La crisis provoca un aumento de los divorcios conflictivos
La crisis económica no ha conseguido contener las separaciones y divorcios, que aumentaron un 1,6% a lo largo de 2013. Y lo que es más grave, siguen creciendo los divorcios conflictivos: de las 4.723 separaciones registradas el año pasado, en el 37,2% de los casos (1.756) no fue posible el consenso. El tramo mayoritario de edad de las parejas que se divorcian es el comprendido entre 35 y 45 años, con un promedio de uno o dos hijos. Estas son las cifras que maneja la Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados-Kidetza, que advierte sobre la urgencia de aprobar en el Parlamento vasco una Ley de Custodia Compartida. Se trata de la situación legal mediante la cual, en caso de separación matrimonial o divorcio, ambos progenitores ejercen la custodia legal de sus hijos menores de edad, en igualdad de condiciones y de derechos sobre los mismos. Un objetivo largamente perseguido en el tiempo por Kidetza, pero que el Parlamento vasco lleva dilatando años.
Aunque en un primer momento la crisis frenó la separación de muchas parejas que prefirieron optar por seguir viviendo bajo el mismo techo ante la imposibilidad de buscar dos alquileres, al final los divorcios siguen creciendo. “Vivir juntos estando divorciados tiene fecha de caducidad. Es una bomba de relojería que al final termina por estallar”, alerta Julia Rodríguez, psicóloga de Kidetza y encargada de atender a los menores.
La dificultad de acceder a una vivienda tras la separación ha aumentado de forma importante los contenciosos con el objetivo de quedarse una de las partes con el uso del hogar conyugal. La complicada coyuntura económica también ha invertido los papeles y provoca separaciones de parejas en la que el hombre pierde el trabajo y la mujer logra mantenerlo.
Fondo de garantía
El drama al que Rodríguez tiene que hacer frente de forma más habitual es el de los menores. “Los niños son la parte más débil del proceso. Algunos pueden acabar en psiquiatría infantil, otros se convierten de mayores en unos tiranos. A veces son utilizados y manipulados en los procesos de divorcio”.
La puesta en marcha de un fondo de garantía social para impagos de pensiones, el impulso de los alquileres sociales, y el apoyo a los programas preventivos de las agrupaciones con experiencia y trayectoria acreditada en la materia son otras de las medidas planteadas por Kidetza, organización presidida por Justo Sáenz. En el caso del Fondo de Garantía Social para los casos de impago de las pensiones alimenticias, la iniciativa ya recibió en 2008 el visto bueno unánime del Parlamento vasco. Los casos de impagos se han duplicado en los últimos años debido a la crudeza de la crisis.
