“Se va a prohibir contratar con la Administración a las empresas sancionadas por infracciones de competencia”

En su antiguo despacho de madera de la imponente Universidad de Deusto, junto a la ría, María Pilar Canedo Arrillaga (Bilbao, 1968) está empaquetando algunos de sus montones de libros y documentos en cajas de cartón. Canedo, catedrática experta en derecho internacional y económico, acaba de abandonar tras cinco años la presidencia de la Autoridad Vasca de la Competencia para pasar a ser vocal de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Con Canedo, este organismo regulador autonómico ha adquirido notoriedad y ha destapado casos como el cártel de los comedores de la escuela pública (18 millones en multas) o el amaño del contrato para el gran proyecto del alcalde Eneko Arruebarrena (PNV) en Leioa, el polideportivo de Pinosolo. Las denuncias anónimas y las investigaciones abiertas se han multiplicado, subraya Canedo en la conversación con eldiarionorte.es. Entre las cajas que ha empaquetado ha dirigido una a quienes continúan al frente de Competencia en Euskadi. En ella se incluyen casos de gran calado rayanos a la corrupción y que podrían ir saliendo a la luz en los próximos meses.

Deja la presidencia de la Autoridad Vasca de la Competencia. ¿Alguien ha respirado aliviado en el Gobierno vasco?

¿Alivio? [Risas] No lo sé. Tengo que decir que siempre me han tratado muy bien tanto en el Gobierno vasco como en otras Administraciones con las que he trabajado. El trato personal ha sido impecable. No tengo consciencia…

Usted ha encabezado duras investigaciones y han llegado contundentes sanciones económicas. ¿Ha contado con todos los medios materiales y humanos deseables?

La autoridad ha sido, en España, de las más activas y de las que más resultados ha obtenido. Pero la verdad es que haría falta, como mínimo, el doble de gente. En el último tiempo, de hecho, ya hemos empezado a experimentar una ralentización de la resolución de los asuntos debido a la falta de personal. Está bien dotada, por ejemplo es la única de España que tiene a todos los consejeros con dedicación exclusiva, pero creo que tiene insuficiencia de medios técnicos para poder analizar un tanto por ciento relevante de las posibles disfunciones que existen en la sociedad.

Es decir, ¿ha habido un tanto por ciento relevante de casos que no se han podido investigar por falta de medios?

Detectar ilícitos es extraordinariamente complejo. Lógicamente, cuantos más medios tienes, a más sitios se puede llegar. ¿Qué hay un tanto por ciento muy relevante de casos que no se han detectado? La respuesta es claramente sí. Es lo mismo que sucede en todas las sociedades, lamentablemente. Los ilícitos de competencia, como los delitos, son secretos por naturaleza y muchos no se llegan a detectar porque es muy complicado. Hablamos de ilícitos económicos y los más complejos se llevan a cabo lamentablemente por gabinetes jurídicos que dedican mucha energía a que esas conductas sean ocultas porque se obtiene un rendimiento económico extraordinario.

¿De qué sectores hablamos?

Desgraciadamente, de muchísimos. No creo que haya ningún sector de la economía que sea ajeno a los ilícitos de competencia. El sector servicios es muy relevante pero también la industria. Es algo universal.

¿Ha sufrido algún tipo de presión externa?

La verdad es que no he sentido presión.

[En la localidad vizcaína de Leioa se proyectó un gran complejo deportivo en la zona de Pinosolo. Competencia demostró que la adjudicación, de unos 50 millones de euros, estaba teledirigida para beneficiar a unas determinadas empresas. En la Justicia ordinaria, sin embargo, el asunto no prosperó porque había prescrito]

Ustedes fueron la única instancia que tomó medidas contra un concurso millonario amañado. ¿Competencia se ha convertido en un último recurso para combatir casos de corrupción?

Por matizar, creo que hay que hacer una distinción entre corrupción y competencia. Lo que sucede es que cuando hablamos de corrupción vinculada a contratación pública, prácticamente siempre hay ilícitos de competencia además. Pero, en fin, creo que esa separación la tiene que tener clara la gente. Muchas veces los ilícitos de competencia se llevan a cabo sin que exista una voluntad dolosa. Y, aunque la hubiera, en todo caso, nosotros nos ocupamos exclusivamente de la responsabilidad administrativa. Dicho esto, creo que hemos tenido la conciencia clara de que para la sociedad es muy ventajoso que los contratos públicos se realicen con transparencia y con igualdad de oportunidades entre los operadores. Si existen esas circunstancias, los ciudadanos obtienen dos cosas. La menos importante, menores precios. Y cuando la Administración paga precios más bajos el dinero público se puede dedicar a más objetivos. Y, la más importante y menos visible, mejores servicios. Es verdad que son más baratos [los contratos], pero es que además son mejores. Los ciudadanos nos merecemos los mejores servicios posibles lo más barato posible. Competencia ha ejercido modestamente la responsabilidad que tenía de sacar a la luz, frenar y sancionar los ilícitos de los que hemos encontrado pruebas. Para mí, una de las grandes satisfacciones ha sido que el ‘caso Pinosolo’ haya sido confirmado por los tribunales [que ratificaron la resolución sancionadora de Competencia]. Hay conductas que se venían llevando a cabo toda la vida y que ya no se pueden llevar a cabo porque son negativas para la sociedad, generan un sobrebeneficio para los empresarios que pagamos los ciudadanos. Y eso no puede ser.

Ha hablado de prácticas “de toda la vida”. ¿Considera que amañar contratos ha sido lo habitual?

La normativa de contratación ha evolucionado de manera muy rápida en los últimos tiempos. Gracias a los cambios que se han operado en el ordenamiento jurídico español por las directivas de la UE, prácticas que se consideraban legales en un momento determinado ya no lo son. Históricamente la Administración ha actuado de una forma que hay que cambiar. Tiene que garantizar el interés general. Pero, en fin, por no generar alarma social, habría que decir que en un tanto por ciento importante de supuestos las Administraciones actúan de manera muy correcta y en otro tanto por ciento actúan de manera incorrecta pero sin que haya nadie que se lleve dinero, por desconocimiento de los cambios legislativos. No creo que sea positivo hacer una lectura maniquea y decir que todo es un desastre. Hay cosas que no funcionan bien y tenemos que conseguir entre todos que los cambios a mejor sean lo más rápido posible.

[En 2016, en la mayor sanción de su historia, Competencia multó a siete empresas por repartirse durante décadas el servicio de comedores de los colegios públicos vascos]

Su nombre quedará asociado a la millonaria sanción por el cártel de los comedores. ¿Qué había detrás?

Se consideró acreditado (y hay cuatro sentencias de las siete que se esperan que lo han confirmado) que las empresas habían llegado a un acuerdo que les generaba más beneficio a ellas y una desventaja económica para el interés general, para la Administración. En las sentencias se dice que la Administración debería haber reaccionado más rápido, que hubo pasividad. Se ha recibido un peor servicio y a un peor precio. Eso es lo que debemos evitar entre todos. Si siempre se llevaban el contrato las mismas empresas, eso nos debería hacer pensar. Y hay que mirar si es razonable que sólo se presente una empresa a un contrato. No siempre habrá un ilícito en estos casos, pero es algo que hay que analizar.

¿Es posible que haya un acuerdo de tal magnitud durante décadas sin conocimiento de la Administración?

Sí, es tan posible que la OCDE y la UE han sacado directrices contra esa práctica que tiene un término técnico en inglés, ‘bid rigging’. Es algo generalizado. Lo que hacen estas empresas para dar una apariencia de competencia y engañar a la Administración es pactar quién se lleva el contrato y cómo serán las otras ofertas. Es dificilísimo determinar que existe ese amaño porque la Administración recibe una documentación en la que hay una apariencia de competencia. Tenemos que luchar entre todos contra eso.

Pero en el caso concreto de los comedores, ¿dos décadas de irregularidades han sido posibles sin el conocimiento de la Administración?

Simplemente voy a decir ante esa cuestión que es algo que debe analizarse.

Usted se va a la CNMC, que hace unos años probó la existencia de un cártel de la basura por el cual las grandes compañías contratistas se habían repartido la limpieza de las ciudades de toda España durante años.

Para mí lo más importante a este respecto es que la normativa de contratación pública y la normativa de competencia, desde hace poco tiempo, prevén una sanción que todavía está muy poco analizada en el ordenamiento jurídico español pero que está en fase de desarrollo. Se trata de la prohibición de contratar con las Administraciones públicas por parte de aquellas empresas que han sido sancionadas por una infracción de competencia. Es algo que no existía y que se introduce en la última reforma. Implica que, como en el caso de las basuras, cuando una empresa ha sido objeto de una sanción que sea firme (lo cual lleva algún tiempo), la Administración tiene imposibilidad de contratar con ella. Esta medida, que es muy reciente y no se ha llegado a poner en marcha, creo que va a ser más relevante desde la perspectiva de la disuasión para las empresas que las sanciones. Las multas [100 millones por el cártel de las basuras a FCC, ACS o Cespa] parecen altísimas, pero las empresas obtienen un beneficio extraordinario de la comisión de las infracciones. La existencia de multas muchas veces no es suficiente para disuadir a las empresas. Por eso se establece esta medida nueva de prohibición de contratar con la Administración, que es lo que pondría fin a esta práctica. Es algo muy importante para poner en marcha.

¿Podría ser posible, en el caso de la limpieza, prestar el servicio cuando casi todas las empresas potentes del sector estaban implicadas en el reparto del mercado?

Eso es justo que lo dicen los ‘lobbies’ empresariales. Muchísimos abogados de empresa dicen que hay que tener cuidado porque va a haber mercados en los que no se pueda prestar el servicio. Mi perspectiva es que es un argumento que sólo busca proteger a las empresas infractoras. Prácticamente no habría ningún sector en el que se dejase de prestar el servicio. Entrarían otras empresas a prestar el servicio de manera limpia, aunque vengan de fuera. De lo que se trata es que las empresas tengan el incentivo para no cometer la infracción. Y hay otro elemento: si a pesar de que llevas muchos años cometiendo irregularidades te pones en contacto con la Administración y te acoges a lo que se llama 'programa de clemencia' y pones en nuestro conocimiento lo sucedido, no te afectará la prohibición de contratar. Para las empresas sería tan fácil como actuar de manera legal.

Uber, Cabify. ¿Progreso o amenaza?

Evidentemente es progreso. ¿Es una amenaza para quién? Los ciudadanos reciben mejor servicio y más barato. Prácticamente en todos los casos. Y no hay una limitación de acceso al mercado. No se justifican licencias cerradas para el transporte de personas en coche. En mi opinión, con las limitaciones que debe tener cualquier operador (que pague impuestos y las exigencias de seguridad mínimas), creo que se genera una competencia muy sana para nuestra sociedad. Lógicamente, eso genera una situación de desconfianza en un operador que ha venido prestando el servicio en régimen de monopolio y, como cualquier monopolista, intenta proteger su posición de ventaja. Siempre ha sido así históricamente.

¿Y los pisos turísticos?

Exactamente la misma respuesta. Hay que tener en cuenta posibles alternativas a los establecimientos tradicionales. Poner limitaciones a la entrada en el mercado es negativo para la sociedad.

¿Por qué la prensa, la música o el cine tienen que aceptar de buen grado la competencia gratuita de plataformas de Internet, muchas veces ilegal, y otros sectores tradicionales como el taxi y los hoteles se movilizan?

En nuestra sociedad hay un peso poco transparente de ‘lobbies’ empresariales. Creo que cada uno protege sus intereses y hay sectores que por el sobrebeneficio que han tenido históricamente tienen medios para ejercer ese ‘lobby’. Como sociedad, no debemos asumir que las ventajas para un sector lo sean para el conjunto de la sociedad.

Un partido político, el PP, ha presentado en el Parlamento Vasco una propuesta para evitar el control político del órgano regulador tras su salida y evitar que, como en el Tribunal de Cuentas, la presidencia recaiga en el dirigente de un partido. ¿Cree que los poderes públicos tienen la tentación de buscar árbitros comprados?

He estado presidiendo un órgano autonómico y ahora soy vocal en el órgano estatal con el régimen legal existente, así que yo creo que es más una cuestión de personas. Creo que he actuado de manera independiente según mi leal saber y entender y como he entendido más positivo para la sociedad. Dicho esto, cuantas más medidas se adopten por parte de la Administración y por parte del legislador para garantizar la independencia en los reguladores, mayores ventajas para la sociedad. Esta semana se ha publicado en el Parlamento europeo un documento sobre la preocupación por la independencia de las autoridades de Competencia y qué medidas se pueden adoptar para incrementarla. Es imprescindible que cualquier regulador actúe con criterios estrictamente técnicos y para eso hay muchas cautelas que adoptar. Todas las que se adopten me parecerán adecuadas.