Los jueces ponen contra las cuerdas y cierran varios clubes cannábicos
A la espera de cómo regula la futura ley de Adicciones del País Vasco los clubes de cannabis, estas asociaciones han visto como en los últimos meses se intensifica la tradicional inseguridad jurídica en la que viven. Se han producido varios registros e intervenciones en asociaciones cannábicas, que han derivado en la imputación de las juntas directivas de las asociaciones por delitos contra la salud pública, y en el cierre de las mismas. Desde agosto, en Vitoria ya se han clausurado tres de estas asociaciones. La última la agrupación Acalma. En el País Vasco, donde hay 77 clubes legalmente inscritos que agrupan a unos 10.000 socios, el Parlamento ha puesto en marcha una iniciativa para aprobar una ley que regule la actividad de los clubes, pero parece que la iniciativa no va a resultar suficiente.
El partido político Equo Euskadi, que defiende en su programa la legalización de la marihuana, denuncia que la Fiscalía del País Vasco ha desatado una campaña en contra de las asociaciones cannábicas. El punto de partida de estas actuaciones contra los clubes ha sido la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que este verano ha condenado a los responsables de la asociación de estudios y usuarios de cáñamo Ebers de Bilbao. La Audiencia de Bizkaia les había absuelto en primera instancia, pero fueron finalmente condenados tras el recurso de la Fiscalía ante el Tribunal Supremo. El alto tribunal fijó varios requisitos: que los consumidores sean “adictos”, es decir, que no se abra la puerta a nuevas personas por los efectos nocivos para la salud de esta sustancia; que sean locales cerrados y ocultos al público y con un listado cerrado de usuarios; que la cantidad que se mueva sea la mínima para el autoconsumo y que no se almacene droga; y que los responsables del club controlen estos requisitos.
“La Fiscalía”, apunta Josean García, representante de Equo exmiembro del club cannábico Acalma, “ha elegido el camino de perpetuar las políticas prohibicionistas, que son absolutamente ineficaces. Con esas medidas no se puede acabar con el consumo. Este tipo de políticas solo favorecen a las mafias y el mercado negro”.
Según datos del X Informe del Observatorio Vasco de Drogodependencias del Gobierno de Vitoria, un 7% de la población vasca de entre 15 y 64 años ha consumido cannabis en el último mes y un 2% lo hace a diario. Muchas de esas personas optan por “las asociaciones para consumir un producto seguro y de calidad, autogestionado y dentro del marco de la legalidad, de un modo normalizado y responsable”, señala Equo. Tampoco se puede olvidar a “aquellas personas que encuentran en estas asociaciones ayuda para el tratamiento de patologías como cáncer, dolor crónico, fibromialgia, etc… Con el cierre de dichas asociaciones, se ven abocadas de nuevo al mercado negro”, reprocha la formación ecologista.
El partido recuerda que en la Ley de Adicciones, que será aprobada en breve, el Gobierno vasco se comprometió a regular el funcionamiento de estas asociaciones, tal como ellas mismas solicitaron en 2010. “Este hecho, junto con la actual corriente legalizadora de los últimos años (Portugal, Uruguay, California o Colorado, entre otros), hacen que la actitud de la Fiscalía sea aún más incomprensible”, según Equo. Por eso, recomienda a la Fiscalía que repase el informe de la Comisión Global de Política de Drogas, que en su informe correspondiente a 2014 apunta que “se deben permitir e incentivar distintos experimentos de regulación legal del mercado de drogas actualmente ilícitas, empezando entre otras por la marihuana”.
