“Con los inspectores actuales, muchas empresas incumplen y no son denunciadas”

El colectivo de inspectores de trabajo en Euskadi alerta de un “desmantelamiento” del servicio, iniciado principalmente a raíz de la transferencia de la Comunidad Autónoma al Ejecutivo de Urkullu, que se hizo efectiva el 1 de enero de 2012 “con muchas prisas, poca reflexión y nula participación”, aseguran. Ante la denuncia, el departamento de Empleo del Gobierno vasco no tardó en mostrar su réplica a través de un comunicado en el que aseguraba que “el total de efectivos no solo no ha disminuido sino que aumentará” si el Ministerio de Trabajo atiende su solicitud de seis nuevos funcionarios. Sin embargo, la plantilla sigue recriminando que la situación en la actualidad “es la que es”: 13 Inspectores en activo en Bizkaia, seis en Gipuzkoa y cuatro en Álava, frente a los 45 profesionales que operaban antes de dicha transferencia. “Ciertamente las plantillas del País Vasco siempre han estado muy ajustadas en relación al nivel de denuncia, de conflictividad y de complejidad de las actuaciones en el territorio, y más aún si se comparan con otras Comunidades Autónomas. No podemos aceptar una derivación de responsabilidad hacia Madrid”, asegura el presidente de la asociación, Mario Duque.

Según el colectivo, el “deterioro” de la institución ha llevado a una organización “raquítica y desestructurada”. “Lo que antes hacían tres ahora lo hace uno”, dice su presidente, quien reconoce que los plazos de inicio y resolución de expedientes son “bastante largos” en comparación con la situación anterior, “pero con las plantillas actuales pueden llegar incluso a duplicarse”. “Con los efectivos disponibles, prácticamente lo único que podemos hacer es atender las denuncias que se plantean, lo cual condiciona en exceso la actividad de la Inspección al reducir drásticamente la posibilidad de llevar a cabo campañas de inspección, pues muchas empresas incumplen la normativa y no son denunciadas”, señala.

El desempeño público de la labor del colectivo afecta directamente a la ciudadanía. Su trabajo pasa por la realización de informes de accidentes en obras, denuncias de acoso laboral o fraudes en el trabajo. “Ahora mismo se tarda más tiempo en iniciar las actuaciones y también se tarda más tiempo en finalizarlas”, reconocen puesto que tanto la crisis económica como las reformas laborales han generado “una gran conflictividad y una gran inseguridad jurídica” alrededor de las materias laborales, esto es, las que afectan a las relaciones individuales y colectivas de trabajo. “Lo que está dando lugar a una mayor intervención de la Inspección por denuncias, informes preceptivos en expedientes de regulación de empleo, informes requeridos por los Juzgados, etcétera”, indica Duque sobre una situación a la que si se une “la ausencia de organización y la merma de las plantillas el resultado es evidente: a los ciudadanos se les atiende más tarde y se les tarda más en contestar”.

Los socialistas piden más inspectores ‘para luchar contra los abusos’

El PSE-EE se ha unido recientemente a la crítica del colectivo de inspectores hacia el Gobierno, a quien acusa de hacer “dejación de su obligación” de vigilar las condiciones laborales. El grupo parlamentario también reclamó al Gobierno vasco que promoviese “a la mayor brevedad posible la cobertura de vacantes de inspectores de trabajo para luchar contra el empleo sumergido, las jornadas laborales abusivas y los falsos autónomos”.

Sobre la réplica del Ejecutivo vasco a la plantilla de Inspección, desde la asociación indican que “realmente el Consejero no ha desmentido nada, simplemente se agarra a que no han reducido el número de plazas, pero reconoce que hay plazas sin cubrir y que son muy necesarias”. En este sentido, “desde que se hizo efectiva la transferencia había plazas vacantes, y pese a haberse convocado en junio de 2013 un concurso de traslados a nivel nacional (Orden ESS/1154/2013, de 13 de junio, publicada en el BOE del 24), el Gobierno Vasco no participó, supuestamente porque no estaba aprobada la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), pero la Generalitat de Cataluña, estando en la misma situación, curiosamente sí lo hizo”, explica Duque, quien valora de manera “muy positiva” el posible aumento de plazas anunciado por Empleo, “pero lo que se necesita es que se haga, de momento parece que lo están tramitando, veremos…”, dice el presidente del colectivo.

Álava sin inspectores “por momentos” y Gipuzkoa con un número “claramente insuficiente”

En su réplica al GV los inspectores añaden que “hasta la fecha” la única Inspección Territorial que funciona “de manera más o menos autosuficiente” es la de Bizkaia. “Tanto Álava como Gipuzkoa funcionan con el apoyo de la Inspección Estatal. Además, en Álava ha llegado a haber momentos en los que no había ningún Inspector en activo de la Comunidad Autónoma”, recriminan.

En Gipuzkoa la situación pinta peor para la plantilla. “Se van a separar físicamente ambas Inspecciones y el número de efectivos de los que dispone la Inspección Autonómica es claramente insuficiente para asumir las competencias en materia laboral y de prevención de riesgos. Pero es que a todo ello se une el hecho de que alguien en el Gobierno Vasco ha decidido que los Inspectores no necesitamos despachos para realizar nuestra labor”, dice Duque. “Nos ha sorprendido la respuesta del Consejero de Empleo sobre la situación de los despachos en Gipuzkoa, ya que es la primera vez que el Departamento asume la responsabilidad de la decisión, y es la primera vez que se esgrimen causas técnicas para ello (problemas de climatización)”, señala sobre un punto con el que están “totalmente disconformes”. “En primer lugar, porque todo problema técnico tiene necesariamente una o múltiples soluciones técnicas. Y en segundo lugar porque ese supuesto problema de climatización no debe anteponerse a la confidencialidad e intimidad que debe garantizarse al ciudadano en sus comparecencias ante la Inspección”, recrimina en nombre de la asociación.