Alonso y Maroto se enfrentan a la verdad del 'caso San Antonio'
El Tribunal de Cuentas celebra este lunes la audiencia previa del “caso San Antonio”, llamado así porque analiza el alquiler que hizo el Ayuntamiento de Vitoria en una calle con este nombre cuando era alcalde Alfonso Alonso. En el caso 'San Antonio' se investiga al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, por el “perjuicio” causado a las arcas públicas al firmar, en la etapa de ambos en el Gobierno municipal de Vitoria, un contrato a precio muy superior al de mercado.
En esta audiencia se estudiarán los asuntos procesales y qué pruebas propuestas por los demandados y demandantes se admiten para el juicio público que tendrá lugar en una fecha sin determinar todavía, aunque podría comenzar en un mes. La cita es al mediodía en las instalaciones del Tribunal de Cuentas de España en Madrid y a ella sólo tienen el deber de asistir los abogados de las partes -en el caso están personados el consistorio de Vitoria, el PNV y el PSE-EE- y la Fiscalía.
El pasado octubre el citado tribunal acordó celebrar juicio contra Alonso y otros ocho miembros de su equipo municipal de Vitoria en 2007, entre ellos el actual secretario sectorial del PP Javier Maroto, que era el concejal de Hacienda, al apreciar una posible “responsabilidad contable” en el alquiler gravoso de unos locales para albergar unas oficinas municipales.
El Tribunal de Cuentas ya impuso una fianza conjunta de medio millón de euros a Alonso, Maroto y al resto de concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria que en 2007 firmaron el contrato municipal de alquiler con el empresario Gonzalo Antón. Se les había fijado en concepto de la “responsabilidad contable” derivada de un contrato de alquiler de unos locales para albergar servicios municipales suscrito cuando Alonso era alcalde de Vitoria y Maroto, concejal de Hacienda.
El citado contrato obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros al empresario Gonzalo Antón. A cambio de esta suma, el Consistorio alquilaba por un periodo de veinte años un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros. El órgano fiscalizador estimó que se pudo causar un “perjuicio” económico a las arcas municipales por el precio del alquiler, que se pactó por una renta 2.332 euros superior a la recomendada por los técnicos municipales.
Comisión de investigación
El alquiler incluyó además una “cláusula penal” que señalaba que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de 20 años tenía que pagar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final, cuando los técnicos municipales fijaron esa obligación únicamente para 10 años.
El denominado 'caso San Antonio' se inició en el propio Ayuntamiento de Vitoria después de que en 2014 una comisión de investigación concluyera, con los votos en contra del PP -entonces al frente del Gobierno del municipio- que Alonso y Maroto tuvieron una “responsabilidad directa” en la firma de este contrato, que “fue claramente contrario al interés público”. De ahí el caso pasó al Tribunal de Cuentas y también derivó a la Fiscalía de Álava, que en marzo del pasado año acordó archivar las diligencias abiertas al estimar que no existía “ilícito penal alguno”.
