 años.
- Jon Iñaki Echaburu. Fue un empresario constructor. Dirigió el grupo Construcciones Loizate y fundó Urbanorma Consulting para gestionar la ampliación de Miñano. Se convirtió en contratista habitual de la Administración con el PNV, especialmente en lo que a la construcción y reformas de colegios y comisarías de la Ertzaintza se refiere. Era afiliado del PNV y está señalado por haber abonado presuntamente comisiones ilegales a la trama controlada por Alfredo de Miguel a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. Fue detenido en 2010. Pena de cárcel solicitada: 11 años.
- Prudencio Hierro. Es un conocido empresario constructor, vinculado a varias constructoras, como la familiar Construcciones Hierro (relacionada con la nueva sede del PNV alavés que planificó Alfredo de Miguel) o Gestión de Recursos Baio. Creó mano a mano con De Miguel la sociedad mercantil Ezkibel, a la que el político benefició con importantes sumas de dinero. Se sospecha que abonó a De Miguel comisiones ilegales tras estas adjudicaciones, incluido el pago de 45.000 euros correspondiente a la reforma de una vivienda familiar del político en Gorliz (Bizkaia). Fue imputado en 2011. Pena de cárcel solicitada: 7 años.
- Sergio Fernández Oleaga. Es un arquitecto con despacho profesional en Vitoria, una empresa llamada Stoa, que compartía sede con otras firmas vinculadas a otro miembro del PNV, Jon Buesa. Es amigo de Alfredo de Miguel, al que le señaló como “padrino”. Ha participado en distintas operaciones investigadas en la trama, como la ampliación de Miñano o la recalificación de Zambrana. Constituyó también una sociedad con De Miguel, Marratik, que no llegó a tener actividad. Se sospecha que algunos de los pagos que Stoa hizo a las empresas de De Miguel puedan ser una comisión por los favores que le hizo su “padrino”. Fue imputado en 2010. Pena de cárcel solicitada: 12 años.
- Iosu Arruti. Cuando el Ayuntamiento de Zambrana se plantea la recalificación de terrenos en una zona aneja al río Ebro, la alcaldesa María Justina Angulo contactó con Alfredo de Miguel y el político situó a su amigo Iosu Arruti como intermediario para promover el proyecto a través de la asesoría Sidepur, residenciada en Bizkaia. Sidepur se encargó de cerrar un acuerdo con los inversores catalanes de Construcciones Riera, que abonaron una importante suma de dinero. Parte de esa cantidad, alrededor de 220.000 euros, fueron desviados a las mercantiles de De Miguel como supuesta comisión. Arruti emprendió también otros negocios de la mano de Riera y se le acusa también de un delito fiscal al no haber declarado a la Hacienda de Bizkaia todos los movimientos económicos vinculados con esos trabajos. Fue imputado en 2011. Pena de cárcel solicitada: 19 años y 10 meses.
- Jesús Arruti. Es el padre de Iosu Arruti, con firma y participación en alguna de las operaciones sospechosas vinculadas a Sidepur, Riera y Zambrana. Está acusado también de delito fiscal a la Hacienda de Bizkaia. Se descubrió que desde que se puso en marcha la operación de Zambrana (2005) hasta 2008 realizó 55 extracciones en ventanilla de las cuentas de Sidepur, a las que llegaba el dinero de Riera. A ello se suman 118 extracciones adicionales en cajeros. Sacó unos 600.000 euros cuyo destino se desconoce a excepción de 21.000 euros que acabaron en la cuenta corriente conjunta de Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Fue imputado en 2011. Pena de cárcel solicitada: 19 años y 6 meses.
- Estíbaliz Arruti. Es hermana de Iosu Arruti y fue la única trabajadora dada de alta en Sidepur en los años en que lideró la operación de Zambrana. También formaba parte de la mercantil Arle 2007, dirigida por su marido, Gorka Errasti, y que igualmente percibió ingresos sospechosos del grupo Riera. Fue imputada en 2014. Pena de cárcel solicitada: 6 años.
- Gorka Errasti. El marido de Estíbaliz Arruti participó en distintas mercantiles vinculadas a la operación de Zambrana como Arle 2007, Zerulur o Nai Duenak. En esta última tuvo en nómina a la esposa de Alfredo de Miguel, Ainhoa Bilbao. Nai Duenak sumó unos 150.000 euros en ingresos anómalos y parte de ese dinero, unos 65.000 euros, fue lo que percibió Bilbao como sueldo aunque “no correspondía con trabajo alguno”, en opinión de la Fiscalía. Fue imputado en 2014. Pena de cárcel solicitada: 6 años.
- María Justina Angulo. Fue alcaldesa de Zambrana por el PNV hasta 2007. Bajo su mandato, en 2005, se puso en marcha una recalificación urbanística para crear un polígono industrial de 120 hectáreas junto a la autopista y el río Ebro. Cuando se gestó el proyecto, Angulo reconoció que contactó con Alfredo de Miguel para que impulsara la operación y que éste impuso a Iosu Arruti y a Sidepur como intermediarios, quienes remataron la operación ya con Angulo fuera de la Alcaldía. Fue imputada en 2014. Pena de cárcel solicitada: 4 años y 6 meses.
- Francesc Fernández Joval. Máximo responsable del grupo catalán Construcciones Riera en el momento en el que se constituyó Riera Urbanizer, la filial creada específicamente por la trama de Alfredo de Miguel y Riera para Zambrana. Cuando abandonó el consejo de administración de la compañía, su sucesor, Nicolás Guerrero, impulsó un procedimiento judicial al entender que buena parte del dinero que salió de Riera hacia Sidepur (y después a las empresas de De Miguel) se abonó sin justificación ni soporte documental. En sede judicial, estimó el valor económico de la operación de Zambrana en 65 millones de euros. Fue imputado en 2014. Pena de cárcel solicitada: 7 años y 6 meses.
- Plácid Casas. Era miembro del consejo de administración de una empresa llamada Enginergy, filial de Construcciones Riera. Desde esa mercantil salieron hacia la trama de Alfredo de Miguel 283.000 euros en forma de supuesto préstamo, aunque en realidad no tenía garantías de devolución y los investigadores estiman que se trató de una comisión. Con ese dinero, De Miguel y otros imputados compraron unos terrenos rústicos en Frúniz (Bizkaia) con perspectivas de recalificación. Fue imputado en 2014. Pena de cárcel solicitada: 7 años y 6 meses.
- Joaquim Sabater. Era administrador de distintas mercantiles catalanas vinculadas a Riera de las que salieron pagos sospechosos dirigidos a la trama mercantil articulada por Iosu Arruti en torno a Sidepur. En su caso, participó en una venta de acciones ficticia que reportó 464.000 euros de plusvalía a Arruti procedentes de Riera. Fue imputado en 2014. Pena de cárcel solicitada: 7 años y 6 meses.
- Ramón Tomás. Era administrador de distintas mercantiles catalanas vinculadas a Riera de las que salieron pagos sospechosos dirigidos a la trama mercantil articulada por Iosu Arruti en torno a Sidepur. Fue imputado en 2014. Pena de cárcel solicitada: 7 años y 6 meses.
Durante el procedimiento, hubo también otras dos personas en calidad de imputadas. Finalmente, fueron exoneradas al término de la fase de instrucción, por lo que no serán juzgadas por ningún cargo vinculado con la corrupción. Se trata de Pablo Larrabide (responsable de Ipar Kutxa en Álava y que colaboró con la investigación en relación a los trabajos de asesoramiento de Zambrana) y de Asier Arzalluz (hijo de Xabier Arzalluz, histórico líder del PNV), que era responsable de Mendibile Jauregia en Leioa.
